Después de que el mismo Pedro Sánchez acusara al Tribunal Supremo de «socavar la democracia» por su decisión de suspender la aplicación de la instrucción que amplía la ‘ley de nietos’, la Abogacía del Estado ha recurrido esa resolución alertando de que cercena «los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia». El argumento es engañoso, porque parece que el Tribunal Supremo niega el derecho de voto a españoles de origen o nacionalizados sin dudas legales. No es así: el Alto Tribunal ha acordado, entre otras medidas, que los consulados españoles certifiquen que casi 150.000 nacionalizados realmente son hijos o nietos de españoles de origen que hubieran sufrido exilio por causa políticas, ideológicas o de creencia o de identidad sexual. Así que la decisión no cuestiona tanto el reconocimiento del derecho de voto como la concesión misma de nacionalidad. El Gobierno alega que es imposible que los consulados puedan emitir esos certificados antes del 1 de enero de 2027. Si realmente es así, el argumento de la Abogacía del Estado merece dos respuestas. La primera es que le basta con pedir a los magistrados una ampliación suficiente del plazo para poder cumplir con la orden judicial. La segunda es que, si los expedientes de nacionalización fueron tramitados correctamente, esa información sobre el parentesco de los nacionalizados con padres o abuelos exiliados tendría que estar ya documentada y en poder de los cónsules.

Cuestión distinta es que la medida cautelar acordada por el Tribunal Supremo haya quitado el velo a unos procedimientos de nacionalización carentes del más mínimo rigor legal y que esto, además de poner nervioso al Gobierno, obligue a los cónsules españoles a reconstruir a toda prisa unos expedientes que nunca estuvieron completos. La reacción del Gobierno abunda en la sospecha de que la famosa instrucción aprobada por Sofía Puente, siguiendo indicaciones superiores –pues no hay otra explicación verosímil–, era un coladero no tanto de nuevos españoles, sino de nuevos votantes. Conviene recordar que el incremento súbito del censo para evitar la victoria electoral de la derecha fue un objetivo explícitamente reconocido por Irene Montero, eso sí, a cuenta de los inmigrantes beneficiados por la regularización masiva en marcha.

Es cierto que no se puede presumir de forma general que los nacionalizados en estas condiciones votarían a la izquierda en unas elecciones generales, pero el principal problema no es tanto cuál fuera el resultado de las urnas, sino de una falta de transparencia y limpieza de un proceso electoral condicionado por un súbito y significativo incremento de votantes que carecen de la más mínima vinculación con España.

Parece claro que la democracia que Sánchez defiende frente al Supremo es solo aquella que le propiciaría expectativas de continuidad en la Moncloa, porque cualquier otra manifestación democrática, como la separación de poderes y la independencia judicial, le resulta profundamente intolerable. El voluntarismo político de Sánchez aspira a convertirse en la única fuente legítima del ordenamiento legal, aspiración coherente con su acreditado antiparlamentarismo y su adhesión a prácticas autocráticas realmente insólitas en el contexto de la democracia occidental y de los valores fundacionales de la UE.