En la entrevista que hoy publica EL ESPAÑOL, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, se congratula por haber sacado adelante la Ley de Ciencia, trascendental para el futuro profesional y la formación de los investigadores españoles, sin ningún voto en contra del Congreso de los Diputados.

Durante la entrevista, la ministra se muestra también satisfecha por haber negociado con todos los partidos presentes en el Congreso, con la única excepción de un Vox que, sin embargo, se abstuvo en la votación de dicha ley.

Pero lo verdaderamente relevante en la respuesta de la ministra es su reconocimiento de que la ley se ha pactado con el PP. «Yo tengo que reconocer que el Partido Popular ha trabajado con esta ministra y con este Ministerio. Entiendo que ellos también reconocerán que la ministra ha trabajado con ellos y que les hemos tendido la mano desde el primer momento».

«Además», añade la ministra, «le voy a decir que desde el primer día me propuse escuchar (…) a los distintos partidos políticos, porque la sociedad nos reclamaba un pacto por la ciencia y que la ciencia tuviera estabilidad, y por lo tanto se lo agradezco a todas las señorías del Congreso de los Diputados».

Leyes no ideológicas

Aunque la ministra también arremete contra el PP en otras respuestas, algo en cierto manera comprensible dada la mala evolución del PSOE en los sondeos y ese giro sociológico de los españoles hacia el centroderecha (giro que la ministra niega rotundamente), lo importante es su reconocimiento de que la relación entre PP y PSOE en los grandes temas de Estado, y la Ley de Ciencia lo es, sigue en pie.

La pregunta que cualquier ciudadano se planteará sin embargo al leer la entrevista es por qué el PSOE y el PP no extienden su colaboración en la Ley de Ciencia a otros temas de Estado que, por su importancia política, económica o social, deberían ser negociados por el Gobierno con la oposición.

Es cierto que la Ley de Ciencia no es una norma ideológica, como sí lo es la Ley Trans, por ejemplo. Pero también es cierto que la Ley Celaá y su desarrollo normativo, que introduce la perspectiva de género incluso en materias tan ajenas a la ideología como las matemáticas o la física, demuestran que si el Gobierno hubiera querido, podría haber convertido la Ley de Ciencia en una ley ideológicamente cargada más.

Norma, no excepción

Es loable que la ministra de Ciencia e Innovación no haya caído en la tentación de instrumentalizar la Ley de Ciencia, como sí se han instrumentalizado otras leyes, para marginar a la oposición e intentar arrinconarla en el escenario político. Pero si eso se ha conseguido una vez, ¿por qué resulta tan difícil continuar por ese camino?

Son varios los temas pendientes que convendría que PSOE y PP desatascaran. Por supuesto, el de la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional es quizá el más llamativo de ellos. Pero también la reforma fiscal, la ley de vivienda, el pacto de rentas o una reforma de las pensiones en línea con las demandas de Bruselas. Por no hablar de los compromisos a los que ha llegado Pedro Sánchez durante la Cumbre de la OTAN.

Ni la coyuntura económica ni la energética, que se prevé que empeoren drásticamente durante los próximos meses, aconsejan que el Gobierno se obceque en ese aventurerismo que le ha llevado a gobernar de la mano de Podemos y nacionalistas durante los últimos dos años y medio. Ni esas alianzas son las que piden hoy los españoles ni benefician en nada los intereses de España.

Ojalá la Ley de Ciencia se convierta en la norma y no en la excepción.