El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, escuchó ayer en el salón de las visitas de la sede de la Presidencia del Gobierno vasco lo mismo que ya le han dicho en otras ocasiones el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar: un «ya veremos» que para Sánchez es una puerta abierta para que los nacionalistas vascos se sumen a partir del 1 de octubre a la subcomisión que pretende activar en el Congreso de los Diputados para abordar su ansiada reforma constitucional. Sánchez intentó ganarse los primeros aplausos antes de la cita de casi dos horas en Vitoria al declarar que «dentro de España hay una nación que se llama País Vasco».
La calculada ambigüedad del tándem Urkullu-Ortuzar incorpora en 2017 factores muy distintos a cuando recibieron el año pasado, en el mismo salón, al entonces candidato a la Presidencia del Gobierno. El lehendakari Urkullu y el presidente del PNV han encontrado en la debilidad de Mariano Rajoy un filón para hacer posible la reclamación de la denominada «agenda vasca» y, además, pretenden pivotar sobre la Disposición Adicional Primera de la Constitución una reforma del Estatuto de Gernika que, de momento, hiberna en una ponencia en el Parlamento vasco.
¿Qué ofrece Sánchez a los nacionalistas vascos, a los que les llueven las loas del presidente del Gobierno y tras blindar su soberanía fiscal hasta 2021? Fundamentalmente un hipotético cambio constitucional en el que el término «plurinacional» facilite las demandas de un PNV que, en función de su presencia institucional y de las encuestas demoscópicas, ha encontrado el lugar exacto del escenario político en Euskadi que le permite seguir sumando adeptos.
Sánchez, que fue a la reunión acompañado por la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, cuenta con la baza que le otorga la presencia de los socialistas vascos como socios de los nacionalistas en las instituciones más importantes de Euskadi. El líder del PSOE intentó activar la condición del PSE-EE de alternativa en Euskadi al PNV pese a que los responsables institucionales socialistas permanecen diluidos bajo el liderazgo del lehendakari, de los diputados generales y de los alcaldes de las tres capitales.
Sánchez sí que se comprometió a apoyar desde Madrid la pretensión de Urkullu y Mendia de conseguir la gestión de la Seguridad Social en Euskadi, un asunto peliagudo y que, como dejó claro la ministra Fátima Báñez el pasado martes en Vitoria, no supondrá que el Gobierno vasco recaude las cotizaciones de los trabajadores para pagar las pensiones.
Ante el lehendakari, Sánchez también se comprometió a presionar para la transferencia de las prisiones y compartió con Urkullu un cambio en la política penitenciaria para acercar a los presos de ETA «dentro del marco de las posibilidades vigentes».