Y ahora, damas y caballeros, prepárense para la siguiente función cómica del Gobierno más progresista de la Historia. Después del espectáculo burlesco de la sedición, del sainete de la malversación y del drama de la violación, viene la mojiganga del perroflautismo legislativo. Tal cual. La Ley de Bienestar Animal no sólo atribuye derechos a criaturas del Señor que no tienen ni pueden tener deberes, sino que en su proceso de humanización de todos los seres vivos (más inspirada en Disney que en San Francisco) equipara el castigo por pegar a una persona con el de maltratar a un gatito. A ver, es obvio que ambas son sin duda conductas violentas, bárbaras, crueles en algunos casos, y que la indefensión de las mascotas merece su amparo en un ordenamiento civilizado. Pero ahora que está de moda el debate sobre el ‘punitivismo’, menudo palabro, habría que afinar un poco la calificación penal de ciertos actos. Al menos para que la condición de víctima respete la diferencia –aunque se trate sólo de pequeños detalles olvidados– entre un perro y un ciudadano.

La homologación la ha advertido el Consejo del Poder Judicial, al que le fue expropiada su competencia para efectuar nombramientos pero no la de emitir informes sobre los proyectos de leyes enviados al Congreso. Y como a los consejeros les sobra tiempo les ha dado por mirar con lupa de relojero la letra pequeña de los textos. Han encontrado un filón en la producción normativa de Podemos, antología de fallos lingüísticos, técnicos y de concepto. Fueron ellos quienes advirtieron de la rebaja de condenas para abusadores sexuales, aunque luego tanto el Ejecutivo como el Parlamento se pasaran por el forro sus criterios. Por si acaso, la reforma/derogación de los delitos que pesan sobre los independentistas insurrectos va a eludir mediante un truco leguleyo el preceptivo dictamen previo, no vaya a ser que aparezcan defectos susceptibles de dar lugar a nuevos episodios polémicos. La política de progreso no necesita revisiones de ningún experto.

El asunto de las mascotas, por bienintencionada que sea su motivación, promete muchos lances de gloria. Los miembros del CGPJ se deben de haber quedado estupefactos repasando esa prosa cargada de combatividad ecológica. Si los acusaron de machistas por dar aviso de que la chapuza del ‘sí es sí’ iba a acabar poniendo en la calle a violadores convictos, no es difícil colegir la que les va a caer por ponerse exquisitos con el dogma del animalismo. Lo menos que les pueden llamar es criminales, como a los cazadores o a los taurinos. La ocurrencia sanchista de poner a legislar a una partida de indocumentados con acné político está convirtiendo los Códigos Penal y Civil en un verdadero delirio, un borrador para dejar por escrito toda clase de disparates jurídicos. Si no tuviese consecuencias como las que ya hemos visto podría resultar hasta divertido.