Ya sabíamos que el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales, con el visto bueno del Gobierno, era solo el primer paso del proceso y que, para convertirlo en realidad legal, necesitaba un proceso que se inicia hoy en el Consejo de Ministros y seguirá con su aprobación, o no, en el Congreso de los Diputados. El problema surge porque, en esta segunda fase, intervienen más grupos y partidos que en la primera y todos quieren marcar perfil, alardear de su poder y dejar su huella. Lo cual plantea un grave problema si los firmantes del acuerdo no aceptan cambiar lo pactado y el resto se niega a ratificar lo firmado. ¿Razones? Variadas y diversas. Los partidos del centroderecha se escandalizan por el hecho de que se modifique un marco legal que ha dado buenos resultados en términos de cantidad de empleo creado. Tanto el PP como Vox, con el añadido de una parte de la patronal, comparan el resultado final con sus deseos iniciales y llegan a la conclusión de que hay demasiada distancia entre ambos como para conceder su beneplácito. Antonio Garamendi trata de poner de manifiesto, con razón pero sin éxito, que esa no es la comparación adecuada, pues la verdadera es la que enfrenta lo acordado con lo que hubiese salido de una actuación individual del Gobierno que, no lo olvidemos, cuenta con una ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda miembro destacado del Partido Comunista.

El resto de los opositores es más variado y complejo. Unos, los partidos nacionalistas junto con los sindicatos de ámbito autonómico, ponen el grito en el cielo por un presunto atropello de los ‘marcos autónomos de relaciones laborales’, un concepto demasiado etéreo y mal definido cuya necesidad nadie se toma la molestia de justificar, como nadie pierde el tiempo en razonar sus carencias. Si quiere un ejemplo, piense en las tasas relativas de absentismo o en los diferentes niveles de la confrontación social. Y en medio está Podemos, inmerso en la difícil tarea de decir que, en realidad, quería decir digo allí donde dijo Diego y que el acuerdo de derogación parcial es un nuevo enfoque que dista (Pablo Echenique acierta esta vez) 180 grados del anterior y por eso es estupendo y digno de apoyo.

Estoy seguro de que, si fuera necesario, Pedro Sánchez entregaría a su madre, a dos cuñados, a tres primos e incluso al piloto del Falcon a cambio de su voto favorable. Y es que aquí hay un problema. No es probable que los sindicatos acepten modificar lo acordado y es seguro que la CEOE ni quiere ni puede hacerlo. Así que tratar de imponer cambios en su redacción, por mínimos que estos sean, equivale a dinamitarlo.