Ignacio Camacho-ABC
- Si la cooptación de la cúpula de los jueces está de por sí mal vista, Sánchez la contamina de radiactividad política
Carlos Lesmes está harto de ocupar su propio cargo, y lleva tres años, tres, repitiendo en vano que tiene vencido el mandato y es inadmisible el retraso del pacto político para renovarlo. Le asiste toda la razón, aunque para estar harto hay sitios bastante peores que la Presidencia del Supremo; en la misma administración de justicia sin ir más lejos, donde el atasco normalizado de juicios y demás procedimientos provoca a funcionarios y ciudadanos problemas muy serios. Como la situación sigue empantanada Lesmes podía haber tirado ayer de archivo para denunciar por enésima vez el bloqueo, pero en esta ocasión introdujo una novedad importante al referirse al desprecio del criterio de los tribunales en el indulto a los líderes separatistas catalanes. Aunque mencionó el caso a título de ejemplo, en realidad se trataba de la clave: su dedo señalaba al Ejecutivo como principal responsable de un ficticio choque de legitimidades. Porque quien habló de revancha, quien acusó a los jueces de vengativos y de aplicar la ley con querencia de parte, fue Pedro Sánchez.
También recordó el presidente del CGPJ que el célebre bloqueo se ha agravado por la reforma legal que impide al organismo en funciones realizar nombramientos, una medida que se parece mucho a un veto, a una presión y hasta a una injerencia en la autonomía del Consejo. Ese clima intimidatorio, hostil, de falta de respeto a la función jurisdiccional, tiene mucho que ver con la imposibilidad de un acuerdo que la oposición ya no puede conceder como un simple reparto de puestos porque hay un claro rechazo social a ese método. Y porque, para qué engañarse, Sánchez no es un gobernante que haya hecho de la lealtad (ni institucional ni de ninguna otra clase) un rasgo de carácter ni ha mostrado consideración alguna por los equilibrios constitucionales. Se le nota un interés sospechoso, una urgencia sobrevenida, un apremio desaforado por trasladar a la cúpula judicial la correlación de fuerzas propia del ámbito parlamentario según una proporción entre vocalías y escaños que de entrada supone una expropiación de la independencia de los magistrados. Esa idea, por cierto, también la revocó Lesmes al señalar en su alegato que la renovación pendiente no obedece a una cuestión de mayorías sino de plazos.
De cualquier manera el asunto va para largo porque no estamos ante un debate de principios sino ante un episodio más del colapso político en que ha desembocado la desviación de poder del sanchismo. El PP da por asumido, o al menos por asumible, el coste de su obstruccionismo, sabedor de que si ya de por sí la cooptación está mal vista, cualquier aproximación a este Gobierno significa exponerse a una lluvia radiactiva. El conflicto va a continuar anclado en posiciones fijas, y la víctima colateral será una justicia que desde los años ochenta está sometida al implacable tironeo partidista.