Desde que el PSOE rechazara inicialmente las enmiendas de Junts y ERC que pedían que la futura ley de amnistía se extendiera a los delitos considerados de terrorismo, han transcurrido cinco días de intensas negociaciones. Del primer examen que hoy deberán pasar las enmiendas en la Comisión de Justicia del Congreso, el grupo de Puigdemont confía en que los socialistas no hayan dicho su última palabra. Que puedan arrancarles una amnistía generalizada a los casos en donde, por ejemplo, el juez García Castellón, ve más que indicios de terrorismo en los actos vandálicos protagonizados por Tsunami Democrátic. El Gobierno, hasta ayer, hablaba de «líneas rojas» para justificar su rechazo a considerar ‘amnistiables’ los delitos de terrorismo. Pero todo es susceptible de cambio con el PSOE de Pedro Sánchez. De hecho, la nueva portavoz socialista, Esther Peña, aquejada ya del síndrome de Estocolmo que padecen Santos Cerdán y la propia vicepresidenta Yolanda Díaz con Puigdemont (que se mostraron tan comprensivos con el sufrimiento que habría podido padecer en su «exilio» el prófugo de la Justicia), ha llegado a decir que nuestra democracia será más completa si incorporamos a todos los actores «que tuvieron que salir, por una u otra circunstancia en el 2017».

Y ahí está Puigdemont, tan satisfecho. Va ganando la partida poco a poco. Le quedan algunos jueces rebeldes pero todo el gobierno de la Moncloa está con él. Y la mayoría de sus socios. Incluso los que pueden mostrar alguna incomodidad ante tanto protagonismo de Junts. Pero aparquemos las minucias y centremos el foco en el impacto importante: el prófugo de la Justicia pretende no sólo que el Gobierno borre todas sus causas judiciales sino que el Estado que actuó para frenar su delirio secesionista, pague por ello. No sólo quiere deshacer la acción de la Justicia con el ‘procés’ durante seis años sino que espera que los jueces carguen con su culpa. El mundo al revés. ¿Quién fue el responsable de que Puigdemont saliera huyendo en el maletero del coche mientras dejaba tirado a Oriol Junqueras a los pies de la Justicia? ¿Él mismo o quizá el Estado de Derecho? El PSOE se sacude el polvo y se pregunta: «A ver, ¿quién gobernaba en 2017?» ¡Ya está: el PP!

Veremos si, finalmente, alguna enmienda transaccional acaba sintetizando las «líneas rojas» del PSOE con las ansias de venganza de Puigdemont. Si los socialistas se mantienen firmes ante las pretensiones de Junts sólo será por miedo a que Bruselas tumbe el decreto.

Y allí en Bruselas hoy, la abogada Teresa Freixas, junto a Rosa Díez entre otros, reclamarán atención a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre una ley como la de amnistía influida por una pulsión antieuropea. Dirán que se quiere impedir la acción continuada de los tribunales o dejar sin efecto la ya producida mediante sentencias firmes, «algo incompatible con el Estado de Derecho». Puigdemont sigue esperando, chequera en mano. Amnistía y referéndum a cambio de su apoyo a Pedro Sánchez. Y que el Estado español le pida perdón.