Nunca se había visto que el Gobierno de la Nación se hiciera el loco y no asistiera al acto de toma de posesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “No nos invitaron”, se dolieron en el equipo de Gobierno del doctor Sánchez, mientras los entrantes dijeron que no fueron porque no quisieron. Hay que entenderlos. No es falta de respeto institucional, sino exceso de celo: para que no les tomasen por okupas. Magnanimidad, generosidad y concordia llaman a esto los sanchistas.

Resulta que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros los indultos para los golpistas catalanes, una medida sobre la que no hay acuerdo, pero que el presidente del Gobierno va a explicar en el Congreso a toro pasado, vale decir el 30 de junio. Daría igual que lo hubieran aplazado hasta septiembre. Su partido ha dicho amén hasta el límite de Emiliano García-Page, primer exponente de una resistencia que nadie se atrevería a calificar de encarnizada.

Oriol Junqueras considera que el indulto es un triunfo de su causa porque muestra las debilidades del Estado. También estaban por el indulto los empresarios catalanes que asistieron la semana pasada a las jornadas del Círculo de Economía. ¿Los catalanes? Quiá, también los españoles en la tan cualificada opinión como carente de fundamento, del presidente de la CEOE; luego lo matizó, aunque con un entusiasmo contenido, tipo García-Page. También estaban entre los leales los obispos, naturalmente. Y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que se apuntó a aceptar la panacea bajo unas condiciones improbables. Pablo Casado mantiene una posición firme contra los indultos, aunque no se puede decir que en esto le secunde todo su partido.

Define el joven Elordi los indultos como un mensaje del Gobierno “a los ciudadanos que sienten un profundo desgarro por la cárcel de sus líderes, y no tanto como una medida de gracia a los propios presos”, que no lo han pedido ni mostrado arrepentimiento.

Pedro Sánchez está empeñado en singular batalla con la justicia española y la ha llevado a Europa para que los tribunales europeos descalifiquen a nuestros jueces. Considera el Gobierno que España ha sufrido ante la justicia europea cuando “Bruselas, Alemania y Francia nos han quitado la razón en los tribunales” negándose a extraditar a Carles Puigdemont tramitando la euroorden desde el escándalo del fallo del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, un tribunal regional que le mojó la oreja a nuestro Tribunal Supremo.

El 5  de noviembre de 2019, a punto de cerrar la campaña electoral para las elecciones del día 10, Sánchez proporcionó una muestra de su lógica cazurra, hermanada con a que le llevó al reproche de que a un Gobierno del PP le hicieron un referéndum ilegal: “El Gobierno de Rajoy se dejó escapar a Puigdemont”. E hizo una promesa: “Yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas delante de la justicia”, dijo Pedro Sánchez. Hasta Pablo Iglesias mostró una cierta perplejidad por el curioso concepto del presidente Sánchez sobre la separación de poderes. No había razón para que la Justicia fuera el único ámbito inmune a la capacidad de emputecerlo todo que tiene el presidente.