Los juristas estamos disfrutando mucho con lo del aire acondicionado. Con cuatro palabras nos excitamos: ¿quién tiene la competencia? La planificación económica general es ‘del Estado’. Ah, esa expresión. Como si las comunidades autónomas no fueran Estado. Las ambigüedades terminológicas de la Constitución han tenido consecuencias; fíjense en la idea que nuestras seudonaciones se han hecho de la naturaleza de las instituciones y del poder territorial. Volviendo a lo nuestro, compete a las autonomías gestionar sus edificios, lo que evidentemente incluye regular el termostato. ¿Quién tiene la competencia? De ahí salen sobremesas formidables, sobre todo en el gremio de los administrativistas, los laboralistas y los constitucionalistas (los de verdad, no los esforzados que ignoran el concepto de democracia liberal).

Como tantas cosas que acaban en el Tribunal Constitucional, encierra algún interés el debate doctrinal y ninguno la sentencia, que podría llegar cuando Feijóo acabe su segunda legislatura. En cuanto al frustrado límite de 27 grados, habría suscitado discusiones literalmente acaloradas este agosto. Sin embargo, en su línea, el Gobierno de ‘Viva la Gente’ detectó su nueva chapuza después de publicarla en el BOE y airearla. Nunca mejor dicho. Así que se impone la legislación laboral y solo se puede torturar a 25 grados. La discusión se mantiene, menos candente, y expulsa a los laboralistas. 27 grados era ilegal a fuer de cruel. ¿Por qué no levantó la mano en el Consejo de Ministros la titular de Trabajo? ¿O por qué no la llamaron para preguntárselo si es que estaba de gira? Algún subordinado debería saberlo.

A posteriori recalcan las excepciones para hospitales, peluquerías y tal. Era de sentido común, aunque los cómicos de Sánchez no hubieran concretado. Se empeñan en no consultar, ¡con la legión de asesores a dedo que poseen! Quizá ninguno toque el Derecho laboral. Sepan en esa casa de artículos de broma que el sentido común siempre lo tienen a mano, aunque les parezca estrambótico, aunque les chirríe.

Pregúntense antes de lanzar sus bombas fétidas en forma de decretos si no estarán pisando leyes que prevalecen. Claro que, acostumbrados a revolcarse sobre la Constitución, a hacerse sus necesidades de pacto sobre ella, a estirarla como un chicle, a reservar sus títulos, capítulos y artículos para su guerra de almohadas, es normal que se desentiendan de todo el resto del ordenamiento jurídico, siempre jerárquicamente por debajo de la Carta Magna. De cara a evitar futuros ridículos, les propongo aplicar la racionalidad, aunque no sepan Derecho. O aunque sabiéndolo hayan resuelto ponerlo a su servicio, ya sea porque el ministro es cafre, ya sea porque se adhiere al uso alternativo del Derecho, esa justificación metajurídica gracias a la cual, por ejemplo, los jueces progresistas legislan. Retengan esto, amigos: el Derecho siempre es racional. En realidad es la razón, la Razón vestida de sociedad y revestida de fuerza vinculante. Anímense y abandonen el lado oscuro, que gobernar desde las Luces luce más.

No vaya a ser que en esa huída de las Luces que define a la nueva izquierda (irracionalista pese a sus orígenes o, si lo prefieren, relativista cognitiva, que es lo mismo) se halle la explicación última de una obsesión sanchista: dejarnos a oscuras. Siendo ustedes inteligentes –en otro caso no tendrían este diario en las manos o en pantalla–, ya sabrán a estas alturas que apagar las ciudades de noche es el chocolate del loro. Mi tesis fue expuesta en estas páginas: se trata de una teatralización. No me repetiré. ¿En cuánto contribuyen ‘las medidas de Sánchez’ a recortar un 7 por ciento el consumo de gas? ¿Dónde están los números? ¿En qué se basan esas prohibiciones que, por mucho que las maquee la prensa sanchista, exceden las medidas del resto de Europa en iluminación urbana? En efecto, las ciudades que se han puesto a ello se limitan a apagar monumentos (no todos) y sedes de la Administración Pública. Allá donde se restringe la publicidad lumínica de comercios, caso francés, no se incluye a ciudades con más de 800.000 habitantes, y el apagado es a la una de la madrugada, no a las diez de la noche. Aunque según los palmeros de Sánchez, Francia piensa hacer lo mismo que España. Piensa hacer.

Por supuesto, nadie se plantea el lucro cesante, la previsible caída del consumo en hostelería, restauración, entretenimiento, taxis. No apetece salir a pasear, y menos aún a divertirse, en ciudades oscuras y, por tanto, inseguras. Para la mente simple, lo que no se ve no existe. Pero existe: los ingresos de sectores clave en el PIB y en el empleo se resentirán. Más sentido tendría invertir ahora en una iluminación y una construcción más eficientes. Parece que Madrid se dispone a ello. Si es así, estaremos ante una regla sin excepciones: Ayuso siempre pone en evidencia al Gobierno Sánchez, se le adelante en todo y acaba viendo sus políticas imitadas tras un tiempo de linchamiento mediático.

Curiosamente, la ministra Calviño, que parecía lista, lanza este reproche a la presidenta madrileña: «Un real decretó ley hay que cumplirlo. Ya estamos acostumbrados a este tipo de respuestas de la señora Díaz Ayuso, que siempre demuestra falta de solidaridad y egoísmo». Ojo, a lo mejor es lista, pero para saber si es intachable estoy esperando a que diga algo de este tipo: «La Constitución y las sentencias judiciales hay que cumplirlas. No podemos acostumbrarnos a este tipo de incumplimientos del Gobierno catalán, que siempre demuestra falta de solidaridad, egoísmo y desacato. Amén de practicar la sedición».