Aunque el candidato a la presidencia del Gobierno en la moción de censura ‘constructiva’ de pasado mañana sea el líder de Vox, Santiago Abascal, asistiremos a un debate sobre el estado de la nación protagonizado por Pedro Sánchez y Pablo Casado. El que tiene el poder y el que aspira a tenerlo, a la vista de la orografía parlamentaria vigente o venidera, marcada por los dos grandes partidos de la centralidad, el PSOE y el PP.

Sánchez contra Casado, por desleal y antipatriota, según Moncloa. Casado contra Sánchez, por tramposo y por aliarse con los enemigos de la Constitución, según Génova. Pero el líder del PP se reconoce en desventaja frente al presidente. Se lo oigo decir en la distancia corta: “Sánchez es un tahúr y yo no sé jugar a las cartas”.

Es el hándicap que no le permite tomarse en serio la repentina disposición de Sánchez a reanudar las conversaciones para renovar el CGPJ. Lo ha percibido como una trampa más, como el tupido velo del Gobierno sobre la tarjeta amarilla que le han sacado en Bruselas por querer entrometerse en la independencia judicial.

La excusa se le puede volver en contra si no explica mejor su resistencia a desbloquear la renovación

La excusa se le puede volver en contra si no explica mejor su resistencia a desbloquear la renovación. O si insiste en ejercer su capacidad de bloqueo fuera de la que ya le ofrece, sin salirse de la norma, la mayoría cualificada de tres quintos. Eso le permite negociar desde la centralidad exigida en una aritmética suficiente para evitar que partidos de dudosa adhesión constitucional, como Podemos o ERC, puedan apadrinar candidatos. Lo que antes le quitaba el sueño a Sánchez ahora se lo quita a Casado.

Pero no creo que lo haga —sentarse a negociar— antes de escenificar sus diferencias en el debate del miércoles y el jueves, claveteando sus condiciones. Con especial empeño en la ‘despolitización de la Justicia’, aprovechando los recelos europeos ante el concertado intento PSOE-Podemos de cambiar las reglas a conveniencia del Ejecutivo. Recelos alimentados por el propio Pablo Casado en un viaje ‘ad hoc’ a Bruselas, que han reverdecido la fallida propuesta, colada en el Senado por la derecha y rechazada en el Congreso por la izquierda en diciembre de 2018, coincidiendo con el agotamiento del actual CGPJ.

Hoy mismo, vuelve a la carga el PP con una proposición similar, “adaptada a las presentes circunstancias”, dicen en Génova, que ya se habrá presentado en el registro del Congreso. La anterior propuesta, apoyada por Ciudadanos, está en el origen del persistente bloqueo del PP. Se trataba entonces y se trata ahora de volver al viejo sistema de elección de 12 vocales del Consejo no solo “entre jueces y magistrados”, como dice la Constitución, sino también ‘por’ jueces y magistrados.

Véanse las numerosas ocasiones en que los vocales del CGPJ han desbordado su teórica vinculación al padrinazgo de sus nombramientos

Es lo que ocurría antes de la famosa enmienda Bandrés (1985). Pero aquella enmienda consagró la vinculación del órgano de gobierno de los jueces al Parlamento, sede de la soberanía popular. Y desde entonces la propia profesionalidad de los 12 jueces o magistrados elegidos ha impedido el mangoneo de los políticos. Véanse las numerosas ocasiones en que los vocales del CGPJ han desbordado su teórica vinculación al padrinazgo de sus nombramientos.

El recurrente alineamiento ‘progresistas’ y ‘conservadores’ salta por los aires en favor de la centralidad, el sentido común y el escrupuloso respeto al orden constitucional. La última vez ocurrió con el nombramiento de vacantes en el Tribunal Supremo. La casi unanimidad nos dice que carece de sentido la idea de que el Gobierno, con su propuesta de rebajar la mayoría, o el PP con la suya, de supuesta ‘despolitización’, pretenden colonizar la voluntad de los vocales del CGPJ.

Sin embargo, ambos mantienen sus respectivas iniciativas como factores añadidos al bloqueo y al irrespirable enfrentamiento Gobierno-PP. Malas noticias para la paciencia del taxista de Oramas.