La Guardia Civil fue la institución más castigada por ETA y también una de las más estigmatizadas y deshumanizadas por su entorno. Sus miembros y familias convivieron con las amenazas, el señalamiento y el miedo, pero también con la indiferencia e incluso con la hostilidad de una parte de la sociedad vasca. Este premio quiere homenajear a todos ellos y recordar que detrás de cada uniforme había una persona, una familia y una vida que podía ser destruida por el terrorismo.

Se cumplirán quince años desde que ETA anunció el «cese definitivo» de su actividad terrorista. Este aniversario debería servir para recordar el papel de quienes contribuyeron decisivamente a que dejara de matar. Porque quienes justificaron, alentaron y ampararon durante décadas el terrorismo pretenden presentarse ahora como los artífices de la paz.

ETA llegó a 2011 profundamente debilitada por la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sus estructuras operativas habían sido desarticuladas, sus dirigentes detenidos, sus comandos perseguidos y su capacidad para cometer atentados, drásticamente reducida. No dejó de matar por una repentina reflexión ética, ni de los terroristas ni de quienes los respaldaban, sino porque años de trabajo, sacrificio y profesionalidad habían conseguido asfixiarla operativamente.

Si se hubiera perseverado hasta el final por ese camino, la derrota de ETA podría haber sido total: operativa, política, social y moral. Sin embargo, el poder político optó por negociar con la propia ETA las condiciones de su final, impidiendo así la verdadera derrota de ETA por el Estado de Derecho, que no ha llegado a producirse. Aquella decisión trajo consigo la legalización de sus brazos políticos, excarcelaciones fraudulentas justificadas con mentiras y la escenificación de un desenlace «sin vencedores ni vencidos». ETA y su entorno aprovecharon para presentar el abandono de las armas como una decisión voluntaria y generosa. Es un relato que falsea lo ocurrido, humilla a las víctimas y permite a quienes justificaron los asesinatos presentarse como constructores de la convivencia, lo que es rotundamente falso.

El trabajo de la Jefatura de Información no pertenece solo al pasado. Sus miembros continúan buscando pruebas, localizando a testigos, reconstruyendo hechos y aportando información a jueces y fiscales para intentar esclarecer los crímenes que han permanecido impunes durante demasiados años. Casi la mitad de las víctimas de ETA no han obtenido justicia, y son muy pocas las que han visto condenados a todos los participantes en sus atentados.

Los investigadores siguen trabajando porque se niegan a aceptar que el transcurso del tiempo convierta la impunidad en algo inevitable. Saben que detrás de cada crimen sin esclarecer hay una familia que continúa esperando saber la verdad. Su empeño mantiene abierta una remota posibilidad de verdad para quienes llevan décadas sin conocer quién decidió, preparó o ejecutó el asesinato de su ser querido.

Esa vocación de servicio público contrasta dolorosamente con el trato que las víctimas recibimos de otras instituciones. Esta misma semana, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco decidió dejar de comunicar a las asociaciones de víctimas las resoluciones penitenciarias relativas a presos de ETA. Lo hizo, además, atribuyéndonos de forma genérica una supuesta falta de transmisión de información y la filtración de aspectos protegidos, sin concretar ni acreditar sus acusaciones.

Resulta especialmente grave que el Gobierno vasco pretenda responsabilizarnos de las deficiencias de su propio sistema de información cuando muchas víctimas, también las no asociadas, han conocido sus decisiones penitenciarias gracias a nuestras denuncias públicas. Castigarnos por denunciar terceros grados y regímenes de semilibertad fraudulentos supone castigar también a las víctimas que confían en asociaciones como Covite. Es maltrato institucional.

Son dos formas radicalmente distintas de entender el servicio público. Mientras unos cierran el acceso a la información e intentan desacreditar a quienes fiscalizamos sus decisiones, la Jefatura de Información continúa buscando hechos, pruebas y testimonios para romper décadas de silencio e impunidad. Mientras unos parecen más interesados en dar por cerrado el pasado, otros se empeñan en esclarecerlo.

Por eso les concedemos hoy nuestro premio. Por combatir el terrorismo y la impunidad, siempre al servicio de la verdad y de las víctimas. Y por recordarnos, con su trabajo, que ningún crimen debería quedar olvidado simplemente porque vayan pasando los años.