Felipe VI no asistirá a la entrega de despachos a la promoción de jueces de 2020 en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona tal y como estaba inicialmente previsto y por primera vez desde su proclamación ante las Cortes Generales en junio de 2014. El año pasado, la entrega se celebró excepcionalmente en Madrid. Según fuentes de absoluta solvencia, el desplazamiento del Rey a la Ciudad Condal no ha contado, expresa y taxativamente, con el refrendo del presidente del Gobierno, al que le corresponde respaldar los actos del jefe del Estado, según establece el artículo 64.1 de la Constitución, de tal manera que la responsabilidad de esta inasistencia en un acto de gran significación para el poder judicial corresponde a Pedro Sánchez, conforme establece el mismo precepto de la Carta Magna: “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.

Los desplazamientos institucionales del Rey en una monarquía parlamentaria no son discrecionales. Esa es la razón por la que todas las presencias del jefe del Estado de esta naturaleza cuentan con un ministro que acompaña a don Felipe. En este caso, correspondía el ministerio de jornada al titular de Justicia, Juan Carlos Campo. Al acto está previsto que asistan este viernes, además del ministro, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, entre otras autoridades. Estas presencias institucionales describen por sí mismas la envergadura institucional del acto en el que ha vetado el presidente del Gobierno la presencia del jefe del Estado.

La presidencia del Rey en el acto de entrega a la nueva promoción de jueces ha sido ininterrumpida y se había convertido en una ocasión de encuentro entre el jefe del Estado y los nuevos miembros del poder judicial, asimilable, según fuentes de la judicatura, a la apertura anual —siempre en septiembre— del año judicial, presidido por don Felipe en el salón de plenos del Tribunal Supremo que, previamente, recibe —como también ha ocurrido este año— la memoria del Ministerio Fiscal. Los discursos que se pronuncian con ocasión de esta entrega de despachos han dispuesto siempre de un fuerte contenido institucional y suprapartidista.

La ausencia del Rey ha provocado malestar y extrañeza entre jueces y fiscales y una amplia demanda de explicaciones al Gobierno y a la Casa del Rey, que se ha limitado a aceptar —no le cabía otra opción— el criterio del presidente del Gobierno trasladado a la Zarzuela antes de su viaje a Bruselas, porque, como establece el artículo 56.3 de la Constitución, el refrendo es una condición ‘sine qua non’ para la validez de los actos reglados del jefe del Estado.

Es la primera vez que se produce una negativa del Gobierno a refrendar un acto institucional habitual en la agenda del Rey, cuando ya estaban enviadas las invitaciones en las que estaba previsto que se celebrase bajo su presidencia. Una ‘prohibición’ que, además, ha quebrado un uso de presencia de la Corona que se juzga como un precedente “grave” en medios judiciales. Ni la Constitución ni ninguna norma —sea ordinaria u orgánica— establecen las razones por las cuales el jefe del Ejecutivo puede evitar refrendar un acto previsto en la agenda del Rey y mucho más al tratarse de una asistencia anual que se daba por descontado se produciría también en este curso. Especialmente cuando Felipe VI ha acudido a Barcelona los años precedentes desafiando la manifiesta hostilidad del independentismo catalán en general y de las autoridades de la Generalitat en particular. El Gobierno que todavía preside Joaquim Torra no estará representado en el acto de entrega de despachos. Tampoco el Ayuntamiento de Barcelona. En todo caso, la doctrina académica sobre el refrendo previsto en el artículo 64 de la Constitución coincide en que las causas de negarlo al Rey han de ser extraordinariamente justificadas y, además, compartidas también por el propio jefe del Estado.

La negativa del refrendo, según fuentes consultadas, se ha basado en “razones de oportunidad”, aunque el Ministerio del Interior aduzca también, sin explicarlas, de “seguridad”. En otros términos: el presidente del Gobierno ha considerado “inoportuna” la presencia de Felipe VI en Barcelona porque se produciría en una coyuntura “especialmente complicada”. Las circunstancias que se citan para esta inédita negativa del refrendo aluden a las posibles concentraciones de protesta en una situación de pandemia, la próxima sentencia de la Sala Segunda del Supremo que resolverá el recurso de casación de Joaquim Torra contra la del Superior de Justicia catalán que le inhabilitó por desobediencia, y el hecho de que se han iniciado las conversaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, razón a la que alude la oposición como motivo último de esta decisión de Pedro Sánchez, que buscaría “contentar a los separatistas utilizando una prerrogativa constitucional al servicio de intereses partidistas”.

La voluntad de presencia de Felipe VI en Cataluña es inequívoca, como lo demostraría el hecho de que es la comunidad autónoma, con Andalucía (32 visitas), que más ha visitado desde su proclamación (38 desplazamientos), incluso en los peores y más tensos momentos de la vida política social catalana, como con motivo de los atentados terroristas de agosto de 2017. Repitió visita en el primer aniversario de la matanza en Barcelona y Cambrils. Por otra parte, y pese a la ofensiva antimonárquica del independentismo, el Rey mantiene su tutela sobre la Fundación Princesa de Girona —que concede premios anuales—, heredera de la Corona que domina perfectamente el idioma catalán, como ha demostrado ya en público. Don Felipe se expresa perfectamente también en catalán.

La decisión de no refrendar la presencia del Rey en el acto de entrega de los despachos a la nueva promoción de jueces, que carece de precedente reconocido, se considera en los partidos de la oposición y en medios judiciales y fiscales como “muy trascendental”, será objeto de interpelación parlamentaria y abrirá un gran debate político e institucional de hondo calado. Se baraja, incluso, un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque expertos constitucionalistas consultados consideran que el refrendo del presidente del Gobierno es un acto político no reglado y, por lo tanto, inimpugnable. La Casa del Rey mantuvo este miércoles su tradicional discreción sin dejar de apuntar, no obstante, que don Felipe es un monarca sometido plenamente a la Constitución y que se atiene con escrupulosidad a las condiciones de refrendo de sus actos previstos en ella.