Un viejo proverbio sostiene que quien pone nombre a las cosas comienza a apropiarse de ellas. Y aunque Olivier Blanchard, uno de los referentes de la economía keynesiana, todavía no ha bautizado la propuesta, su idea de que estamos ante un nuevo paradigma fiscal se abre paso en el mundo académico y político.

¿Qué es lo que sugiere el economista francés (aquí expresado de forma sucinta)? Pues ni más ni menos que, en lugar de observar el endeudamiento público en relación al PIB (un 114,1% en septiembre en el caso español), se mire con mayor atención el coste de financiar la deuda. Es decir, los gastos en que incurre una Administración para costear su endeudamiento y que, según prevé el Gobierno, se situará en el 2,3% del PIB al finalizar 2020 (por encima del 4% al comienzo de la anterior crisis).
La propuesta en sí no es muy original y, de hecho, muchos gobiernos, también el español, presumen de que aunque la deuda en relación al producto interior bruto (PIB) no para de crecer (nada menos que 20 puntos el año pasado a consecuencia de la pandemia), su coste en términos absolutos (25.936 millones en 2020) se encuentra en niveles muy reducidos respecto del pasado inmediato.Es más, España paga hoy por su deuda pública 4.721 millones menos de los que abonaba en 2016, cuando el endeudamiento en relación al PIB se sitúa ahora 25 puntos por encima del que existía entonces. Lógicamente, por la brutal caída de los tipos de interés, que beneficia a los países más endeudados. El tipo de interés medio que paga el Tesoro se sitúa en el 1,85%, cuando en 2007 lo hacía al 4,52%. Y en las nuevas emisiones a largo plazo (que son las relevantes) es cercano a cero.

¿Por qué, entonces, es importante el nuevo paradigma del que habla Blanchard? Pues ni más ni menos porque, en su opinión, y dado que los riesgos de inflación elevada son residuales por razones estructurales (globalización, avances tecnológicos, envejecimiento, altas tasas de ahorro o superávit por cuenta corriente en las economías avanzadas), como lo demuestran las expectativas planas de tipos de interés a largo plazo, la política fiscal está llamada a sustituir a la política monetaria. Entre otras razones, asegura el antiguo jefe de economía del Fondo Monetario Internacional (FMI), porque con tipos de interés cero o, incluso, negativos la eficacia de la política monetaria (que además siempre tiene dificultades de transmisión a los agentes económicos a través de la banca) deja mucho que desear.

Evitar la quiebra

Pero también porque los bancos centrales seguirán comprando toda la deuda pública que sea necesaria para restañar las heridas de la pandemia y evitar la quiebra de países muy endeudados y con baja productividad. Incluso, a costa de hacer todavía más difusa, como dice el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, la frontera entre política monetaria y fiscal. La posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) se adentre en el proceloso mundo de los tipos de interés negativos se antoja hoy extremadamente arriesgada.

Eso quiere decir que si se cumple el horizonte de inflación y tipos de interés extremadamente bajos que prevé Blanchard para los próximos años, la monetización de los déficits públicos, aunque sea por la puerta de atrás, toma carta de naturaleza. O, lo que es lo mismo, los gobiernos y el propio BCE (siempre que el Tribunal Constitucional alemán no lo lleve a Luxemburgo y lo gane) harán una lectura a beneficio de inventario del artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe expresamente que el Banco Central financie directamente a cualquier Administración mediante descubiertos en su balance.
Y en eso están, precisamente, todos los gobiernos en mayor o menor medida, también los más endeudados. En tirar la casa por la ventana en aras de sortear la pandemia económica. Todos o casi todos, porque algunos, como el español, están arrastrando los pies pese a que tanto el BCE como el FMI o la OCDE no dejan de repetir el mantra de nuestro tiempo a la luz de la pandemia. Por cierto, muy distinto al de la anterior crisis: es hora de la política fiscal (en lo que no se ha cambiado es en las reformas estructurales). O, lo que es lo mismo, lo relevante es evitar que la duración de la pandemia quiebre el tejido productivo sano, que es el que hay que salvar a toda costa.

Un Gobierno ‘tacaño’

No es el caso, desde luego, del Gobierno español, cuya respuesta fiscal al coronavirus se sitúa en la cola, como revela el último informe de Bruegel, uno de los principales ‘think tank’ europeos y que periódicamente actualiza las cifras que proporcionan los propios estados.

Según ese informe, España ha destinado el 16,9% de su PIB sumando las ayudas de carácter inmediato, los aplazamientos de pago o las garantías en forma de avales, muy por debajo del 48,7% de Italia, el 28,1% de Bélgica o del 19,1% de Portugal, países con mayor nivel de deuda pública (1,3 billones hasta octubre). Y, por supuesto, muy lejos del 39,9% de Alemania o del 28% de Francia. Y, desde luego, a bastante distancia del Reino Unido (25,7% del PIB), uno de los pocos países cuyo Banco Central ha monetizado el déficit sin que se le caigan los anillos. En EEUU, las ayudas públicas equivalen al 14,3% del PIB, pero hay que tener en cuenta que los datos de Bruegel se refieren a abril de 2020, por lo que no incorporan los últimos paquetes de estímulos ya aprobados (900.000 millones de dólares el último) ni, lógicamente, el que ha anunciado Biden, que se situará, previsiblemente, cerca de los dos billones de dólares.

Por el momento, lo que se sabe es que en 2021 no habrá retirada de estímulos. La Comisión Europea, a la luz de los planes presupuestarios, ha calculado que los recortes de los impuestos indirectos y el aumento de la inversión pública constituirán más del 60% de las medidas fiscales este año.

No es un tema menor. Y no solo porque las ayudas públicas en un contexto como el actual son fundamentales –»si te obligan a cerrar, tengo que compensar», decía de forma muy gráfica recientemente el jefe de estudios de CaixaBank, Enric Fernández–, sino porque las transferencias públicas son determinantes en términos de desigualdad. Y lo que revelan las estadísticas de la OCDE no son, precisamente, buenas noticias para España.

Ayudas públicas y desigualdad

El coeficiente Gini antes y después de las ayudas públicas sitúa a España en una discreta posición. Mientras que los impuestos y transferencias rebajan la desigualdad 18 puntos (pasa de 51 a 33 sobre 100), en Francia la desigualdad se reduce en 23 puntos, ligeramente por encima de los 21 de Alemania y por debajo de los 24 de Irlanda, lo que da idea de la importancia de las ayudas públicas.

Es decir, las transferencias no solo ayudan a evitar la desaparición del tejido productivo ya existente, y que a la larga es mucho más caro recuperar, ya que mientras tanto hay que pagar desempleo y sufrir una merma de la recaudación, sino que también afecta a los niveles de desigualdad. Por eso, Blanchard, ha hablado de evolución o revolución. Habrá que elegir.
Y no hay mucho tiempo. La cláusula de salvaguardia, que permite a los gobiernos escapar de las exigencias de ajuste previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en determinadas situaciones, como una recesión grave, continúa activada. Y es muy probable que así siga en 2021, como ha recomendado la propia Comisión Europea.

vulnerables a la pandemia (por su eficacia en la lucha contra contra el virus y por su modelo de crecimiento) presionen para acabar con la barra libre del BCE que habilita el aumento del gasto público. Al menos hasta marzo de ese año, que es cuando deberá revisar su estrategia.

A partir de entonces, ya no habrá posibilidad de tirar del endeudamiento puro y duro para estimular el crecimiento. Y menos si las ayudas que deben tener carácter temporal se convierten en estructurales sin que, en paralelo, se obtengan nuevos recursos para hacer sostenible ese gasto. Ya Bruselas ha advertido a algunos países, entre ellos España, que «dado el nivel de su deuda pública y los notables retos en cuanto a la sostenibilidad a medio plazo…, es importante garantizar que, cuando se adopten medidas presupuestarias de apoyo, se preserve la sostenibilidad fiscal a medio plazo».
Es más, la propia Comisión, como recordaba recientemente el BCE, ha aclarado que, cuando las condiciones económicas lo permitan, los estados miembros «deberán aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión». El tiempo vuela. O ahora o nunca.