EL CORREO 14/03/13
El juez defiende la normativa en una conferencia en Bilbao ante la izquierda abertzale y abogados de presos de ETA
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez defendió ayer con vehemencia la aplicación de la ‘doctrina Parot’, de la que declaró sin complejos su paternidad. «Cómo no voy a estar de acuerdo con ella si yo soy uno de sus padres», confesó en una conferencia celebrada en Bilbao en el Colegio de Abogados de Bizkaia. Ante un auditorio en el que figuraban abogados de presos de ETA y representantes de la izquierda abertzale contrarios a sus tesis, el magistrado se mostró «absolutamente convencido» de que la doctrina «es justa» e, incluso, dejó entrever que ha podido contribuir al cese definitivo del terrorismo. «No es un obstáculo hacia la paz. Gracias a ella estamos como estamos», apostilló.
El magistrado se convirtió ayer en el protagonista de la mesa redonda convocada por el decano del colegio vizcaíno de abogados, Nazario de Oleaga, quien pidió en el arranque «respeto» y «diálogo» en una charla plural sobre la ‘doctrina Parot’. Esta interpretación de la ley fue establecida en 2006 por el Tribunal Supremo para fijar que las redenciones de penas previstas en el Código de 1973 se aplicaran a cada una de las condenas impuestas al recluso, y no al máximo de cumplimiento en prisión, fijado en España en treinta años.
Junto a Gómez Bermúdez se sentaron el portavoz de Herrira, la plataforma de apoyo a presos de ETA, Jon Garay; y la letrada Amaia Izko, que ejerce la defensa de Inés del Río, la etarra condenada a 3.000 años de cárcel por su presunta implicación en más de 20 asesinatos. Su caso está de plena actualidad después de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenara a España a indemnizarla con 30.000 euros por haber vulnerado sus derechos al aplicarle la ‘doctrina Parot’. Tras admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que consideraría «una ofensa» la anulación de la normativa, Estrasburgo tiene previsto dictar una nueva sentencia el próximo día 20.
En vísperas de una resolución que se presume crucial para el futuro de esta interpretación de la legislación penitenciaria, Javier Gómez Bermúdez defendió su aplicación porque, a su juicio, ha acabado con situaciones de «impunidad» de las que antes podrían beneficiarse los condenados por terrorismo, narcotráfico a escala internacional o grandes defraudadores. «El delincuente que está amparado en una organización criminal estuvo absurdamente favorecido durante años frente al ‘pringao’ que roba a punta de navaja en una joyería o en la calle», explicó.
Con la anterior legislación en vigor, recordó que los primeros delincuentes podían ser sentenciados a «3.000 años» acumulando delitos «y cumplir sólo 30 de prisión», el máximo que recoge la ley. En el mismo lenguaje directo, señaló que los segundos pueden acabar más tiempo en la cárcel por su reincidencia. «Les pillan y les caen seis años; les vuelven a pillar y otros seis», advirtió para concluir que «una persona que comete 5, 10 ó 15 asesinatos no puede cumplir la misma pena que el que comete tres robos».
Instructor del juicio por la masacre del 11-M y ponente de la sentencia que absolvió a los directivos de ‘Egunkaria’ acusados de pertenencia a banda terrorista, entre otros casos de relevancia pública, el juez de la Audiencia Nacional reconoció que su intervención podría estar «provocando pitidos en los oídos» de parte del auditorio. Entre el público seguían con aparente interés su alocución las letradas de presos de ETA Jone Goirizelaia y Arantza Zulueta; el exabogado Iñaki Goioaga, recientemente nombrado senador autonómico en una controvertida propuesta de EH Bildu; la parlamentaria de esta coalición y miembro de Sortu Maribi Ugarteburu; el portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, Txema Azkuenaga; y el veterano representante de la izquierda abertzale Tasio Erkizia. También acudieron el abogado Txema Montero y el director de ‘Berria’, Martxelo Otamendi.
Bermúdez aclaró que intervenía para «hablar de Derecho, no de política». Subrayó que el etarra Henri Parot, que dio nombre a la doctrina de cómputo de cumplimiento de penas, «es un delincuente múltiple de la peor condición». Y recordó que la aplicación de esta normativa a terroristas de ETA es casi «simbólica» porque afecta a «57 presos» de un colectivo de 900 reclusos encarcelados en España y Francia, «dicho con todo el respeto a sus familiares».
Por el contrario, Amaia Izko y Jon Garay denunciaron «la vulneración de derechos humanos básicos» que, en su opinión, conlleva «el alargamiento de las condenas». En el turno abierto al público, el juez siguió acaparando la atención. El senador Goioaga le preguntó directamente: «¿La cárcel sirve para reeducar?» Y el magistrado no lo dudó: «Ni aquí ni en Pekín, pero ayuda a que algunos que han pisado la prisión se cuiden mucho de no volver a delinquir para evitar regresar a ella».