Así, pues, el ‘desmadre’, si lo hubiere, habría que endosárselo a la autoridad autonómica, pero también al Gobierno. No así la temeridad —que algunos ribetean de épica, denominándola audacia— de adelantar con plena asertividad que a partir del 9 de mayo no habrá estado de alarma y que en agosto se habrán vacunado 33 millones de españoles. Siguiendo la responsabilidad en la teoría del desmadre, Sánchez no se protege con algunas prevenciones que le resguarden de un fiasco. Ni él ni nadie está en condiciones de asegurar que no serán necesarias restricciones de derechos fundamentales en el mes de mayo y después; ni él ni nadie está en condiciones de afirmar que las dosis de vacunas llegarán según el calendario previsto, se recibirán en cantidad suficiente y la infraestructura sanitaria disponible para inocularlas resultará eficiente. Tendría que explicar también cómo se va a citar en meses vacacionales (al menos julio y agosto) a ciudadanos que se hayan desplazado de su residencia habitual. ¿Cómo se les localizará?, ¿regresarán a los centros de vacunación suspendiendo su descanso estival?

Pretender sustituir las facultades del Consejo de Ministros en unas circunstancias todavía excepcionales por las del Consejo Interterritorial de Salud consiste, simplemente, en un voluntarismo que no resistirá un solo asalto jurídico-técnico. El consejo es un órgano previsto en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 con unas funciones (artículo 71) que se definen como de “cooperación, comunicación e información” de los servicios de salud autonómicos con la Administración General del Estado y entre ellos. Sus acuerdos se califican de “recomendaciones” en su reglamento (artículo 14) y se adoptan por “consenso”. En consecuencia, ese órgano carece de facultades ejecutivas, como ya quedó demostrado en la fallida desescalada del mes de junio de 2020. El Gobierno ha demostrado —véase la normativa fracasada sobre el uso de mascarilla incluso en las playas— que ha abordado la pandemia en su segunda fase con un desbarajuste normativo que ha propiciado un auténtico ‘desmadre’ de litigiosidad contencioso-administrativa con abundancia de resoluciones contradictorias, sobre las que el Supremo no ha sentado jurisprudencia. Parece que nos encaminamos hacia un escenario en el que predomina más el escepticismo que el optimismo. 

Por estas razones, Sánchez haría mejor en no referirse al ‘desmadre’ porque todos los que pudieran haberse producido —en Madrid y en general—, y los que se producirán, le son tan imputables a él y a su Gobierno como a las autoridades autonómicas. Las elecciones de Madrid, en fin, no justifican bajo ningún concepto y a ningún representante de las opciones en liza el manejar con semántica dudosa las vicisitudes de la pandemia. Porque ‘desmadre’ tiene un significado arrabalero y en su tercera acepción define una “juerga desenfrenada”. Dicho lo cual, ojalá el presidente acierte, remita en mayo la pandemia y en agosto el 70% de la población esté vacunado. Es lo que desean todos los ciudadanos de buena voluntad. Y otra cosa: que la irrupción de Sánchez no haya sido electoralista contribuyendo a la ceremonia de la confusión, que este miércoles alcanzó cotas inenarrables en Castilla y León, donde las autoridades suspendieron sin encomendarse ni a Dios y ni al diablo la vacunación con una de las marcas farmacéuticas más controvertidas. Desorden.