Los Presupuestos Generales del Estado están siempre impregnados de política. Es normal porque no son más que la materialización en cifras concretas de las políticas del gobierno de turno. La andadura legal de los correspondientes al año 2024 se inició ayer y será más tortuosa de lo habitual, pues cargan con las esperpénticas consecuencias de los pactos con el independentismo catalán que lo enturbian todo. El PSOE ha ofrecido ya la condonación de parte de la deuda de Cataluña y va a negociar el trasvase de toda la recaudación fiscal que es lo que le exigen sus socios independentistas a cambio de su voto. ¿Cómo se puede hacer, sobre una base tan inestable, el reparto del techo de gasto entre las distintas esferas de la administración que se aprobó ayer?

El Gobierno confunde a la ciudadanía pues utiliza, cuando le conviene, los datos medidos en porcentaje de aumento y en valores absolutos cuando le son más favorables. El monto total del gasto crece, como no podía ser menos. Creció con la pandemia porque era necesario enfrentarse a la devastación económica que provocaba y, una vez alcanzado ese nuevo nivel de crucero, se mantiene ahí, porque el gasto es lo que da de comer a los gobiernos del ‘contento’. Progresistas, por supuesto. Si la economía va a crecer poco o nada, si se va a gastar más y si se da por bueno un déficit del 3%, que es la nueva/antigua exigencia europea, ya se imagina quiénes van a soportar el andamio.

Exacto, los impuestos, que deberán aportar unos ingresos fiscales que la actividad no proporcionará. La administración central se autoconsiente un 2,7% de déficit sobre el PIB y concede graciosamente un 0,1% a las comunidades autónomas. Eso, siempre y cuando el PP se porte bien, asuma el planteamiento y no se empeñe en torpedearlo a través del uso «torticero» de su mayoría absoluta en el Senado. Porque si persiste en su actuación ‘levantisca’, serán las CC AA quienes paguen el descosido en forma de eliminación de ese porcentaje. Con la excepción de Cataluña claro, que, como dice su consejera de Economía, está negociando un esquema bilateral y particular. Algo que, con su habitual gracejo y ausencia total de sentido del ridículo, niega la flamante vicepresidenta cuarta del Gobierno.

En la reunión del lunes con las autonomías puso por testigo de la ausencia de negociación a la persona que mandó el Govern a tomar notas y que obvió la contestación. Quizás porque recordaba su paso por la escuela, en donde seguro que le enseñaron que eso de mentir es una cosa muy fea. Ahora es habitual, pero ¡sigue siendo fea!