Jordi Baiget se convirtió ayer en la primera víctima del procés dentro del Govern. Carles Puigdemont fulminó al consejero de Empresa y Conocimiento por saltarse la consigna de ignorar en público las evidentes dificultades para celebrar un referéndum unilateral de independencia.
Baiget, hombre de confianza de Artur Mas, dijo en voz alta lo que muchos llevan meses murmurando en privado: que es muy posible que esa votación no llegue a celebrarse, al menos en los términos de pulcritud democrática que el Govern ha prometido. «El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum», dijo. El titular de Cultura, Santi Vila, asumirá las funciones de Baiget después de que el president firmara su destitución.
Puigdemont destituyó de forma fulminante a Baiget poco después de las 20.30 horas y después de que sectores del independentismo, entre ellos la CUP, hubieran pedido su marcha. Fuentes del Govern explicaron la medida por la «pérdida de confianza» del president en el ex consejero. Ambos se reunieron por la tarde y Baiget no opuso resistencia a su salida. No se descartan nuevas deserciones en los próximos días.
Puigdemont presentará hoy la «Ley del Referéndum», que según el Govern debe cobijar una votación a la que el Ejecutivo español se opone porque no se contempla en la Constitución. La Generalitat no podía permitir que, en el momento en que tiene previsto empezar la escalada de tensión para forzar al Gobierno a «moverse», uno de sus miembros pusiera en duda la posición oficial.
Santi Vila será el sustituto de Baiget. El titular de Cultura asumirá la cartera de Empresa y Conocimiento, que sumará a su área actual hasta que se le encuentre sustituto. Vila, una de las principales figuras emergentes del PDeCat, se ha distinguido hasta ahora por su calculada moderación. Durante la anterior legislatura, cuando era conseller de Territorio y Sostenibilidad, mantuvo una excelente relación con la entonces ministra de Fomento y hoy presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Paradójicamente, Vila había cargado ayer, antes de conocer su nombramiento y la destitución de Baiget, contra la CUP, a los que había tildado de «compañeros de viaje incómodos». «Lo que me haría, en un momento dado, abandonar el Gobierno catalán sería ver que estemos al dictado de la CUP», afirmó, a pocas horas de que Puigdemont diera cumplimiento a la solicitud de los antisistema de relevar a Baiget.
Otra voz crítica ha sido la del ex portavoz del Govern Francesc Homs que a través de Twitter ha dicho que no comparte la destitución de Baiget porque «es leal y comprometido» y que si se tiene que ir por unas declaraciones desafortunadas, «hay quienes sobran desde hace tiempo».
La presión judicial y la falta de concreción de los planes independentistas han hecho subir la tensión en el Govern. Puigdemont trabaja con un grupo reducido de colaboradores. No están en él todos los consellers de su Ejecutivo, que en realidad eligió Mas antes de dar su «paso al lado» obligado por la CUP.
«Mas entraba en todos los detalles en el día a día del Govern, sopesaba mucho los pros y los contras de las decisiones, era muy profesional», dijo Baiget en la entrevista de El Punt-Avui que provocó su destitución. Por contra, definió a Puigdemont como «mucho más explosivo», y añadió que «no entra en el día a día» y que «a la hora de trabajar con él es mucho más distante».
El cisma entre los pragmáticos y los que quieren tensar la situación se hizo evidente cuando Baiget afirmó que el independentismo ha «menospreciado» la «gran fuerza» del Estado. Y cuando, contra la estrategia del Govern de dar por seguro el referéndum, afirmó: «¿Se aprobará una norma legal catalana para que se pueda hacer? Sí. Pero en el minuto uno vendrá la suspensión y quizás tendremos que hacer una cosa diferente».
Para él, esa «cosa diferente» se puede «parecer» al «proceso participativo» (sin censo y sin validez jurídica) del 9-N de 2014. El Govern ha querido diferenciar en todo momento el referéndum de aquella movilización. Ayer, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, insistía en que la Generalitat considerará «vinculante» el resultado del 1 de octubre, y que se compromete a aplicar el resultado de esa eventual votación. Pero el ya ex consejero de Empresa y Conocimiento no opina lo mismo. «Lo único que hará que no sea un 9-N es que en vez de dos millones vayan cuatro millones a votar», dijo.
Baiget estaba encuadrado en el grupo de consellers del PDeCat –junto a Meritxell Borràs (Gobernación) y Jordi Jané (Interior)– más reticentes al choque de trenes que capitanean Puigdemont y Junqueras.
Los temores de algunos consellers se acrecientan porque sienten que el president no los tiene en cuenta. «Una parte del Govern no estamos en el núcleo duro de las decisiones y eso genera lo que genera. A mí no se me consulta la estrategia de lo que tenemos que hacer», afirmó ayer Baiget. En consecuencia, deberán tomar decisiones «con poco tiempo».
En la entrevista, el ex conseller admitió también que «da respeto» firmar los requerimientos del Tribunal Constitucional, y afirmó que temía por su patrimonio: «¿Ir a la cárcel? Yo podría aguantar tener que ir a la cárcel, pero no si van contra el patrimonio: pensemos en la familia… Nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias…».
Las palabras de Baiget cayeron como una bomba en los mismos sectores que ya cargaron contra Meritxell Borràs, cuando se declaró desierto el concurso para la adjudicación de las urnas del referéndum.
«Si no está en condiciones de afrontar los envites del Estado que deje paso a otra gente», dijo Benet Salellas (CUP) sobre Baiget antes de que Puigdemont lo destituyese.
Pero los antisistema –y amplios sectores de ERC– dudan también del compromiso de otros miembros del Govern. El ambiente en el Ejecutivo es convulso: la joven dirección del PDeCat, encabezada por Marta Pascal, afronta el reto de diferenciarse lo más posible de ERC y de la CUP, pero también de la herencia de Convergència. Al mismo tiempo, no puede apartarse del referéndum para que no les acusen de traidores.
Los neoconvergentes recuerdan que ellos son los únicos con miembros inhabilitados por la consulta del 9-N. Y, en privado, dudan de que Junqueras firme documentos que puedan acabar con su carrera política.