ABC – 27/05/17
· La Moncloa ve «muy positivo» el apoyo de los empresarios al criterio del Gobierno.
· En una semana, el Gobierno de Rajoy ha endurecido de forma clara su mensaje frente al desafío independentista, hasta llegar a hablar de «golpe de Estado», de «atentado» al orden constitucional y de ataque a la convivencia en Cataluña.
Detrás de esta subida de tono hay un hecho ya asumido en La Moncloa: los independentistas están decididos a llegar hasta el final y no parecen dispuestos a frenarse con una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíba el referéndum. Los últimos movimientos de la mayoría secesionista en el Parlamento autonómico catalán, dirigidos a cambiar el reglamento para acortar al máximo los plazos y aprobar una ley de ruptura inmediata, hicieron saltar todas las alarmas. El Gobierno cree que los independentistas han entrado en el «sprint final» de su desafío al Estado de Derecho, y quiere que no exista ninguna duda de que lo parará con todos los medios legales disponibles.
En este contexto convulso, Mariano Rajoy llega hoy a Sitges para clausurar las jornadas organizadas por el Círculo de Economía, bajo el título de «Sociedad, Política y Economía en tiempos de incertidumbre». En la sesión del jueves, los empresarios catalanes respaldaron la invitación que el Gobierno ha hecho a Carles Puigdemont para que acuda al Congreso de los Diputados a exponer sus planes de forma democrática, y chequear así los aliados reales que tiene. En La Moncloa ven «muy positivo» este apoyo, que demuestra, a su juicio, «el cansancio de la sociedad civil» con el desafío secesionista. «La gente de Cataluña quiere que se aborden de una vez los problemas reales», comentaron las fuentes consultadas.
Rajoy volverá a insistir hoy en esa invitación para que el presidente de la Generalitat acuda a la sede de la soberanía nacional. Es una «carta» que el Gobierno tenía guardada y ha decidido jugarla ahora, para que se visualice la falta de apoyos que tienen en el Parlamento nacional. Pero, al mismo tiempo, es consciente de que los independentistas pretenden llegar hasta el final, y en un plazo corto de tiempo. En La Moncloa se reconoce que en las últimas semanas ha subido aún más la preocupación, pero no por la conferencia de Puigdemont en el Ayuntamiento de Madrid, ni por la carta que envió a Rajoy para exigirle una negociación que tiene decidido de antemano cómo debe acabar. La alerta se disparó al constatar que los secesionistas han pisado el acelerador y están dispuestos a cambiar lo que haga falta en el Parlamento autonómico para aprobar una ley de ruptura en un día y proclamar la independencia de forma inmediata.
Rajoy decidió que la respuesta debía ser contundente: no va a haber referéndum ni declaración de independencia. Y para impedirlo, el Gobierno hará «lo que haga falta», siempre dentro de la ley. «Estamos muy vigilantes, muy encima de cada movimiento y muy activos a la hora de actuar», confiesan en La Moncloa. Fuentes del Ejecutivo aseguran que habrá reacción ante cualquier maniobra, sin importar si el Parlamento habilita sesiones en pleno mes de agosto. «El Gobierno no se va a ir de vacaciones», admitía ayer un portavoz cualificado.
Reuniones de crisis
En la sede del Gobierno hay reuniones de crisis constantes, de las que no se da publicidad para no alimentar el victimismo de los nacionalistas. «Estamos viendo que no han cedido ni un milímetro, al revés, están acelerando sus planes de ruptura y el Gobierno tiene que reforzar su respuesta e impedir a toda costa que logren sus objetivos», explican. Las respuestas ante un posible referéndum o una declaración de independencia «están previstas en todos sus extremos, incluidos los procedimientos de actuación de determinadas autoridades e instituciones del Estado», advierten. Eso sí, evitan poner ejemplos concretos para hechos que aún no se han producido. Pero las «medidas coercitivas» están listas.
El portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, emplazó ayer a Puigdemont a recuperar el «sentido institucional» en lugar de amenazar con «atentados» al orden constitucional. Ante el regreso de Pedro Sánchez y su tesis de una España «plurinacional», el Gobierno reclamó «claridad» de ideas sobre el modelo territorial al PSOE y confió en que el 39 Congreso Federal desoiga la propuesta de su secretario general.
ABC – 27/05/17