ABC 09/12/16
EDITORIAL
· La respuesta del independentismo al acercamiento del Gobierno sigue siendo la de la amenaza y la sinrazón
LA buena o mala marcha de la legislatura no solo dependerá del diálogo que desarrollen las principales fuerzas políticas para garantizar la gobernabilidad ante la inexistencia de mayorías parlamentarias, sino de la negociación que entablen las distintas administraciones públicas para alcanzar grandes pactos de Estado en cuanto a la organización territorial y el futuro reparto competencial y financiero de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Y dentro de este contexto Cataluña se ha convertido, sin duda, en la principal prioridad del Gobierno. Tras los últimos años de elevada tensión política e inaceptable desafío secesionista por parte del nacionalismo catalán para construir su particular utopía, el nuevo escenario político que vive hoy España abre una ventana de oportunidad para sentarse a buscar una solución que, bajo el siempre escrupuloso respeto a la legalidad vigente, pueda solventar el problema. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, será la encargada de encauzar la disparatada deriva separatista que en su día impulsó Artur Mas y hoy encabeza el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y, lejos de retrasar dicho cometido, ya se ha puesto manos a la obra.
La apertura de un despacho personal en la Delegación del Gobierno de Barcelona y las primeras reuniones que mantuvo el pasado miércoles con la líder regional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, así como destacados representantes del ámbito empresarial y social de Cataluña, dan buena cuenta de la nueva estrategia que ha emprendido el PP con el fin de acercar posturas. El principal objetivo que se ha marcado el Ejecutivo es conseguir que la Generalitat se siente a hablar, pero para ello debe, en primer lugar, ir sumando apoyos en la sociedad catalana a ese nuevo contexto de diálogo y negociación para rebajar la tensión que ha ido construyendo el independentismo. La reforma del sistema de financiación, que todavía está pendiente de concretar con las autonomías, la mejora del servicio de Cercanías o la construcción del Corredor del Mediterráneo son algunos de los puntos a tratar.
Sin embargo, la respuesta de los nacionalistas al acercamiento del Gobierno sigue siendo la de la amenaza y la sinrazón. No en vano, Puigdemont anunció ayer que el 23 de diciembre se celebrará una cumbre para organizar el referéndum independentista que pretende llevar a cabo el próximo otoño. El respeto a la ley, la lealtad institucional y la solidaridad que ha demostrado el Ejecutivo de Rajoy con Cataluña durante el delirante periplo secesionista de los últimos años contrasta con las constantes ilegalidades, chantajes y mentiras que, por desgracia, ha blandido el nacionalismo para alcanzar sus objetivos políticos a costa del bienestar de los catalanes y la indisoluble unidad de los españoles. El diálogo siempre es positivo, ya que permite alcanzar acuerdos y resolver problemas, pero siempre y cuando se realice desde el cumplimiento de la ley y el respeto a la democracia.