Política de Estado o salsa rosa

«Se está anteponiendo, ni más ni menos, lo narrativo, lo emocional, el anecdotario, la crónica de sociedad, la negrita de los nombres propios, la subjetividad más populista y amarillista, la salsa rosa, en fin, a la Política de Estado, que es el arma más

EL 17 de mayo de 2005 se dio a conocer en la prensa una carta abierta en la que Rosa Díez, Fernando Savater, Maite Pagazaurtundúa y otros militantes socialistas le reprochaban a Patxi López el trato descortés que le había dispensado a María San Gil durante una comparecencia pública en contraste con la amabilidad que, sin embargo, había mostrado con las tres representantes del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Dicha carta fue muy celebrada por su claridad, su arrojo y su gallardía, que suscribo. No seré yo quien le regatee a aquel texto ninguna de esas bellas cualidades. Pero a ellas es justo y necesario añadir una objeción: en aquel mismo 17 de mayo de 2005 exactamente, y no en ningún otro día, en el Congreso de Diputados se votó la moción propuesta por el gabinete de Zapatero que daba luz verde a la negociación con ETA, contra la que ninguno de los firmantes de esa memorable epístola dijeron nada.

Yo no digo que no fuera importante defender a María San Gil de la mala educación de Patxi López, denostar aquel terrible e imperdonable agravio. Sólo subrayo la diferencia entre una cuestión formal, emocional, narrativa, por no llamarla «anecdótica», y un asunto de singular gravedad como es el visto bueno de la Cámara Legislativa de la democracia a la negociación del Gobierno de la Nación con una banda terrorista. Yo no digo que esa carta abierta a Patxi López fuera una artimaña mediática urdida precisamente con el objetivo de ocultar ese silencio de sus firmantes sobre una cuestión tan grave. Acepto la posibilidad de que a éstos también la anécdota les distrajera de lo realmente importante, y que el árbol o la rosa o el Patxi no les dejaran ver el bosque. Yo lo que digo es que en el tema de ETA, como en tantos otros, hay que saber distinguir entre la política de Estado y la salsa rosa, porque no es ya que sean cosas distintas, sino antagónicas. A menudo la primera se suple con la segunda, para cubrir y a veces disimular su ausencia. Ésta es la verdadera cuestión que subyace en toda la confusa, distorsionada, interesada y rosada polémica que ha rodeado al caso Bolinaga. Muchas veces han sido las propias víctimas las que se han preguntado por qué a unas se les da un relieve mediático que no se les da a otras. La respuesta a esa dolorosa y comprensible pregunta es que hay casos que poseen unas circunstancias especialmente dramáticas, un material narrativo que otros no tienen. En este sentido la «injusticia» mediática y social es inevitable. Lo que sí es evitable es la injusticia de la Justicia. Lo que es deseable e imprescindible es que la Justicia trate por igual el asesinato de Ernest Lluch que el de un guardia civil que no tuvo el mismo impacto, ni en los medios ni en las masas. Es imprescindible que esa Justicia no se mueva un centímetro la venda de los ojos, ni para tratar el caso Bolinaga ni los de otros secuestradores y asesinos enfermos que no se hicieron tan tristemente famosos. Es imprescindible que la institución judicial y la penitenciaria actúen con Bolinaga de modo igual a como lo harían con otros presos condenados por un similar delito. Y, cuando se le exige a un ministro de Interior que, a la hora de conceder o de negar terceros grados, actúe en este caso concreto de una manera distinta a como se actúa en otros y a como actuaron sus predecesores en el cargo, con la misma Ley Penitenciaria en la mano, lo que se está haciendo inconscientemente es perpetuar y agravar esa misma injusticia social y mediática que los representantes del Estado de Derecho deben corregir. Se está anteponiendo, ni más ni menos, lo narrativo, lo emocional, el anecdotario, la crónica de sociedad, la negrita de los nombres propios, la subjetividad más populista y amarillista, la salsa rosa, en fin, a la Política de Estado, que es el arma más eficaz contra el terrorismo.

Mal argumento para justificar tal exigencia es que las circunstancias en las que Mayor Oreja concedió el tercer grado a dieciocho etarras han cambiado. Porque ese es exactamente el mismo argumento que usó Conde-Pumpido cuando pidió a los jueces «que se adaptaran a las nuevas circunstancias del proceso de paz». Y si en aquella ocasión vimos con buenos ojos que Dívar, el entonces presidente de la Audiencia Nacional, respondiera que «se le estaba pidiendo prevaricar», no nos debe ahora extrañar que el actual ministro de Interior diera la misma respuesta a quienes le demandaban lo mismo —«que se adaptase a las nuevas circunstancias»— aunque fuera en la dirección opuesta a la indulgencia que reclamaba el Fiscal General del

zapaterismo.

Lo demoledor para el terrorista es chocar con la pared del Estado y percatarse de que ni él ni la mudable opinión pública pueden torear emocionalmente al juez o al político. Si entendemos que la legislación penal y penitenciaria de la era Aznar son demasiado garantistas para el presente, el camino es proponer su modificación en las Cortes; no montar, con un caso concreto, un culebrón para que las buenas gentes de este país estén pendientes de cada detalle morboso de la evolución del cáncer de un asesino, y amenacen de manera surrealista con cronometrar el tiempo que Bolinaga tarda en morirse tras la libertad condicional concedida por la Audiencia Nacional con el fin de machacar al Gobierno con cada minuto «de más» que se prolongue su vida. El camino no es apelar al factor emocional, que es voluble por definición; que puede cambiar de signo en un instante si Bolinaga fallece de forma repentina, y que puede volverse como un boomerang contra quien actúa a su subjetivo arbitrio. El camino no es dar cada uno la opinión sobre cómo se encuentra Bolinaga, ni que las víctimas tengan voto en las decisiones judiciales o ministeriales sobre el régimen de un preso. Las víctimas ni son jueces ni han sido elegidas en las urnas. Una legislación que contemplara el poder de decisión de la parte afectada del delito sobre el destino del delincuente supondría la defunción del Estado de Derecho. No es que las víctimas no deban marcar la política del Gobierno, sino que lo personal y lo emocional no deben conformar una política de Estado que, como tal, debe trazarse y llevarse a cabo por encima de cada caso particular. No es que lo emocional no tenga importancia en el caso del feo que Patxi López le hizo a María San Gil, sino que tiene más importancia el hecho de que sólo Rajoy y su partido estuvieron con las víctimas votando «no» a la negociación de Zapatero.

O política de Estado o salsa rosa. Y es que, por el camino de la segunda, podemos llegar a valorar, más que la oposición a la negociación con ETA, aquella carta dirigida a Patxi López y firmada incluso por quien llegaría a apoyar dicha negociación de modo explícito. Por ese camino, podemos llegar a decir que parece mentira que ningún diputado de «este nuevo PP» se mojara por María San Gil en aquel infausto 17 de mayo de 2005 en el que, sin embargo, todos ellos estaban haciendo lo que debían hacer: votar contra aquella moción infame y dejar la salsa rosa o Rosa para otro día menos negro.