El PP no acaba de creerse que el ataque de dignidad del PNV y las melifluas advertencias de su portavoz en el Congreso supongan una inflexión en el calendario sanchista y menos en la esclerosis gubernativa del Gobierno. Yo tampoco. Lo cierto y verdad, no obstante, es que el Ministerio del Interior ya prepara el despliegue de seguridad y la logística que se precisan para la celebración de unas elecciones generales. Las indicaciones en este sentido apuntan a que todo debe estar listo para marzo de 2027. En este tipo de indicios, como en los recurrentes contratos que se tramitan para dotar a la Administración de urnas, los más hartos quieren ver señales de que Sánchez, por una vez, actuará como un político al uso, antepondrá la responsabilidad a sus fines personales y, por fin, admitirá que la XV Legislatura de nuestra democracia nació muerta, muerta está y muerta seguirá.

Pero Sánchez no es un político al uso.

Si tuviéramos elecciones generales en marzo del año que viene, el presidente del Gobierno emularía, en esto también, a su prototipo José Luis Rodríguez Zapatero, quien, allá por 2011, acortó igualmente unos meses su segundo mandato porque la cosa, por mucho optimismo antropológico que se gastara, no daba para más.

Sobre el instinto de supervivencia del jefe del Ejecutivo podrán formularse muchas objeciones, incluso reproches, pero no decirse que carece de la particularidad de la contumacia. Lo peor es que el presidente, el único al fin y al cabo constitucionalmente soberano para llamar a los españoles a votar, tiene sus cálculos y estrategia propios, hasta el punto de que lo que viene aconteciendo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el pasado 7 de abril le debe de parecer una serie más de Netflix.

El ‘No a la guerra’ no resta

Del partido, su secretario general valora que, más allá de los pellizcos de monja del impostado Page, no se detecta conflicto interno de importancia, entre otras cosas porque se garantizó estatutariamente el control del aparato para convertir el PSOE en una empresa de estómagos agradecidos dispuestos en cuadros verticales en los que resulta muy fácil detectar la mínima discrepancia, penada con la instantánea retirada de la manduca.

El ‘No a la guerra’ tampoco es que rinda un rédito decisivo, pero no resta, como también algo suma su rol forzado de némesis global de Donald Trump, con quien tantas cosas comparte. Esto está demoscópicamente tasado por Diego Rubio, el jefe de Gabinete de Moncloa, que ha logrado desplazar el influjo de tantos otros que una vez se creyeron imprescindibles en el trazo diario de la arquitectura del régimen inaugurado el 1 de junio de 2018.

El 31% de los españoles

El objetivo es ampliar pan y circo. De los 49,5 millones de españoles, incluidos los nacidos hoy mismo, 15,4 millones son perceptores de dinero del Estado: 3,6 millones de funcionarios, 9,4 millones de jubilados (1.500 euros de pensión media), 2,4 millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (733,6 euros mensuales). Es decir, que el 31% de los españoles, de todos los españoles, vive al amparo del Estado. ¿No es esto la política del chequevoto, la desoladora constatación de que un tercio de España prefigura un proceso impropio de un sistema de representación homologable a nuestro entorno? Si no, ¿cómo explicar que el respaldo al PSOE no baje del 25%?

El que paga, manda, y Sánchez es un buen pagador. De un tiempo a esta parte, demasiado, se gasta mucho dinero en este país para que la gente no trabaje. Eso sí es cultura política, deleznable, sí, pero cultura política, la de un presidente del Gobierno con un plan en la cabeza y la decisión de llevarlo a término: ganar las próximas elecciones generales.