La clave de la actual política española es el mito del eterno retorno. Casado duda entre volver al marianismo o al aznarismo. No sabe si tomar servicio o ponerse a servir. Y Sánchez vuelve a los cheques-vivienda de Zapatero; esto es, a la fase tombolera en la que derivó el post-felipismo en el otoño de 2007: a esa medida populista que el zapaterismo bautizó pomposamente como Renta Básica de Emancipación. El propósito es el mismo que entonces: ganarse el voto joven que se estrenará en las elecciones de 2022, como se estrenó en las de 2008: «Para los chavales, el balón y la bici, sartén o escobilla de váter para el ama de casa ¡y muñeco de peluche para la niña!»

El populismo de izquierdas se mueve entre el saqueo a la riqueza y el reparto de la pobreza. En realidad, la tómbola de Sánchez es una alternativa moderada al asalto a los cielos inmobiliarios que Podemos postula y en el que reside el factor de fricción entre ambos socios de Gobierno. La tómbola sanchista es populismo light contra populismo heavy. Lo que quiere Podemos en éste, como en todos los terrenos que pisa, es «joder a los ricos», o a los que ese partido califica de tales y que muchas veces no son más que los supervivientes de una clase media empobrecida por las crisis, los impuestos y una demagogia social con la que comulga la propia derecha. Los ricos en este caso son los jubilados que, después de cotizar a la Seguridad Social toda su vida, van viendo menguadas sus pensiones por un sistema de reparto que no valora su esfuerzo y han tratado de compensar esa solidaria injusticia ahorrando para la compra de una segunda vivienda, que es su hucha para la vejez.

Regular el precio de esos alquileres, fijarles un tope como reclama Belarra, es tender un sangrante cerco a su poder adquisitivo (¿quiénes son aquí los buitres?), además de una grosera forma de intervencionismo en el mercado que, por otra parte, también resultaría estéril si se aplica a los ricos de verdad, a los fondos de inversión tenedores de más de diez viviendas en alquiler. Lo único que se lograría es que éstos dejen de invertir en vivienda. En la misma dirección apunta Belarra cuando augura que esa nueva ley, pendiente aún de debate en el Consejo de Ministros, obligará a destinar el 30% de cualquier promoción inmobiliaria a vivienda social. Con eso no se logra que los pobres vivan en Pozuelo, donde vive medio PSOE, sino que en Pozuelo no se construya más. El peligro de esta falta de realismo populista es que haga buena la tómbola de Sánchez y la vuelta al pasado catastrófico, a los portátiles zapateriles, los cheques-bebé que no llegaron a los tres años, los minipisos de Trujillo, las bombillas de Sebastián…