- Siempre que un procedimiento presenta implicaciones políticas, resulta bastante fácil adivinar cuál va a ser la posición de la fiscalía. La que más beneficie al sanchismo y la que más perjudique a la oposición
Tenemos un serio problema con la Fiscalía. Aunque Sánchez no lo sepa, dicho órgano está integrado en el Poder Judicial, no en el Ejecutivo. Las carencias formativas de este señor –que firma libros escritos por otra del mismo modo que se atribuyó una tesis doctoral– podrían superarse si él quisiera. Pero no quiere. Es de los que no se avergüenzan cuando sueltan un disparate, de los que exhiben primero ignorancia y luego ira, si se les corrige. Como fuere, sin una Fiscalía sujeta a los principios de legalidad e imparcialidad, la independencia judicial y la división de poderes se lesiona, la labor de la Justicia se obstaculiza, la igualdad ante la ley se evapora, graves casos criminales mueren y una nadería puede parecer grave a conveniencia.
Sin necesidad de acariciar el corporatismo que aqueja a todos los cuerpos profesionales, es justo afirmar que está lleno de fiscales impecables. Es más, doy por hecho que la mayoría lo son. El problema es que la estricta jerarquización del órgano tuerce sus funciones, o las invierte, cuando al jefe se le antoja. La dependencia jerárquica deja un margen a la discrepancia más estrecho que las miras de Puente. Imaginen lo que ocurre cuando el jefe de los fiscales tiene a su vez un jefe oficioso, y encima ese jefe oficioso cree serlo con todas las de la ley, al punto de soltarlo por la tele. Y se lo sigue creyendo cuando le cuentan el abecé de la Constitución, la LOPJ y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En realidad no tienen que imaginarse nada: está a la vista desde que Sánchez se encaramó al poder a hombros de la antiespaña liberticida.
Amarga broma nos parece recordar que el Ministerio Fiscal debe velar por la independencia de los Tribunales. ¿Por qué la fiscalía se empeñó en que no se investigara la injerencia rusa en el 1-O? Habían aflorado nombres de espías, contactos con el entorno de Puigdemont, con Puigdemont mismo, negociaciones y promesas de enviados del Kremlin para que la Cataluña independiente fuera una especie de casino ruso de criptomonedas: todo aquello que fundamenta la decisión del juez Aguirre al prorrogar el caso Voloh, pues ve en el fugado indicios de delito de traición. Las indagaciones con las que este proceso ha ido avanzando, básicamente gracias a escuchas telefónicas, se llevaron a cabo con la oposición de la Fiscalía. ¿Cómo es posible? Los indicios eran y son abundantes, como sabe cualquiera de los numerosos lectores de nuestro compañero Alejandro Entrambasaguas.
Siempre que un procedimiento presenta implicaciones políticas, resulta bastante fácil adivinar cuál va a ser la posición de la fiscalía. La que más beneficie al sanchismo y la que más perjudique a la oposición, sin detenerse ante barreras infranqueables: ahí está la reciente filtración sobre un particular, clara revelación de secretos. Sin una fiscalía imparcial sometida al principio de legalidad, la Justicia no puede funcionar. Y en la Justicia está ahora la defensa última del Estado de derecho.