ABC 03/11/15
EDITORIAL
· Los catalanes no conocen aún quién será su presidente, pero sí que hará un uso sectario y antidemocrático de su mayoría en el Parlamento
LA convocatoria que ayer hizo la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, para forzar una reunión urgente de la junta de portavoces y acelerar la tramitación de la declaración independentista es un fraude de ley en toda regla. Es comprensible que quien quiere erradicar la Constitución en Cataluña por la vía del chantaje y los hechos consumados, o quien justifica la vulneración flagrante de la legalidad, no tenga el menor reparo en infringir otras normas de menor rango para imponer su obsesión identitaria en la Mesa que dirige de la Cámara. Pero eso, en castellano, se llama pisar los derechos que asisten a los demás partidos con representación parlamentaria. Los independentistas tienen prisa por hacer coincidir la aprobación de esa declaración en un pleno, con los días previos a la sesión de investidura del nuevo presidente catalán. Probablemente, es la condición que impone el partido probatasuno CUP para apoyar la continuidad de Artur Mas al frente de la Generalitat. Pero es ilegal porque la Mesa no puede decidir si acepta o rechaza una petición sin escuchar a la junta de portavoces. Y a la vez es inmoral, porque se desprecia a un órgano colegiado para el que no todos los partidos han elegido aún a su portavoz. Es el caso del PP, que ve cómo las urgencias de los secesionistas han permitido la constitución de esa junta de manera forzada y bajo criterios de exclusión. Los catalanes no conocen aún quién será su presidente, pero sí que la única pretensión de Junts pel Sí y la CUP es hacer un uso partidista, sectario y antidemocrático de su mayoría en el Parlamento.
Cualquier resolución que se considere ilegal debe ser impugnada de inmediato ante el Constitucional para que, en su caso, sea anulada de modo automático. Y si ante cualquier recurso, Ciudadanos, el PSC, el PP y Podemos deciden ir de la mano contra la utilización abusiva de los votos de los catalanes, la democracia habría ganado su primera batalla frente a quienes se han propuesto desvirtuarla. Convergència celebró ayer una reunión en la que se escenificó un impostado cierre de filas con la estrategia de Artur Mas. Pero el hecho objetivo es que el presidente catalán cuenta cada vez con más detractores tanto en su Gobierno como en el partido, conscientes de que están en una deriva inasumible que podría convertir a un partido histórico en una formación residual. Por otra parte, Mas justifica su conducta con un preocupante grado de cinismo: el Ejecutivo catalán no puede hacer frente al pago de más de 300 millones a las farmacias, y reclama al Gobierno más de 2.000 millones más del Fondo de Liquidez Autonómica. No es ya paradójico, sino surrealista, pretender que el Estado financie a instituciones cuyo único objetivo es precisamente romperlo. Pero no todos los catalanes tienen la culpa, ni merecen lo que su mayoría parlamentaria desea para ellos. Mas y sus socios de rebelión caminan hacia el caos.