Antonio Casado, EL CONFIDENCIAL, 28/4/12
El Gobierno quiere poner a los presos etarras en el buen camino a base de sesiones de educación para la ciudadanía y formación profesional. También a militantes del Grapo, narcotraficantes, yihadistas y, en general, a condenados por delitos cometidos en el seno de una banda organizada. Aún no sabemos si en esas ‘aulas’ de las que habla el ministro del Interior se mezclará a criminales de tan distinta laya. Quedamos atentos a la letra pequeña. Del trazo grueso nos enteramos ayer por una rueda de prensa del ministro, Jorge Fernández Díaz, en Luxemburgo. Aunque allí debe sonar bien una glosa sobre la libre circulación de capitales, no parece el sitio más adecuado para anunciar a la opinión pública española lo que se le ha ocurrido a un Gobierno ansioso por alistar a los descarriados en la causa de la legalidad.
El trazo grueso de las aparentes novedades explicadas por el ministro nos remite al P.I.R. No es ninguna iniciativa legislativa sino un programa de actuaciones bautizado como Plan Integral de Reinserción al servicio de quienes rompan con la banda (la que sea) de manera “clara, solemne y pública”. De nuevo echamos de menos la letra pequeña. No se sabe si a la solemne declaración de ruptura con la banda le bastarán las páginas de un periódico, el patio de la cárcel a la hora del recreo o algo parecido a los viejos autos de fe en la plaza del pueblo.
En esas estábamos cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se cruzó en el camino del ministro: “El plan no atribuye beneficio penitenciario alguno”. Según eso, nada de acercamiento a cárceles próximas a la residencia familiar del preso, nada de terceros grados, nada de permisos para trabajar en la calle, nada de redención de condenas. Entonces, ¿en qué se distinguirá el preso reinsertado del preso contumaz?, ¿de qué le servirá acogerse al plan a un terrorista arrepentido? Es evidente que si se apunta no lo hará sólo como paliativo íntimo de su conciencia atormentada. Por supuesto que no.
Se trata de aplicar el mandato de la reinserción (artículo 25 de la CE) con las leyes en la mano. Eso incluye la aplicación de ciertos beneficios penitenciarios a quienes se desvinculen de la disciplina de la banda y además pidan perdón a las víctimas, colaboren con la justicia y afronten su responsabilidad civil. Todo eso es totalmente legal, responde a procesos de reinserción individual ya iniciados en tiempos del ministro Rubalcaba, no altera la política antiterrorista del Gobierno (más bien la refuerza) y, entre otras cosas, en lo referido a ETA, invita a los reclusos a elegir entre sus jefes y el Estado de Derecho. O sea, entre el pájaro en mano que les ofrece el Gobierno (beneficios penitenciarios) y los ciento volando en el entorno de la banda (amnistía, negociación política y placa de mármol en la plaza de su pueblo).
En resumen, una decisión del Gobierno tomada con la cabeza y comunicada con los pies. Se ajusta a le ley, molesta a los amigos políticos de ETA y tiene el inequívoco apoyo del PSOE. Aunque en realidad no hay nada nuevo respecto a lo que ya venía haciendo el Gobierno anterior y ha seguido haciendo el actual, la torpeza de Fernández Díaz ha dado pie al cabreo de ciertas asociaciones de victimas del terrorismo y a la maledicencia de quienes ahora acusan a este Gobierno de ser con los etarras más amable que el anterior (ya lo ha soltado el inefable Alcaraz). Y todo eso era innecesario.
Antonio Casado, EL CONFIDENCIAL, 28/4/12