Imma Lucas-Vozpópuli

  • El prófugo no regresará a España hasta que tenga garantizada completamente su libertad de movimientos

Carles Puigdemont no va a volver a Cataluña, a España, para ser detenido. Esa sería su mayor derrota tras casi 9 años, los cumple en noviembre del presente, huido de la justicia. Que puede ser detenido lo sabemos todos, hasta Oscar Puente puesto que hay cuestiones pendientes aún en el Supremo. Su abogado, Gonzalo Boye, ha dejado claro que el expresident tiene una agenda muy clara. Sobre él sigue pesando la orden de detención dictada por el juez Pablo Llarena y que en ningún caso queda anulada pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE).

El Tribunal Europeo no dice si la Ley de Amnistía (LOA)  es constitucional porque eso lo dirá el Tribunal Constitucional (TC), ni cuestiona al Tribunal Supremo, por lo tanto no cuestiona a Llarena. Sí que viene a decir Europa que la LOA es compatible con los derechos de la Unión, es decir que el Congreso, guste o no, con 178 votos a favor y 172 en contra, consiguió aprobar esta Ley de Amnistía que está en vigor desde hace dos años y que no choca con los preceptos legales de la UE. Cierto es que la última palabra de la aplicación total de la ley orgánica la tienen los tribunales españoles, pero cabe destacar la importancia que supone lo decretado por el tribunal europeo, que supone una victoria para los independentistas, pero también para todos aquellos que la aprobaron, desde el gobierno a los partidos que le dan apoyo.

Pedro Sánchez y Salvador Illa piden garantizar la convivencia y la reconciliación. La sociedad lo necesita. No cabe escarnio con quienes ya cumplieron parte de condena en la cárcel como Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Carme Forcadell, Jordi Turull, Dolors Bassa o Josep Rull luego amnistiados. Las urnas son gran castigo, pero también cabe tener en cuenta que el Parlamento catalán, donde gobierna Illa en minoría tras conseguir una aprobación de presupuestos que le va a dar margen para acabar la legislatura, hay una bancada independentista que sigue estando ahí.

Por ejemplo, el presidente de la Cámara, la segunda autoridad de Cataluña, es independentista, fue juzgado y estuvo encarcelado durante tres años y medio por participar en el desafío al Estado que supuso la declaración unilateral de independencia del 2017. Es Josep Rull. Su condena inicial por sedición fue de 10 años y medio, pero llegaron los indultos y todos los participantes en aquel movimiento contra la Constitución salieron a la calle.

Los presupuestos de Illa

El presidente de la Generalitat aseguró que desde el primer día gobernaría para todos. Quizás por eso ha conseguido, tras una larga lucha, aprobar unos presupuestos, porque él desde la oposición recordemos que también dio apoyo a los presupuestos de Pere Aragonés, de ERC, esas cuentas públicas que heredó y con las que ha estado gobernando dos años Otra forma de hacer política, la de Illa, diferente a la de Sánchez que no ha presentado presupuestos en cuatro años..

Políticamente, el procés de 2017 fue un tsunami para todo el país, pero realmente donde causó un terremoto social, emocional, institucional y económico fue en Cataluña. Se ha logrado salir de aquello, una década después. Cabría ahora devolver a la política lo que nunca debió salir de la ella, que los servidores públicos hagan servicio público, que mejoren la vida de la gente o que se queden en casa si no sirven, porque nadie les obliga a ello. Las reglas del juego de la democracia son las que son y deben ser respetadas por todos. Los independentistas pelean  por una independencia que intentaron en 2017 y que jamás obtuvieron. Quizás aprendieron que deben pasar por el Congreso para conseguirlo, aunque se empeñen en que ‘lo volverían a hacer’..

Dejemos el sinsentido, volvamos a lo que se entiende por el “seny” catalán, que las urnas hablen, que los parlamentos actúen en consecuencia, que gobiernen los que obtengan mayorías, sin desmerecer a aquellos que en minoría también consiguieron apoyos. Tenemos muchos retos sociales, sanitarios, económicos, laborales. Merecemos una política con altura de miras, no con vagas promesas que no se van a poder cumplir, merecemos más paz de la que en general nos ofrece el campo de batalla en el que juegan –sí muchos sólo juegan- nuestros políticos.