No lo sabíamos. El ser humano lleva siglos habitando sobre la superficie de la tierra y hasta que no apareció ella en nuestras vidas, hasta que ella no empezó a protagonizar algunos de sus despampanantes descorches desde la tribuna del Congreso de los Diputados, no sabíamos que la mitad, más o menos, del género humano suele sufrir todos los meses, más o menos, eso que en términos médicos se llama menstruación, período o regla («evacuación periódica de sangre procedente del útero, en la mujer y algunos mamíferos hembras», según define el término, en su acepción sexta, doña María Moliner en su glorioso diccionario), y que muchas de esas reglas pueden ser entre molestas y dolorosas, incluso muy dolorosas. Durante generaciones, las mujeres españolas, nuestras madres sin ir más lejos, se las apañaron como buenamente pudieron para soportar esa adversidad sin aspavientos, y ninguna dejó nunca de atender, en aquel país pobre de solemnidad que nos interpela a una distancia de apenas 50 años, a su familia; ninguna, en aquella España rural depauperada donde no había agua corriente, ni cuarto de baño, ni compresas, ni Cristo que lo fundó, ninguna, digo, dejó nunca de hacer camas, barrer suelos, preparar comidas para una prole numerosa, remendar calcetines, ir al río a lavar pañales a veces rompiendo el hielo de enero con el banco de madera… A pesar de la regla, ninguna dejó nunca de dar amor a los suyos.
Para Doña Irene la menstruación, período o regla es una enfermedad, y las mujeres una especie de taradas a las que ella va a rescatar de su esclavitud biológica
Por fortuna esta es una España desarrollada, desde luego muy rica comparada con aquella donde las familias numerosas, casi todas, veían estoicamente morir a un buen número de hijos por falta de la adecuada atención sanitaria. Ahora Irene Montero, convertida en ministra de Igualdad por uno de esos misterios que solo podría explicar la degradación sufrida por la clase política española, ha decidido acabar con los dolores de la regla menstrual o, al menos, con sus consecuencias para las mujeres trabajadoras. La Ley del Aborto que prepara su ministerio (más de 5.000 millones de gasto, cerca de 850.000 millones de las antiguas pesetas, dinero de sobra para comprar los «siete grandes» bancos en los ochenta), prevé, entre otras muchas cosas, bajas laborales de tres días, ampliables a cinco, para aquellas mujeres que tengan reglas que les impidan trabajar. Doña Irene ha anunciado la buena nueva con gran aparato mediático («Vamos a reconocer por Ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial» (…) «Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla»). Porque para ella la menstruación, período o regla es una enfermedad, y las mujeres una especie de taradas a las que ella va a rescatar de su esclavitud biológica.
Pero, ¿cómo se las arreglaban las mujeres españoles para luchar contra las molestias de la regla antes de que esta artera prestidigitadora apareciera en sus vidas? Pues yendo al médico a pedir la baja laboral cada vez que tenían ese problema. Pero, ¿entonces…? Pues sí, pues resulta que la gran novedad que la Irene y su ministerio inútil se han sacado de la manga hace tiempo que está vigente en la legislación española. Basta acudir al ‘Manual de Tiempos de Incapacidad Óptimos’ que facilita la seguridad social para comprobar que el invento está inventado («Dolor y otras afecciones asociadas a órganos genitales femeninos y al ciclo menstrual») y con posibles bajas de hasta 14 días. De modo que ese derecho ya existe. Pero, ¿a qué viene entonces tanto alboroto? ¿Por qué perder el tiempo con fuegos de artificio en un país con tantos y tan graves problemas como el nuestro? Porque soportamos un Gobierno fracturado, un Gobierno partido en dos bloques irreconciliables, empeñados cada uno de ellos en una campaña de propaganda a calzón quitado, dispuestos ambos, con el dinero del contribuyente, a comprar votos pensando ya en las próximas generales porque en las encuestas pintan bastos.
Filtrado el proyecto de ley al diario gubernamental, el escándalo ha sido considerable, porque ni las propias mujeres están de acuerdo con la medida («¿Soy la única que piensa que las bajas por reglas dolorosas en lugar de beneficiar, perjudican a las mujeres trabajadoras?»). Incluso la UGT, que ya es decir, ha planteado objeciones. Pero ha sido en el seno del propio Ejecutivo donde las tensiones han alcanzado su máximo grado. Y no porque los socialistas blandan contra los comunistas argumentos de razón en un debate viciado en origen, no, sino porque de lo que se trata es de apuntarse el tanto electoralmente hablando con el mínimo desgaste posible. Ambas partes blandiendo la figura de la mujer -como la de los homosexuales, los transexuales, los inmigrantes, lo que sea- como juguete de sus intenciones perversas. Lo sorprendente, sin embargo, lo alucinante incluso en un país con los niveles de paro del nuestro, es que nadie haya pensado en las empresas, particularmente en las pymes, que son las que van a sufrir los efectos de esta nueva disparatada iniciativa producto de una demagogia que hoy todo lo anega.
Subida del SMI, prohibición de despidos, auditoría salarial, permiso de paternidad, baja por regla dolorosa… A ninguna de las ministrillas de este Gobierno se le ocurre plantear un recorte, siquiera simbólico, de las cotizaciones sociales que las empresas pagan por sus trabajadores, algo que contribuiría decisivamente a crear empleo
Todo son cargas para las empresas. Diríase que el Gobierno Sánchez ha decidido empobrecer al país ahogando a las pequeñas y medianas (las grandes siempre terminan apañándose) en una espiral de costes absurdos imposibles de asumir. Con la vicepresidenta y titular de Trabajo, Yolanda Díaz -una señora convertida en un misterio, porque nadie sabe bien a quien representa salvo, quizás, a CC.OO- como adelantada, el dogal que estrangula la libre iniciativa no deja de ceñirse en torno al pequeño empresario con medidas legislativas y regulaciones variopintas, traducidas todas en aumento de costes, que les impiden ajustar su producción a la demanda, aumentar su competitividad y, en definitiva, crecer. Subida del SMI, prohibición de despidos, auditoría salarial, permiso de paternidad, baja por regla dolorosa… A ninguna de las ministrillas de este Gobierno se le ocurre plantear un recorte, siquiera simbólico, de las cotizaciones sociales -las mayores de la OCDE- que las empresas pagan por sus trabajadores, algo que contribuiría decisivamente a crear empleo. Ahora, «eternamente Yolanda» quiere forzar la entrada de los sindicatos en los consejos de administración. Es todo un gigantesco disparate que crece sin freno ante el silencio de los grandes del Ibex y la indiferencia de la mayoría social. Y así, por esta ronda de ignominia caminamos raudamente hacia la pobreza como país, eso sí, en nombre de los derechos de los trabajadores.
Atención, porque bastante más grave para las cuentas de resultados que la baja de cinco días por dolor menstrual parece la «ideica», también contenida en el proyecto de Ley del Aborto, según la cual la señora de Pablo Iglesias quiere conceder a las embarazadas un permiso remunerado de un mes antes del parto. Dice doña Irene que lo de la regla lo pagará el Estado (¿también los seguros sociales correspondientes a esas bajas?), pero nada ha dicho de las cuatro semanas de libranza previas al parto. Esta gente pretende arreglarlo todo metiendo mano en la caja pública hasta que no quede un duro. Lo de la necesidad de plantear de inmediato -se lo acaba de recordar Bruselas- un programa de consolidación fiscal -saneamiento de las cuentas públicas- para evitar el riesgo de una crisis de deuda, literalmente «se la suda», dicho sea en términos coloquiales. Ellos son así. Ella desconoce lo que es el Estado, ignora que todo lo que el Estado gasta procede de los impuestos que pagan los ciudadanos. «Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos», advirtió la gran Thatcher. «No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay ‘dinero público’; solo hay dinero de los contribuyentes».
Pierden las pymes, pierden las mujeres y pierde, naturalmente, España, un país que parece empeñado en avanzar con paso firme hacia el abismo, de la mano de un Gobierno solo ocupado en sobrevivir a base de ocurrencias
Perderá la pequeña y mediana empresa, desde luego, pero sin la menor duda también lo hará la mujer trabajadora, a la que, además de quedar encuadrada en la categoría de enferma crónica, ser inferior necesitado de especial protección, se le añade una nueva barrera para su plena integración en el mercado laboral, particularmente a aquellas en edad de procrear. Si existe el riesgo de que un trabajador pueda causar baja laboral de 3 a 5 días cada mes, los incentivos para contratarle se reducen notablemente. Estamos pues ante un desatino que desincentiva la demanda de mano de obra femenina por parte de pymes y micro pymes, pequeños negocios que no pueden permitirse el lujo de afrontar bajas laborales recurrentes por razones de coste y eficiencia. Es claro que ninguna mujer brillante de las muchas que ocupan puestos directivos -tampoco ninguna autónoma- en empresas de todos los tamaños va a tomar esa baja. Se tomará una pastilla y a correr. El peligro acecha a las trabajadoras de menor cualificación. Como de costumbre, los platos rotos por estas comunistas desnortadas siempre los terminan pagando los más desfavorecidos.
Pierden las pymes, pierden las mujeres y pierde, naturalmente, España, un país que parece empeñado en avanzar con paso firme hacia el abismo, de la mano de un Gobierno solo ocupado en sobrevivir a base de ocurrencias. No hay que descartar que la presentación de esta Ley del Aborto esté relacionada con la inminencia de un pronunciamiento del Constitucional sobre el recurso presentado hace 12 años por el PP contra la ley en vigor. Si el Tribunal fallara en contra, el Gobierno salvaría el escollo proponiendo este nuevo texto que situaría de nuevo al PP contra las cuerdas, obligado a defenderse en un terreno que siempre le ha resultado pantanoso. Mientras tanto, la polémica sobre la «regla dolorosa» ha eclipsado el espionaje del Pegasus y algunas cosas más. Particularmente la relación entre el material espiado en el móvil del presidente del Gobierno y las cesiones recientes al rey de Marruecos. ¿Un chantaje de Estado? Inaudito el nulo interés de Moncloa por «investigar» quién fue el espía de Sánchez. El tesoro del iPhone de Sánchez.