El momento más temido ha llegado. La peor crisis institucional de los últimos 40 años se desatará esta misma semana. El temido choque de trenes ya no tiene vuelta atrás, porque la mayoría independentista que gobierna Cataluña se va a poner el mundo por montera. Su patente desafío a legalidad constitucional obligará al Gobierno central a tomar medidas para impedir que Puigdemont coloque las urnas el 1-O. España se adentrará esta semana en un camino de conflicto abierto y total, peligroso, inédito e inexplorado, entre las autoridades de una de sus comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación.
La Generalitat y la mayoría independentista que sustenta a Carles Puigdemont han fijado el día D para el miércoles 6. Ese día, se producirá una carrera contra el reloj en tres escenarios: el Parlamento de Cataluña, La Moncloa y la sede del Tribunal Constitucional. El Pleno de la cámara catalana se reunirá por la mañana para aprobar de forma inmediata –en cuestión de horas o de minutos– la Ley del Referéndum, con arreglo a un reglamento suspendido por el Constitucional. Posteriormente, la norma se publicará en el boletín oficial y Puigdemont convocará a su Gobierno allí mismo para firmar el decreto de convocatoria del 1-O, que regulará todos los aspectos del referéndum. En paralelo, se reunirán el Consejo de Ministros –casi en guardia permanente– y el Pleno del Constitucional para suspender todas las decisiones adoptadas por el Parlamento catalán.
Generalitat y Gobierno central escenificarán un duelo jurídico, en el que uno intentará llegar antes que el otro. El presidente catalán aspira a firmar el decreto sin que al Constitucional le haya dado tiempo a prohibírselo –y seguramente a apercibirle con la inhabilitación–, mientras que Mariano Rajoy intentará frenar jurídicamente a Puigdemont antes de que pueda estampar su firma en el decreto. En este primer día de la batalla, se trata de ver quién es más rápido, más hábil y más astuto a la hora de desenfundar las armas jurídicas. El miércoles, Puigdemont se acostará casi al margen de la ley española. Está por ver si el día D se alarga al propio jueves, ya que no se descarta que el Parlament apruebe también la Ley de Transitoriedad, lo que obligaría a una nueva reunión del Consejo de Ministros para recurrirla.
Después de esa primera batalla jurídica, llegará el momento más temido por Mariano Rajoy. La hora en la que, como se ha anunciado de forma reiterada, el Gobierno catalán desobedezca los mandatos del Constitucional y continúe adelante con los preparativos del 1-O. Más de tres semanas –con Diada de por medio– en las que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que puede pasar. La inhabilitación de la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, está cantada, así como probablemente también la de Carles Puigdemont y quizá la de todo su Gobierno. Pero seguramente la batalla de la desobediencia entrará en una fase decisiva en la que Mariano Rajoy podría no tener más remedio que adoptar decisiones traumáticas para impedir el 1-O. «Estamos llegando a un punto en el que nadie puede parar, ellos han llegado tan lejos que ya no pueden parar, y nosotros no podemos dejarnos revolcar, si se saltan la ley a la torera no tendremos más remedio que dar una respuesta», aseguran fuentes del Gobierno.
En el alcance de esta respuesta se sitúa ahora la incógnita. Hay dos carpetas que la vicepresidenta guarda como oro en paño. En una, están los informes sobre la aplicación en Cataluña de la Ley de Seguridad Nacional, que permite por real decreto adoptar una serie de medidas excepcionales para «garantizar la defensa de España, y sus principios y valores constitucionales». La activación de esta ley permitiría al Gobierno poner bajo su control a los Mossos.
La segunda carpeta contiene los detalles de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que reza textualmente: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones».
Llegado el caso, y en función de hasta dónde quiera llegar Puigdemont en su desafío, aseguran fuentes gubernamentales, el Gobierno sólo tendría que elegir una de las dos carpetas con el fin de impedir la votación del 1-O. Las mismas fuentes añaden que ambos escenarios están previstos y que en absoluto se descarta la aplicación del 155, a pesar de las especulaciones de falta de tiempo para aplicarlo. «En cinco días podrían completarse todos los trámites», señalan en La Moncloa.
El problema del 155, según reconoce el Gobierno, es de legitimidad política, ya que los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, han comunicado a Mariano Rajoy que no son partidarios de aplicar esta medida de excepción, por democrática y constitucional que sea. Y ello porque el citado artículo ha sido «demonizado», al interpretarse de forma generalizada por parte del independentismo y la opinión pública como una suspensión de la autonomía, obviando su textualidad.
El primer objetivo de Rajoy es mantener el consenso en torno a las medidas excepcionales que pueda tener que tomar, por lo que en este momento el Gobierno se inclina por la Ley de Seguridad Nacional, tal y como EL MUNDO avanzó hace unos meses. Un buen conocedor de la política española señala que «es paradójico que la Ley de Seguridad Nacional, pensada para catástrofes y alteraciones del orden público pueda ser considerada más adecuada democráticamente para responder a la desobediencia del Gobierno de una comunidad autónoma que el 155, una previsión constitucional impecablemente democrática».
La respuesta del Gobierno a lo que todos los dirigentes del PP consultados califican como «pitorreo, cachondeo y tomadura de pelo» por parte de Puigdemont y el independentismo centra estos días todas las conversaciones dentro del partido. Rajoy es muy consciente de que sectores del PP e incluso altos cargos del Ejecutivo le demandan «un gesto de autoridad». «Mucha de nuestra gente se siente abandonada ante la chulería de los independentistas, creen que vamos perdiendo. Todos confiamos en que el presidente dé una respuesta contundente de una vez. No podemos repetir otro bochorno como el del 9-N, cuando no pudimos explicar cómo y por qué nos habían ganado la batalla política». Son palabras de un diputado popular.
El Gobierno intenta tranquilizar los ánimos de los suyos, asegurándoles que Puigdemont va de farol cuando asegura que tiene ya las urnas, y que además no dispone de presupuesto para la consulta, ni de censo, ni de instrumentos para el recuento.