Antes de todos los pronósticos, antes de que se celebren las elecciones gallegas, Pedro Sánchez ya se ha mostrado dispuesto a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar el tiempo de las investigaciones judiciales y, así, beneficiar a Junts. Es tal su apuro por asegurarse el apoyo de Puigdemont que más que apresurarse a aprobar la ley de amnistía, le apremia enviar guiños constantes a Waterloo.

La ley actual prevé que los jueces puedan pedir prórroga si consideran necesario seguir investigando y les vence el plazo cada seis meses. Que lo notifiquen y fundamenten su decisión. Y en esta facultad se han amparado instructores como García-Castellón o Joaquín Aguirre para seguir con sus diligencias que tanto han contrariado al mundo secesionista. Para avanzar en su investigación sobre si los actos violentos de Tsunami Democrátic fueron de terrorismo y si los contactos de los colaboradores del prófugo con interlocutores rusos pueden ser considerados delitos de traición, los jueces necesitan más tiempo. Y por querer dilatar los tiempos, se han encontrado en la diana de las críticas de todos los aliados del gobierno de la Moncloa.

Pedro Sánchez se está ‘reseteando’ con la toga puesta. No se la ha quitado desde la semana pasada, pretendiendo sustituir a los jueces desde el momento estelar en el que sentenció que «el independentismo catalán no es terrorismo». Serán los jueces quienes tienen la legitimación para decirlo. Pero este presidente les quiere ir marcando el rumbo hacia el blanqueamiento del ‘procés’. De momento, no cambiará el Código Penal para redefinir el terrorismo, por temor a que no pase el filtro de la Unión Europea, que es a lo que aspiraba Puigdemont. De momento. Pero sí está dispuesto a acotar el margen de prórroga a los jueces para sus instrucciones. A ver si así… Puigdemont no le planta. El gobierno del PSOE y Podemos amplió el plazo de prórroga que había achicado el PP en la legislatura anterior. Y lo amplió para evitar, dijeron, «la impunidad» ocasionada por los plazos reducidos. Pero ahora Pedro Sánchez se arrepiente. Y pretende volver a dar un giro y, así, atar en corto a los jueces que van por libre. Si reforma el artículo 324 de la Lecrim, los jueces no podrían prolongar su investigación más allá de doce meses. A no ser que la Fiscalía pidiera más margen. Pero ya estamos viendo cómo está de desordenada la Fiscalía (¿de quién depende?) en los últimos meses. Con continuos cambios de criterio sobre si se debe juzgar o no a Puigdemont en el Tribunal Supremo (es aforado). O si los actos incendiarios de Cataluña deben ser considerados, o no, delitos de terrorismo.

Cuando un juez tiene que prorrogar una causa, ¿tiene que pensar si le viene bien o no al Gobierno? ¿Qué jueces necesita este país? ¿Jueces que actúen al dictado del gobierno de turno? Hoy, martes, habrá debate intenso entre los fiscales del Tribunal Supremo, que ya han visto cortar las barbas de sus vecinos en la Audiencia Nacional. Ellos deberán ser, y no Pedro el supremo, quienes decidan el futuro judicial del prófugo.