EL CORREO 14/03/13
«No tenemos problema» en pagar a sus letrados en Estrasburgo, declara Hasier Arraiz, mientras algunas asociaciones de víctimas creen que es motivo de ilegalización
Sortu admitió ayer que asumirá los gastos de la defensa de la presa de ETA Inés del Río en el proceso que estudia actualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la aplicación de la ‘doctrina Parot’ a su condena de cárcel. La confirmación de los pagos fue un tanto confusa. Mientras su coordinador, Hasier Arraiz, explicó que la coalición «no tiene ningún problema en este tema», el portavoz, Pernando Barrena, negó que se vaya a abonar la minuta de los letrados de la reclusa, una declaración que más tarde fue corregida por la propia izquierda abertzale. De una u otra manera, la asunción de los pagos provocó el enfado de varias asociaciones de víctimas, que consideraron este hecho como un motivo para ilegalizar la coalición.
El próximo día 20, la gran sala del Tribunal de Estrasburgo revisará una resolución de sus propios magistrados que obligaba a España a excarcelar a Inés del Río e indemnizarla con 30.000 euros por haber alargado su estancia en prisión en base a la ‘doctrina Parot’, que aplica los beneficios penitenciarios a cada una de las condenas del interno y no sobre la pena máxima de treinta años de cárcel. Del Río está sentenciada por 23 asesinatos y más de 50 tentativas de asesinato. La decisión de Estrasburgo fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy, que considera que derogar la ‘doctrina Parot’ pondría en libertad no solo a un grupo de etarras con historiales cargados de atentados, sino a otros delincuentes peligrosos con largas condenas
Hasier Arraiz declaró, en una entrevista en Onda Vasca, que no constituye «ningún delito» que Sortu sufrague a los abogados que defenderán a la presa etarra ante el recurso presentado por el Ejecutivo español en Estrasburgo. De hecho, expresó su deseo de que este tribunal confirme el rechazo a la mencionada doctrina, al entender que supondría «una derrota» para el Gobierno y debería «abrir una grieta en la política penitenciaria» vigente. «De alguna forma, Europa le diría que no todo vale. Tendría que rectificar», aventuró Arraiz, quien, sin embargo, insinuó que el Ejecutivo se «revolverá como gato panza arriba» y haría todo lo posible para no llevar a efecto las directrices del órgano internacional.
Así, el coordinador de Sortu mostró sus «sospechas» de que una hipotética excarcelación de aquellos reclusos afectados por la ‘doctrina Parot’ no sería «algo automático» porque el Gobierno trataría de alargar en el tiempo la aplicación de las órdenes del Tribunal de Derechos Humanos. «No sólo en el caso de Inés del Río, sino también del resto de personas en la misma situación», precisó, aunque añadió que una resolución así «traería un poco de oxígeno y mucha esperanza», no sólo a los etarras encarcelados, sino «a todo su entorno». Arraiz confesó que él no se imagina «la resolución del conflicto con presos en las cárceles», aunque admitió que, posiblemente, «esa solución global se tenga que materializar de forma escalonada».
Un «escándalo»
Las manifestaciones del coordinador de Sortu contrastaron con las realizadas posteriormente por el portavoz de la misma coalición. Pernando Barrena, durante una rueda de prensa, negó que esta formación abone la defensa de Inés del Río. «No corresponde realizar eso a Sortu. En cualquier caso corresponderá costear esa defensa a quienes patrocinan el trabajo de esos abogados y si es necesario a todos los sectores que quieran implicarse en esa defensa», señaló Barrena de una manera un tanto confusa durante su alocución, en la que también señaló que una sentencia contraria al recurso del Gobierno español ayudaría a «poner en vías de solución un problema tan clave, tan fundamental, como es la política penitenciaria». Poco más tarde, fuentes de Sortu aclararon a la agencia Efe que las palabras de Barrena fueron debidas a un «malentendido» y que, en efecto, la coalición sí paga la minuta de los abogados que defienden en Estrasburgo la causa de Inés del Río. Un hecho que las principales asociaciones de víctimas del terrorismo calificaron ayer de «escándalo» y por el que consideraron que podría iniciarse un proceso de ilegalización del nuevo partido de la izquierda abertzale. «Es un escándalo que Sortu esté pagando 70.000 libras en la defensa de esta asesina», declaró la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, tras presentar junto con la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la asociación Dignidad y Justicia un comunicado sobre la idoneidad de que Estrasburgo no tumbe esta doctrina.
Pedraza dijo que el apoyo económico a la defensa de la presa etarra es «gravísimo» y con él Sortu deja «muy claro» que hace «apología» y «enaltecimiento» del terrorismo. En una línea parecida, la presidenta de la Fundación de Víctimas, María del Mar Blanco, denunció que la coalición continúa del lado «del horror y el terror».