Es normal que así sea: el funcionamiento de nuestro sistema de pensiones nos afecta de forma directa a todos y venimos de una época que tanto los pensionistas como futuros pensionistas han vivido con innecesaria incertidumbre. Pero, en todos esos artículos, algunos de gran calidad e interés, echo en falta algo que para mí es fundamental y que voy a intentar explicar en primera persona: por qué necesitábamos ahora un nuevo acuerdo sobre pensiones.

Hace ya más de 25 años todas las fuerzas políticas decidieron crear un marco permanente de diálogo dada la naturaleza especial de las decisiones sobre pensiones: el Pacto de Toledo. La idea era crear un marco institucionalizado en el que estuvieran representadas todas las sensibilidades, y en el que, alejadas de la vorágine política cortoplacista, se pudieran acordar las principales directrices del sistema. La historia del Pacto de Toledo, gracias a la generosidad y trabajo de todos, ha sido una historia de éxito.

Con el fin de adaptar estas recomendaciones a la cambiante realidad social y económica, el propio Pacto de Toledo nos exigía renovar y actualizarlas. Pero llevábamos una década sin hacerlo. Retomar la senda del diálogo compartido y del consenso era fundamental. El pasado otoño casi todos los grupos del Parlamento dejaron atrás sus diferencias y cumplieron con el mandato de la comisión: sacar las pensiones de la lucha partidista. Sus recomendaciones sólo recibieron dos votos en contra en el Pleno del Congreso.

Tras ello, en diálogo con la Comisión Europea mientras diseñábamos el Plan de Recuperación y discutiendo los detalles con los representantes de los empresarios y los trabajadores, una buena parte de estas recomendaciones han sido plasmadas en este acuerdo. Así que esta es la primera respuesta a la pregunta inicial: este acuerdo es fundamental porque volvemos a llevar la política de las pensiones al marco que le corresponde, el debate sosegado y el consenso.

No me canso de agradecer la genuina voluntad de diálogo y acuerdo que han mostrado los grupos parlamentarios y los interlocutores sociales en todo este proceso, y, especialmente, su compromiso para mejorar nuestro sistema de pensiones. Las pensiones son uno de los grandes activos de nuestro Estado del Bienestar y, por ello, recuperar las luces largas es fundamental para que los ciudadanos recobren la confianza en nuestro sistema.

Pero el consenso no es el único motivo por el que este consenso es fundamental, lo es también porque necesitábamos introducir medidas que eliminaran la incertidumbre que los ciudadanos tienen sobre las pensiones. El CIS y otras muchas encuestas demuestran que en los últimos años la preocupación ciudadana había crecido hasta niveles que no se conocían desde que se firmó el Pacto de Toledo.

Seguramente las dudas sobre la evolución de su renta en el futuro, al dejar de garantizarse el poder adquisitivo de las pensiones por la reforma de 2013, habían contribuido a generar esta preocupación. Una preocupación injusta e irresoluble, ya que una persona que se ha convertido en pensionista apenas tiene capacidad ya para poder afrontar una merma de su poder adquisitivo.

Por ello, era necesario que nos pusiéramos de acuerdo para buscar un mecanismo que garantizase el poder adquisitivo de los pensionistas de manera estable y para siempre. Sólo con esta garantía eliminaríamos la intranquilidad que en los últimos años ha afectado a muchos pensionistas y a personas al final de su vida laboral, ya sin capacidad de reacción.

Con este acuerdo, creo que insuflamos esa confianza y certidumbre no solo a todos aquellos que cobran una pensión, sino también a los que se convertirán en pensionistas en los próximos años. Ahora saben que su poder adquisitivo está asegurado y que la subida de su pensión se hará con un indicador tan conocido y sencillo como es el IPC.

Y, en tercer lugar, este acuerdo con los agentes sociales es importante porque introduce potentes medidas para preparar nuestro sistema ante el reto que tiene que abordar a partir del final de esta década. La reforma del año 2011 nos ofrece un punto de partida mucho mejor que el que tienen otros países, con una edad de jubilación camino de los 67 años y sin la presencia de una plétora de regímenes especiales de pensiones que aún perviven en muchos países de nuestro entorno y que complican políticamente las reformas.

Eso no significa que nos podamos quedar cruzados de brazos, tenemos que preparar nuestro sistema de pensiones para abordar el reto que supone la llegada a la edad de jubilación de los que nacimos aproximadamente entre el 1960 y el 1975, que somos generaciones muy numerosas que dejamos menos hijos que nuestros padres.

Para fortalecer la sostenibilidad de nuestro sistema, la medida más eficaz es el retraso de la edad efectiva de acceso a la pensión, cerrando la brecha que actualmente existe entre la edad ordinaria de acceso a la jubilación y la edad real. Y este acuerdo recoge un amplio abanico de medidas que impulsarán el cierre de esa brecha, haciendo que el mercado de trabajo sea más atractivo para las personas de más edad, especialmente a través de incentivos voluntarios para que, quien así lo desee y se encuentre bien, pueda demorar su jubilación.

Los empresarios y los sindicatos han entendido que todos debemos ‘cambiar el chip’, que la jubilación no es una obligación sino un derecho y que tenemos un enorme margen para mejorar la participación de los mayores de 55 años en el mercado laboral.

La recuperación del consenso sobre un tema tan sensible como son las pensiones, la aportación de certidumbre y tranquilidad a los pensionistas actuales y futuros al garantizar para siempre su poder adquisitivo y el refuerzo de nuestro sistema para afrontar los retos demográficos próximos hacen de este acuerdo, firmado hace unos días, algo que todos deberíamos celebrar.

*** José Luis Escrivá Belmonte es ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.