EL MUNDO – 03/12/15 – VICTORIA PREGO
· Ya están todas las cartas sobre la mesa y, a lo que parece, lo que queda vivo del Gobierno catalán, que ya es casi nada, está dispuesto a jugarlas, o eso dicen. A tenor de lo declarado por la vicepresidenta Neus Munté, la Generalitat se dispone a desmentir por la vía de los hechos la argumentación que el propio Parlamento catalán presentó ante el Tribunal Constitucional para intentar parar lo que sabían que iba a ser una sentencia rotunda, unánime e inapelable.
Porque lo que los servicios jurídicos del Parlament sostenían era que esa resolución de la Cámara catalana no era sino una declaración de intenciones sin efecto práctico, político o jurídico alguno. Era un argumento insostenible, como han dejado claro los magistrados y como ha demostrado la propia Munté en sus declaraciones de ayer.
A partir de ahora veremos qué movimientos hace ese Gobierno demediado para dar carta de naturaleza política a una resolución que ha puesto a la Generalitat de Cataluña fuera del ámbito del Estado de Derecho, es decir, a la intemperie legal.
Es inaudito que hayamos llegado a esta situación por la enloquecida irresponsabilidad de unos dirigentes que, con una audacia y una ignorancia escandalosas, se permitían reprochar al Gobierno que se «haya excusado en las faldas de un tribunal que controla». Quizá el señor Francesc Homs, autor de esa frase, cree posible que en un país civilizado, que son todos los que están sometidos al imperio de la ley, se puede dirimir un desafío de la envergadura del que él y sus colegas han lanzado al Estado español en otro ámbito distinto al del tribunal que tiene encomendada la misión de hacer respetar la Constitución vigente. Quizá crea que la extraordinaria trascendencia y gravedad del intento de secesión aprobado por una parte del Parlament se puede abordar en el ámbito de la política, con una conversaciones que desemboquen en la aceptación por el Gobierno de la magna ilegalidad de lo que ellos, los separatistas, han lanzado a la cara de todos los españoles. Se han vuelto locos.
Pero a partir de ahora los pasos están claros y contados. Todo movimiento, toda decisión que intente traducir en términos prácticos el contenido de esa resolución será invalidada por el tribunal y las fuerzas de seguridad del Estado y de la comunidad autónoma procederán para impedir que tal decisión se consume. Queda por ver cómo se comportarán los funcionarios cuya actuación esté afectada por esta sentencia del Alto Tribunal porque ahí entraremos ya en un terreno definitivamente peligroso en el que si se producen actos de desobediencia o de rebelión, con algún elemento de violencia, podemos enfrentarnos a situaciones muy indeseables. Indeseables pero que habrá que afrontar.
Lo que desde luego no se contempla es que el Estado se arrugue frente al desafío. Esa posibilidad no existe porque, de existir y materializarse, significaría el hundimiento del propio Estado y su desaparición. Estamos hablando de España como nación y de los españoles como sujetos soberanos. Eso es exactamente lo que está en juego. Por lo tanto, en esta batalla, provocada por los independentistas sobre bases falsas de principio a fin, y alimentada durante años a base de propaganda y manipulación de la población, no puede haber más que un perdedor, y son ellos y su loca apuesta, que no tendrá nunca el apoyo ni la comprensión de ningún país y de ninguna institución del mundo civilizado. Lo asombroso, lo alucinante, es que ellos lo saben, que lo han comprobado repetidamente. Pero siguen corriendo.
EL MUNDO – 03/12/15 – VICTORIA PREGO