¿Del franquismo, si fue la propia izquierda la que consiguió blindarla para su reforma ante los previsibles ataques de reaccionarios del franquismo? Quién les iba a decir a aquellos comunistas que serían sus sucesores, 40 años después, los mayores detractores de la Constitución, de los derechos y libertades que ellos conquistaron tras 40 años de franquismo, en un acuerdo histórico de todas las fuerzas políticas para superar la dictadura. Pues así ha sido y el problema, como tantos otros, se reduce a una cuestión de desconocimiento: el momento en que los eslóganes propagandísticos sustituyen al análisis de la realidad. “Muchos rojos imbéciles hablan de cambiar la Constitución antes de exigir que se cumpla”, dijo en algunas entrevistas Julio Anguita, irritado siempre con el facherío progre, que lo reduce todo a un ejercicio de simulación, de apariencia.

Cuando Anguita decía esas cosas contra los que entienden la izquierda como un concurso de poses y de modas, pura apariencia, banal superchería, siempre mencionaba algunos artículos de la Constitución española, como el 128, en el que se dice literalmente: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica”. El comunista cordobés lo decía porque, en efecto, acogiéndose a esa literalidad, él veía posibles sus sueños marxistas de intervención del Estado en el sistema económico español, la planificación que convierte al Estado en el principal actor de la economía de un país.

La protección de los bienes económicos privados en esa misma Constitución y, más allá, la pertenencia de España a la Unión Europea y al conjunto de Estados democráticos instalados en el sistema capitalista occidental, este punto medio de la evolución que conocemos como estado de bienestar, ha evitado toda tentación totalitaria en España. Lo curioso de todo esto es que cuando, por primera vez en la historia, tenemos un Gobierno de coalición formado por el centro izquierda (PSOE) y la extrema izquierda (Podemos) se produce una curiosa operación en el mercado financiero con la que se forma la mayor entidad bancaria de España, gracias a la fusión de Bankia con CaixaBank, en la que el Estado tiene un papel protagonista.

Como es sabido por todos, Bankia es una de las muchas cajas de ahorros españolas que, gestionadas principalmente por los partidos políticos, acabaron hundiéndose en la crisis financiera de 2007, a causa de una pésima gestión, especulativa por su atracción ante el becerro de oro del mercado inmobiliario, y corrupta por degeneración. La página negra de las cajas de ahorros en España se ha pasado sin la menor reflexión ni autocrítica, precisamente por la responsabilidad en la quiebra que tuvieron los distintos gobiernos autonómicos, esa nueva clase política nacida con la democracia.

El caso de Bankia es especial porque, además de su importancia financiera objetiva, fue el centro de un escándalo que, como se ha comentado otras veces aquí, supuso un punto de inflexión en el descrédito de las instituciones y la posterior caída del bipartidismo: el escándalo de las tarjetas ‘black’. En la confluencia de la peor crisis económica con una de las mayores etapas de corrupción, la gota que colmó el vaso de la paciencia, de la resignación ante el mal conocido, fue ese escándalo, la burla inadmisible de las tarjetas ‘black’ en la que una clase privilegiada de políticos se gastaba el dinero de todos en champán, perfumes y fiestas privadas. En ese pozo cayó Bankia, y el mal menor entonces fue que el propio Estado acudiera a su rescate con una inyección de 24.000 millones de euros. Ahí es donde llegan la fusión y las preguntas que debemos plantearnos ante este Gobierno de coalición donde, teóricamente, está representado desde el centro hasta la extrema izquierda.

¿Quién devuelve el dinero que el Estado le prestó a Bankia? Ya sabemos que, aunque no se trata de un préstamo formal, porque el Estado se lo cobró con una participación mayoritaria en la entidad, el 61,80% de las acciones, el compromiso era restituir íntegramente los 24.000 millones de euros. Los plazos de devolución se han ido pasando, Bankia ha enderezado su rumbo como entidad financiera y ahora que ha alcanzado ese acuerdo con CaixaBank, que dará como resultado la mayor entidad financiera de España, lo que resulta muy extraño es que nadie se haga la pregunta, que ningún actor político lo reclame.

La mera posibilidad de que el Gobierno, en sus componendas políticas catalanas, esté soslayando esa exigencia aumenta exponencialmente la necesidad de una aclaración. Si Esquerra Republicana, el socio independentista catalán del Gobierno de Pedro Sánchez, ya ha dicho que estará atenta a que la fusión repercuta en su “vinculación con las entidades financieras y el tejido productivo” de Cataluña, razón de más para que el resto de los españoles, de cuyos bolsillos salieron esos 24.000 millones de euros, nos preguntemos por el saldo de esa deuda. Aunque solo sea por la memoria revolucionaria del artículo de la Constitución que siempre recordaba Julio Anguita.