DAVID MATHIESON / Analista Político, EL CORREO – 21/06/14
· El jefe de Estado es solo una parte del rompecabezas del que depende el éxito y la estabilidad de un país.
Convocar un referéndum? ¿Debe ser España una república o una monarquía? Sin duda, el debate en torno a la sucesión de don Juan Carlos por el príncipe Felipe ha sido intenso y ha suscitado visiones dispares, pero las dos preguntas son una falsa dicotomía, un callejón sin salida.
El jefe de Estado es solo una parte del rompecabezas del que depende el éxito económico de un país y la estabilidad de su sistema político. La evidencia es clara. O mejor dicho, no está clara en absoluto. Hay repúblicas que funcionan muy bien y algunos de los países más exitosos en el mundo no tienen un monarca. Estados Unidos y Alemania son solo dos ejemplos. Otras naciones que han desarrollado economías vibrantes y democracias estables sí tienen un monarca, como el Reino Unido, Suecia y Japón.
Lo que hace falta para tener éxito en todos los casos es un conjunto de instituciones que sean fuertes e independientes: el poder ejecutivo del Gobierno, el Parlamento, el sistema judicial, los medios de comunicación y los funcionarios públicos se encuentran entre las más importantes. Cada institución tiene un papel imprescindible para proporcionar los equilibrios y contrapesos necesarios para el funcionamiento del sistema. El papel de jefe de Estado –ya sea en una monarquía o una república– es solo un fragmento del marco constitucional y con frecuencia la parte más simbólica.
Salta a la vista que España necesita cambios constitucionales profundos y estos deben ser discutidos y aprobados con urgencia. Pero la respuesta a la pregunta sobre la sucesión del rey Juan Carlos –república o monarquía– no es prioritaria, ni resolverá ninguno de los auténticos problemas a los que se enfrenta el país en la actualidad.
Casi todo el mundo está de acuerdo en que existen dos problemas graves para España en 2014. El primero es la crisis económica junto al nivel de desempleo. Una generación entera de españoles está siendo marginada con una tasa de paro por encima del 50%. Los efectos ya son malos y serán aún peor en los años venideros. En segundo lugar, la brecha entre la clase política y los votantes es abismal. Los políticos de todos los partidos y en todos sus escalones han perdido credibilidad y legitimidad, lo cual es una tendencia peligrosísima para una democracia.
Un referéndum sobre si España es una república o una monarquía no resolvería ninguno de estos acuciantes problemas. Los que se manifiestan a favor de un referéndum deben exigir algo más importante: una comisión de sabios que formule propuestas radicales para una nueva agenda nacional, por ejemplo:
– Una reforma del sistema electoral. El sistema actual de listas cerradas concede demasiado poder a los burócratas de los partidos en Ferraz y en Génova. Y cuanto más poder tiene la maquinaria del partido, menos poder tiene el pueblo. Tal como está el sistema lo que más le importa a un parlamentario es su relación con la sede central de su partido para que mantenga su lugar en las listas ante las siguientes elecciones. Lo que menos le importa es la relación con los votantes. Es una dinámica que debe cambiar. Hay una salida sencilla: los parlamentarios a nivel regional o nacional deberían tener (y por lo tanto defender) su propio distrito electoral, tal como se hace en muchos otros países.
– Mayor transparencia en la Administración pública. La transparencia es una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción y para comprobar que hay una participación real de la sociedad en las cuestiones públicas. Muchas organizaciones internacionales, como la Comisión Europea y la OCDE, han identificado la falta de información de las instituciones públicas españolas como un problema grave. La reforma propuesta por el Gobierno es, a todas luces, insuficiente.
– Una reforma profunda del sistema judicial. Es necesaria una transformación del sistema de justicia, de arriba hacia abajo, para que sea mucho menos politizado y mucho más ágil. La doctrina de la separación de poderes exige que los jueces sean independientes de la política. Sin embargo, muchos jueces españoles no parece que sean conscientes de ello, provocando una vergonzosa separación entre magistrados progresistas y conservadores. Hay un dicho que afirma que ‘la justicia retardada es justicia denegada’. Pues sí, la lentitud de los procesos judiciales en los tribunales españoles significa que, con frecuencia, la justicia se niega a muchas personas.
– Una resolución rápida al problema autonómico. Se trata de un debate estéril en el que España ha perdido demasiado tiempo y energía. Hay otras cuestiones públicas mucho más importantes. ¿Cómo mejorar el sistema educativo para que nuestros jóvenes estén preparados para el siglo XXI? ¿Cómo desarrollar un modelo económico para que España pueda competir en los mercados globales? Estas son las discusiones necesarias para resolver problemas reales de muchos españoles. Si el inquilino de la Zarzuela es un rey o un presidente es lo que menos debe preocuparnos.
DAVID MATHIESON / Analista Político, EL CORREO – 21/06/14