En España estamos normalizando que haya conceptos que directamente no se discuten: se descalifican. Así es bastante más cómodo, porque te ahorras el esfuerzo de tener que pensar. La llamada “prioridad nacional” que plantea VOX es uno de ellos. Da igual lo que se proponga exactamente, lo que se entienda o lo que se aplique en otros países. La reacción por parte de la izquierda está automatizada: racista, xenófobo y, por si alguien no lo ha oído bien, racista otra vez. Indignación, toda. Argumento, ninguno, porque con la superioridad moral que se adjudica cree que no hace falta nada más.

Del otro lado, que no es necesariamente la derecha, sino todo aquél que no comulga con los postulados de la izquierda, no hay exactamente una respuesta ideológica organizada, sino algo bastante más básico: que es de cajón dar de comer a tu hijo antes que a los hijos del vecino. Es una idea simple, incluso simplista si se quiere, pero tiene la mala costumbre de ser comprensible. Y cuando algo se entiende sin necesidad de cursillos de deconstrucción, suele generar más adhesión de la que a algunos les gustaría. El problema es que el debate no está ahí. Está en otra parte. Porque mientras se discute si es moral o inmoral priorizar a los nacionales, la realidad va por su cuenta y no pide permiso.

Ya están todos en el sistema

Estamos viendo estos días colas interminables de inmigrantes en situación irregular intentando acceder a procesos de regularización. La escena ha generado una reacción inmediata: alarma. ¿Dónde vamos a meter a toda esa gente? ¿Cómo vamos a sostener la sanidad, la educación, la vivienda? La pregunta parece nueva, pero tiene trampa. Esa gente ya está aquí. No es una previsión, es un hecho. Esas personas solo necesitan empadronarse, algo que no exige residencia legal, para acceder a determinados servicios públicos y ayudas. Ya están habitando viviendas, ya forman parte de ese sistema que, según se nos dice ahora, podría colapsar.

La cuestión no es dónde vamos a meter a los que piden ahora regularizarse. La cuestión es dónde vamos a meter a los que vendrán después, cuando la regularización actúe como efecto llamada y entre en juego la reagrupación familiar. Eso sí que es un problema que no se quiere mirar de frente. Y en medio de todo esto hay detalles que llaman poderosamente la atención. Durante años se nos ha explicado que muchas de estas personas no podían ser devueltas porque no tenían documentación, porque no se podía acreditar su origen, porque no había forma de identificarlas. Una especie de limbo administrativo donde la identidad era difusa, casi inexistente. Y, sin embargo, ahora de repente han encontrado todos los pasaportes perdidos.

Pero volvamos al concepto maldito: la prioridad nacional. Se están diciendo muchas cosas cuando, en realidad, bastaría con decir una. No hace falta poner a los españoles por delante. Con que no se ponga a los extranjeros por delante, sería suficiente. Porque lo que está generando rechazo no es que alguien reciba ayuda. Es que la reciba antes que quien lleva años sosteniendo el sistema, no por urgencia, por norma.

Guarderías, comedores, ayudas sociales

Una pareja española, trabajando, cotizando, con un hijo pequeño, necesita una plaza de guardería pública. Y no la consigue. No porque no haya plazas, sino porque hay un sistema de puntos donde determinadas condiciones, que en la práctica benefician a quienes acaban de llegar y pueden acreditar mayor vulnerabilidad, pesan más que otras. Lo mismo ocurre con los comedores escolares, con determinadas ayudas sociales, con el acceso a vivienda protegida. No es una percepción. Es una realidad que cada vez más gente experimenta directamente.

Y luego está el capítulo fiscal, que merece un aparte. Porque aquí tenemos una Administración que sabe perfectamente cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto debes. Si tienes una hipoteca a treinta años, eso ya te sitúa en una categoría concreta: tienes patrimonio, tienes respaldo, tienes capacidad. Aunque estés asfixiado y a pesar de eso tengas que pagar guardería privada, colegio concertado o un seguro médico porque no quieres esperar medio año para una prueba básica.

Frente a eso, está el que llega a España, declara que no tiene nada, ni ingresos, ni patrimonio, ni apoyo familiar… y esa declaración se da por válida, sólo porque no hay forma real de comprobar lo contrario. Nadie va a verificar si tiene propiedades en su país de origen o si cuenta con una red familiar que lo respalde. Se le considera vulnerable. Y punto.

Racismos y discriminación

La consecuencia es bastante evidente: el sistema, que debería proteger a quien más lo necesita, acaba generando una sensación de agravio en quien lo sostiene. Y ahí es donde el debate se vuelve incómodo. Porque ya no va de ideología. Va de percepción de justicia. Al final, la cuestión no es si queremos que los españoles vayan por delante. La cuestión es si aceptamos que haya situaciones en las que siempre están por detrás, incluso cuando contribuyen, cumplen y sostienen el sistema. Y si, además, tenemos que aceptar que quien acaba de llegar, y cuya situación es, en muchos casos, imposible de verificar en profundidad, tenga prioridad en el acceso a recursos que, recordemos, son limitados.

La cuestión de fondo es la que todos sabemos: no es que queramos que los españoles vayan por delante, lo que queremos es que el que venga a nuestro país no se ría en nuestra cara. Para obtener la nacionalidad se exige, con carácter general, haber residido legalmente en España durante diez años —dos en el caso de países iberoamericanos—, acreditar integración, medios de vida y una situación estable. Si se exigieran esos mismos requisitos para poder acceder a cualquier tipo de ayuda del Estado, ¿cree usted que habría inmigrantes ilegales?

Pero por lo visto es racista esperar que alguien que se quiere beneficiar de un sistema tenga primero que formar parte de él. Y como está muy feo discriminar a los extranjeros, discriminamos a los españoles, que son los que mayoritariamente sostienen el sistema con su esfuerzo. ¿Qué podría salir mal? Pues ya lo estamos viendo.