PP y PSOE pactan pedir el recurso previo ante el TC para los Estatutos

EL MUNDO 29/01/14

Sin apenas alboroto, PP y PSOE presentaron el viernes en el Congreso dos iniciativas casi idénticas, de enorme trascendencia política, que abren una diminuta vía de solución legal al problema independentista catalán. Sólo con la posibilidad de un nuevo Estatuto en Cataluña en un horizonte imposible de precisar se puede entender que los dos grupos recuperen el recurso de inconstitucionalidad previo a su aprobación.
Con sólo unas horas de diferencia se registraron en las Cortes dos proposiciones de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad en las reformas de los Estatutos de Autonomía.
Aunque públicamente ni el Grupo Popular ni el Socialista reconocieron ayer la existencia de un pacto, fuentes parlamentarias confirmaron que se trata de un acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en las conversaciones que ambos mantienen sobre muchos temas pero, principalmente, respecto a Cataluña.
Desde el PP se admitió en privado que es una decisión que ha sobrevolado las cabezas del portavoz popular, Alfonso Alonso, y de su homóloga en el Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, y se apuntó a la voluntad de «ir de la mano con el PSOE» en todo lo relacionado con el asunto catalán. Y tras el anuncio de que juntos también rechazarán en el Congreso la petición, por cualquiera de las vías planteadas, del traspaso de competencias para realizar la consulta soberanista, éste es el primer movimiento.
Con el cambio de la ley, ambos partidos se están comprometiendo a que no vuelva a suceder lo que pasó con el Estatuto vigente: que el TC tumbe algunos de sus artículos tras ser aprobado el texto en referéndum. El PSOE se enmienda de esta manera a sí mismo y a las célebres palabras de Zapatero de que aceptaría lo que viniera de Cataluña. Y el PP ofrece un mínimo margen para un futuro Estatuto pactado, con el filtro del Constitucional.
Es cierto que el escenario de un nuevo Estatuto catalán, cuando todavía no se sabe qué va a suceder en los próximos meses, es muy complejo de vislumbrar. Pero la idea está en la cabeza de algunos de los próceres del PP y del PSOE. Un texto que, con el refrendo de todos, pueda suponer una salida al bloqueo actual. No significa que vaya necesariamente a suceder, pero con la presentación de las iniciativas de PP y PSOE se esboza un camino que hace sólo unos días era casi impracticable.
Para empezar, la idea del recurso de inconstitucionalidad previo fue aceptada ayer de buen grado por el Grupo Catalán en el Congreso. El vicepresidente cuarto de la Mesa de la Cámara y diputado de CiU, Jordi Jané, avaló la aplicación de medidas para que el Tribunal Constitucional no pueda corregir reformas de Estatutos de Autonomía avaladas en referéndum, como sucedió con el catalán. Esa situación, dijo en declaraciones a Europa Press, fue el «origen de un insatisfacción creciente» en Cataluña.
La intención de PP y PSOE es que el cambio planteado en la ley orgánica pueda entrar en vigor antes de finales de año. Según el calendario previsto, se debatiría en el Congreso a finales de febrero. Lo natural es que las dos propuestas acaben fundidas en una.
Presentarlas de manera separada ha supuesto una artimaña que conviene a ambos. Al PP, porque el hecho de que la iniciativa discurra por la vía del trámite parlamentario resta espectacularidad a la decisión. ¿A santo de qué el Gobierno va a cambiar una ley orgánica para recuperar el recurso previo de inconstitucional en los Estatutos si no es por Cataluña? ¿Dónde hay planteado sino allí un debate territorial? Por no añadir que de este modo su aprobación será más rápida. Y al PSOE, porque le permite mantener un discurso autónomo, propio, frente a sus socios del PSC.
Las dos proposiciones de ley planteadas tienen además un efecto colateral y es que retrasarán las otras dos que los grupos catalanes presentarán el lunes, pidiendo que se traspase a la Generalitat la convocatoria de consultas. Si este debate debía producirse en marzo, ahora la hipótesis es que se demore hasta mayo.