En España, esta ideal separación de poderes no sucede por varias circunstancias. La primera es que la separación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo es más aparente que real: las elecciones son en realidad un método de elección indirecta del presidente del Gobierno a través de las listas cerradas previamente propuestas por los líderes de los partidos (y el líder del partido mayoritario suele ser el presidente del Ejecutivo). Así pues, la coalición de jerarcas que controle el legislativo controla a la vez, y de manera inseparable, el ejecutivo.

Pero los problemas de la separación práctica de poderes no terminan aquí: el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, es elegido en un 40% por el legislativo —según mandata la Constitución— y en un 60% por lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual —oh casualidad— también especifica que ese 60% también será seleccionado por las propias Cortes. Por tanto, el legislativo escoge al ‘gobierno de los jueces’, el cual a su vez efectúa los nombramientos relativos a los magistrados que componen las distintas salas del Tribunal Supremo, los tribunales superiores de Justicia autonómicos, la Audiencia Nacional o las audiencias provinciales. Es decir, que el contubernio ejecutivo-legislativo controla el judicial (incluso en lo relativo al enjuiciamiento de las decisiones de ese ejecutivo-legislativo, dado que los miembros del Gobierno y de las Cortes, en su calidad de aforados, son juzgados por un Tribunal Supremo, cuyos miembros han sido escogidos por los vocales del CGPJ que la clase política ha elegido anteriormente).

Si el nuevo PP de Casado hubiese tenido la más mínima intención de mostrar al resto de la ciudadanía su compromiso liberal y regenerador de las instituciones, lo habría tenido muy sencillo en este caso. Como el legislativo necesita del concurso de 3/5 partes de las Cortes y, por tanto, la colaboración del PP es imprescindible para renovar un CGPJ cuyo mandato ha expirado, Casado podría haber condicionado el desbloqueo de esa renovación a la tramitación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que consagrara una elección despolitizada de los vocales. Por ejemplo, que los propios jueces escojan mediante votación a sus 12 vocales dentro del CGPJ o incluso que sean designados por sorteo entre el universo de profesionales competentes. Cualquiera de ambos métodos facilitaría que los políticos no tuvieran ni voto ni siquiera voz en la elección del gobierno de los jueces (y dada la creciente politización de las asociaciones judiciales, es probable que una elección puramente aleatoria contribuya más en la práctica a despolitizar la Justicia en estos momentos que las votaciones por parte de los propios jueces).

De hecho, el PP habría tenido una oportunidad de oro para visibilizar el intento de captura gubernamental del Estado de derecho por parte de Sánchez: y es que Más País, una formación de izquierdas convalidable en muchos respectos a Podemos, ha propuesto justamente que los vocales del CGPJ sean escogidos por sorteo (probablemente, porque son conscientes de que no pueden meter el cazo en las negociaciones, pero en este caso poco importa que se tome una buena decisión por malos motivos). ¿Acaso no habría sido un movimiento políticamente inteligente y regenerador que el PP se hubiese sumado al planteamiento de Más País y hubiese lanzado un mensaje tan claro y sincero a la ciudadanía como el siguiente? “La reforma que proponemos no es una reforma ideológica, sino de sentido común, dirigida a profundizar en la separación de poderes. Tan es así que no es una idea del PP, sino de una formación de izquierdas como Más País. No nos oponemos a la propuesta de Sánchez por ser de derechas: nos oponemos a la propuesta de Sánchez por ser demócratas y creer en la separación de poderes”.

Pero, en lugar de seguir esa saludable dirección, el PP ha preferido volver a hacer lo que su casta partitocrática lleva haciendo con el PSOE desde hace décadas: repartirse nuevamente los vocales del CGPJ para mantener la politización de la Justicia. Lo hacen, según dicen, porque han conseguido arrancar del PSOE el compromiso de excluir a Podemos de las negociaciones y también porque prometen “avanzar” en una ley de despolitización de la Justicia. No podrían ofrecerse pretextos más pobres: por un lado, tan obsceno es que se repartan los jueces PP, PSOE y Podemos como que se los repartan solo PP y PSOE; por otro, si ellos mismos admiten que la Justicia está politizada, ¿por qué ‘avanzar’ en la despolitización después de haber escogido un nuevo e igualmente politizado CGPJ? La realidad es bien sencilla: los partidos políticos no quieren renunciar al enorme poder que detentan dentro de nuestra ‘democracia imperfecta’ (aquí, sí) y por eso van a continuar socavando la separación de poderes en España.