EL MUNDO 16/02/13
· El Gobierno renuncia a reducir concejales pero un 82% de ellos no cobrará sueldo.
El Gobierno ha dado el penúltimo paso en el diseño de la futura reforma de la Administración Local con el objetivo de conseguir un ahorro para las arcas públicas de más de 7.000 millones en tres años (2013-2015). El informe que el Consejo de Ministros decidió ayer remitir al Consejo de Estado es susceptible de incluir modificaciones y, sobre todo, un buen número de precisiones que aún están en el aire.
En este último texto se plasma la renuncia del Gobierno a reducir en un 30%, como anticipó el propio Rajoy, el número de concejales que hay en España. En su lugar, se aumentará la cifra de los que no perciben retribución por ejercer sus funciones y se pondrá un límite máximo de 100.000 euros al sueldo que cobran los alcaldes.
El plan del Ejecutivo clarifica además las competencias que corresponden a los ayuntamientos y establece que únicamente podrán controlar otras si suscriben los convenios oportunos con sus correspondientes Comunidades Autónomas y éstas garantizan puntualmente su financiación, so pena de que se les detraiga una parte equivalente de su participación en los ingresos del Estado.
A ello se suma la intención del Gobierno de fijar un coste estándar de los distintos servicios municipales para que los ayuntamientos se acomoden al mismo. Si no lo consiguen, se verán obligados a dejar de prestarlos o a traspasárselos a las diputaciones si son municipios de menos de 20.000 habitantes, o a las comunidades si tienen más población.
Las mancomunidades y las entidades locales menores (concejos, parroquias…) se someterán al mismo examen. Si no lo superan o si no se acomodan a la norma de presentar sus cuentas en un plazo máximo de tres meses, quedarán disueltas.
Por lo que se refiere al régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales, el informe destaca que de la cifra total de concejales que existe hoy en España -68.285- sólo cobrarán nómina municipal 12.188. Ello implica que 56.000 concejales no tendrán sueldo, o lo que es lo mismo, un 82%. Sin embargo hay que apuntar que este porcentaje tan drástico no será fruto en su totalidad, ni mucho menos, de la reforma que pretende el Gobierno, ya que en la actualidad en la mayoría de las poblaciones pequeñas los concejales no perciben remuneración alguna.
Esta medida sí tendrá visibilidad en las corporaciones grandes en las que todos los concejales cobran. Así, por ejemplo, en el caso de Madrid, del total de 57 concejales habrá 12 que dejarán de tener sueldo. En Barcelona sucederá otro tanto con nueve de sus 41 ediles. Por el momento, no se han precisado las condiciones en virtud de las cuales se discriminará entre los que cobran y los que no. El argumento que se ofrece desde Administraciones Públicas apunta al hecho de que la futura norma será una «ley básica» que habrá que desarrollar con varios reglamentos.
Lo que sí aclara ya el proyecto es el sueldo máximo que recibirán los alcaldes. Como referencia se utilizará el de un secretario de Estado que, incluyendo complementos, alcanza los 100.000 euros brutos.
Los alcaldes de las seis ciudades de mayor tamaño, las que superan los 500.000 habitantes -Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Valencia- tendrán que acomodar sus sueldos al máximo de 100.000 euros. A partir de ahí, y por tramos de población, los sueldos irán a la baja hasta llegar a los alcaldes de poblaciones entre 1.000 y 2.000 habitantes que percibirán el sueldo del secretario de Estado menos un 80%, es decir, 20.000 euros brutos. Los de poblaciones de menos de un millar de habitantes no tendrán retribución.
Igualmente, habrá un recorte muy sustancial de asesores, que pasarán de 8116 a 6.489. En los citados seis grandes ayuntamientos, no podrán superar el 0,7% de la plantilla. Las cifras se rebajan en función de la población hasta llegar a las corporaciones de menos de 5.000 habitantes, que no podrán disponer de personal eventual de confianza.
Las estimaciones del Gobierno apuntan a un ahorro total de 7.129 millones de euros, de los cuales 2.232 provendrán de la clarificación de competencias; 3.282 de la eliminación de duplicidades; 73 de la supresión de mancomunidades y entes menores; 145 por ahorro en coste de asesores y cargos electos, y 1.397 por la reducción del sector público local.
EL MUNDO 16/02/13