La polémica con la Ley de Nietos no gira solo en torno a la inmigración o a la memoria histórica, sino en torno al poder. El Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando las regularizaciones masivas y la aplicación agresiva de la llamada Ley de Nietos no solo como instrumentos administrativos o políticos, sino como mecanismos para alterar el cuerpo electoral tanto a nivel nacional como autonómico.

Además, ni siquiera lo esconde. Los vídeos del PSOE en Buenos Aires y otros ejemplos reflejan una estrategia deliberada, ya aplicada en el pasado. Sánchez quiere que voten quienes no sufren sus políticas ni pagan su despilfarro. España no quiere a Sánchez y Sánchez cambia a España.

La oposición se equivoca cuando afirma que no está en contra de nacionalizar descendientes de emigrantes, pero exige transparencia, garantías y ausencia de opacidad. Ya les han engañado. Sánchez va por delante y va a acabar con la oposición por la puerta de atrás.

El objetivo es que el PSOE gobierne siempre y que tome el poder en las comunidades autónomas donde hoy no puede ganar, alterando el censo.

El primer error de la oposición es pensar que el gran reemplazo no se ha producido. El impacto del voto extranjero es muy evidente.

El PSOE, no por casualidad, gana escaños con muy pocos votos. Con esta regularización y nacionalización masiva, el PSOE busca amplificar el reemplazo electoral.

El censo exterior hoy es de unos 2,33 millones de electores (inscritos en el CERA para las generales de 2023). En las elecciones de 2023 votaron alrededor del 10% (unas 233.000 papeletas).

El objetivo del PSOE es multiplicar la cifra del censo exterior, prácticamente duplicarla, y hacerlo sesgando el proceso en países con nula transparencia o fuerte control de la izquierda, para que se convierta en el arma electoral que silencie a la mayoría que vive y tributa en España.

Esos 233.000 votos CERA se comparan con una ventaja estatal del PP sobre el PSOE en 2023 de algo más de 330.000 votos en el total nacional, lo que explica que el efecto neto en escaños fuera muy limitado.

El Gobierno ha encadenado procesos de regularización y vías rápidas hacia la nacionalidad que suman ya más de un millón de nuevos residentes

Ahora, multiplica el censo exterior y la participación, añade falta de control en el proceso, concentra el voto exterior en la comunidad que más te beneficie y junta el riesgo de fraude en países como Cuba o Nicaragua y en provincias tomadas por el peronismo como Buenos Aires, y tienes la receta perfecta para alterar unas elecciones a favor de la izquierda y poner en marcha un ejercicio que desplace gobiernos autonómicos uno a uno.

La diferencia de votos entre PP y PSOE en las elecciones generales de 2023 fue de unos 330.870 sufragios a favor del PP a nivel estatal, que se tradujeron en 137 escaños para el PP frente a 121 para el PSOE.

Una ventaja exigua en términos de voto popular y de representación parlamentaria, pero suficiente para que el sanchismo entienda que cualquier modificación del censo, aunque sea de algunos cientos de miles de votos, puede alterar de forma decisiva la aritmética del Congreso.

Sobre ese margen tan estrecho, el Gobierno ha encadenado procesos de regularización y vías rápidas hacia la nacionalidad que suman ya más de un millón de nuevos residentes con papeles en esta legislatura, y ha abierto la puerta a que, en los próximos años, el número de nacionalizados ascienda a cerca de dos millones adicionales.

El diseño político de esa estrategia pasa, además, por concentrar buena parte de estos nuevos votantes en circunscripciones como Madrid y otras provincias muy pobladas, donde se reparten más escaños y donde unos pocos puntos porcentuales pueden decidir varios diputados.

El segundo error es asumir que esos extranjeros nacionalizados votarán de manera aleatoria entre distintas opciones políticas y que, por tanto, el efecto neto será irrelevante. Quien sostiene eso finge ignorar que el propio Gobierno ha vinculado su discurso, sus campañas y sus medidas a un relato de “salvación” para estos colectivos, construyendo deliberadamente una relación de dependencia política y económica.

Pretender que ese bloque de votantes no tendrá una inclinación mayoritaria hacia el partido que les ofrece papeles, ayudas y un relato identitario es, como mínimo, ingenuo.

La concesión de nacionalidad y las regularizaciones masivas no se están utilizando como una herramienta neutral de gestión migratoria, sino como un instrumento de ingeniería electoral diseñado y promovido desde un sesgo ideológico evidente, con el objetivo de consolidar un nuevo caladero de votos que compense el desgaste del PSOE entre las clases medias, los jóvenes y los contribuyentes netos.

Esta misma semana han vuelto a publicarse datos, denuncias y contratos que apuntan en una misma dirección: un crecimiento acelerado del número de potenciales nuevos votantes, una gestión opaca de parte del proceso en países sin seguridad jurídica como Cuba y un uso cada vez más descarado del argumento moral para blindar una operación de enorme impacto institucional.

La llamada Ley de Nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática, se presentó como una medida de aparente reparación histórica. Sin embargo, su despliegue se ha hecho de manera generalizada y ha abierto un proceso de nacionalización de enorme escala, con especial intensidad en países como Argentina, México y Cuba, que concentran una parte relevante de las solicitudes.

La suma de regularizaciones y nuevas nacionalidades podría inflar el censo madrileño hasta un 10%

La última acusación es haber utilizado una instrucción administrativa para ampliar de forma ilegal el alcance de la Ley de Nietos y permitir nacionalizaciones masivas en fraude de ley. Se habría extendido el derecho a la nacionalidad a descendientes de emigrantes que no han acreditado un exilio político, ideológico, religioso o por orientación sexual, tal y como exigía el texto original de la Ley de Memoria Democrática.

La cuestión se vuelve todavía más delicada cuando se examina cómo se está tramitando esa expansión. El Consulado de España en La Habana ha recurrido a un contrato de más de 1,1 millones de euros con el Grupo Palco, un conglomerado estatal de la dictadura cubana, para reforzar la gestión de expedientes vinculados a la Ley de Memoria Democrática.

Es decir, parte de un proceso extremadamente sensible para la nacionalidad y, por extensión, para el censo, depende de estructuras vinculadas a una dictadura cuya transparencia administrativa es inexistente.

A ello se suma otro elemento relevante. Ya en 2025 se publicaron informaciones sobre un mercado negro de documentos falsificados en Cuba, detectado a partir de alertas de archivos eclesiásticos españoles, con certificados y partidas manipuladas para respaldar expedientes de nacionalidad.

Cuando la documentación que da acceso a la nacionalidad se gestiona en un entorno opaco y, además, existen indicios de fraude documental, la duda deja de ser anecdótica y pasa a convertirse en un problema institucional de primer orden.

El asunto no se limita a la Ley de Nietos. Coincide, además, con el debate sobre las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes y con el efecto político que estas pueden tener sobre el censo en comunidades decisivas.

El volumen real de solicitudes ligadas a ese proceso ha superado con creces las previsiones iniciales del Ejecutivo, hasta el punto de que Extranjería habría calculado un impacto muy superior al públicamente reconocido, cercano a los 1,3 millones.

Todo esto no es casual. La suma de regularizaciones y nuevas nacionalidades podría inflar el censo madrileño hasta un 10%, con consecuencias directas sobre el reparto de escaños. La asignación de nuevas nacionalidades a comunidades y regiones se realiza de manera arbitraria que coincide, y no sorprende, con aquellas circunscripciones donde se disputan más escaños.

Aquí es donde el paralelismo con Venezuela resulta importante, porque el mecanismo político recuerda a prácticas ya vistas en otros países. En la Venezuela de Hugo Chávez, la oposición denunció que el régimen utilizó programas de regularización y naturalización masiva, como la llamada Misión Identidad, para ampliar el cuerpo electoral antes de momentos decisivos como el referéndum revocatorio de 2004. Las cifras fueron enormes.

Distintas informaciones de la época y referencias posteriores hablan de más de 200.000 extranjeros naturalizados en un corto espacio de tiempo, con la promesa de seguir ampliando el proceso. El chavismo justificó la medida en términos sociales y de inclusión, pero quedaba claro que el verdadero objetivo era construir una nueva base electoral favorable al poder.

Ese es precisamente el paralelismo con España. Se presenta una operación como reparación histórica o regularización humanitaria cuando su efecto más relevante es la modificación del censo, organizada, además, con la intención de que coincida con los países donde pueden movilizar una mayor cantidad de voto hacia el PSOE con muy pocas garantías de transparencia.

La comparación con otros países también ayuda a entender el patrón. En México, bajo el ciclo político de Morena y ahora con Claudia Sheinbaum, el debate gira menos en torno a naturalizaciones y más en torno al uso masivo de padrones y programas sociales que alcanzan a decenas de millones de familias.

El mecanismo no es idéntico, pero la lógica política sí es la misma: consolidar una mayoría estructural ampliando y gestionando desde el poder los colectivos directamente dependientes del Estado.

El denominador común es claro: gobiernos de corte autoritario que usan mecanismos democráticos para alterar el voto a su favor, utilizando herramientas administrativas, demográficas y asistenciales para fortalecer una mayoría política cuando los apoyos reales desaparecen.

Sánchez sabe que los españoles no le apoyan, así que ha montado un sistema para cambiar a los españoles. Busca votos entre quienes no sufren sus políticas y no tienen obligaciones en nuestro país.

Eso es lo que vuelve tan delicado el caso español. No se trata solo de inmigración, memoria o nacionalidad. Se trata de quién vota, dónde vota y cómo puede alterarse el equilibrio institucional mediante decisiones formalmente legales pero políticamente orientadas.

El sanchismo no se esconde. Está impulsando de forma simultánea regularizaciones masivas, ampliaciones aceleradas de nacionalidad y mecanismos de tramitación externalizados con contratos opacos.

La exigencia de controles extraordinarios debería ser absoluta y, sin embargo, los mecanismos de control y de verificación se han demolido. El sanchismo utiliza la memoria democrática para convertirla en un cambio demográfico que le beneficie ante la evidencia de unas encuestas que le envían a la oposición.

Existe una última trampa política que conviene desmontar. El Gobierno intenta presentar estas políticas como parte de una estrategia de crecimiento económico, apoyándose en el aumento de población, empleo y PIB agregado.

Carlos Cuerpo afirma confiar en las regularizaciones para mantener un crecimiento del PIB de más de un 2%. Sánchez afirma que el PIB español caería un 19% sin inmigración, algo que es completamente ridículo, pero que refleja la evidencia de que solo buscan dopar el dato agregado. Dopar el PIB con más inmigración no resuelve los problemas de fondo de la economía española.

España sigue arrastrando un grave problema de productividad, que continúa rezagada frente a la media de la UE. Tampoco corrige la pérdida de poder adquisitivo que sienten muchos hogares cuando los salarios brutos avanzan menos que el coste de la vida y la presión fiscal y de cotizaciones erosiona la renta disponible neta real.

Y, sobre todo, no soluciona el viejo problema de convergencia: España permanece por debajo de la media de la Unión Europea en PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo y sin convergencia real desde 2018.

Cambiar el tamaño del censo puede alterar las elecciones de manera artificial. Inflar el PIB por población puede maquillar unas décimas de crecimiento. Pero ni una cosa ni la otra arreglan la debilidad productiva, la caída de los salarios reales netos ni la falta de convergencia de España con la Europa más próspera.

Sánchez usa ingeniería demográfica para perpetuarse en el poder cuando los casos de corrupción y el fracaso de gestión se amontonan a su alrededor.

La oposición no puede ponerse de perfil ante esta operación. Estamos hablando del mayor asalto a la democracia desde la dictadura. No se puede caer en el error de pensar en un proceso de implementación de la nacionalización de descendientes de emigrantes que vaya a ser neutral y transparente.

La propia Ley de Memoria Democrática está concebida con un objetivo muy claro: eliminar a la oposición de centro-derecha desde el guerracivilismo y la revisión de la historia, utilizando ahora el censo como arma. Unos cuantos cientos de miles de votos cambian resultados electorales y cambiarán gobiernos en la mayoría de las comunidades autónomas.

Cuando la avalancha de nuevos votantes supera cualquier cifra testimonial para convertirse en un cambio radical y en toda regla del censo, ignorar la estrategia del sanchismo es suicida. No es reparación, solidaridad ni memoria democrática. Es asalto a la democracia, toma de poder e ingeniería social.