ISABEL SAN SEBASTIÁN, ABC – 09/04/15
· Todos somos iguales ante la Ley y ante Hacienda, pero unos más iguales que otros.
El caso de Juan Fernando López Aguilar, auténtico alguacil alguacilado, ha puesto una vez más de relieve la doble vara de medir con la que actúa la justicia española dependiendo de quién sea el justiciable. De acuerdo con la Ley contra la Violencia de Género, que él mismo impulsó y fue aprobada a bombo y platillo en la etapa en que Zapatero presidía el Gobierno, la mera existencia de una denuncia por presunta agresión a su pareja habría debido suponerle una detención policial, con traslado directo al calabozo, como medida cautelar y hasta que un juez determinara otra cosa.
Tratándose de un parlamentario aforado ante el Tribunal Supremo, el exministro socialista, hoy diputado en Estrasburgo (porque al escaño y al sueldo no ha renunciado, aunque haya pedido la baja como militante) se ha ahorrado ese penoso trance, pese a que la protección especial de la que goza no debería aplicarse a un delito tan ajeno al desempeño de su cargo como el que se le imputa. Aduce el acusado, y está en su derecho, que nada de lo dicho es verdad, sino fruto de las disputas inherentes a un proceso de divorcio. O sea, exactamente lo mismo que han aducido antes que él decenas de varones víctimas de una ley que les presupone culpables, sin que esa protesta haya evitado una desagradable estancia entre rejas.
Y es que, como dejó escrito Orwell, todos somos iguales ante la Ley, pero unos son más iguales que otros. Con el Fisco sucede exactamente lo mismo.
«Hacienda somos todos», reza el eslogan oficial, invitándonos a contribuir con alegría al sostenimiento del Estado. Ahora bien, si es usted un partido político, cuya finalidad es la conquista y conservación del poder, obtiene de la Agencia Tributaria exenciones propias de entidad benéfica, al menos si ese poder se encuentra actualmente en sus manos, como le ocurre al PP. ¿Que no es usted más que un ciudadano de a pie, colocado bajo el microscopio por el ministro de turno, ya sea aleatoriamente, ya en calidad de escarmiento y/o aviso a navegantes? Dese usted por perdido, con «j». Pesa sobre usted una presunción de fraude prácticamente indestructible, que le obligará a pagar lo que le pidan, so pena de embarcarse en un procedimiento judicial interminable y de resultado incierto, condicionado al depósito de una fianza equivalente al total de la cantidad solicitada. O sea, que también aquí, como en el ejemplo anterior, Hacienda somos algunos mucho más intensamente que otros, o con los papeles repartidos. A saber; unos nos rascamos el bolsillo, y otros se gastan lo recaudado o se lo reparten.
No puedo dejar de mencionar el caso de Irene y Ainhoa, dos jóvenes madrileñas de 24 y 28 años que a estas horas deben de estar ya en prisión. En 2008, siendo prácticamente adolescentes, se apropiaron de 800 euros en compras utilizando una tarjeta robada. Nunca antes habían delinquido ni han vuelto a hacerlo después. Tiempo atrás pagaron la correspondiente multa (1.500 euros cada una, más 400 en concepto de responsabilidad civil) y ambas tienen arraigo familiar y trabajo.
Mejor dicho, lo tenían, porque Ainhoa lo perdió hace unos días ante su inminente encarcelamiento. Siete años ha tardado la «justicia» (por llamarla de alguna manera) en resolver de la peor manera posible, segando la hierba bajo los pies de dos muchachas a las que todo el sistema judicial falló de manera estrepitosa, hasta el punto de tener que redactarse por su cuenta el escrito de petición de indulto. Ellas no tuvieron opción ni presunción. Fueron condenadas de antemano, mucho antes de celebrarse el juicio.
ISABEL SAN SEBASTIÁN, ABC – 09/04/15