EL CORREO 06/10/13
ENTREVISTA JUAN LUIS IBARRA, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR VASCO
No ve motivos para ilegalizar a la izquierda abertzale y cree que Interior «se equivoca» al no ahondar en la ‘vía Nanclares’
Juan Luis Ibarra aboga por que el tránsito hacia una «paz social» en Euskadi después de tres décadas de terrorismo se haga desde una actitud crítica con el pasado. Sin olvidar a las víctimas, pero tampoco a los presos a los que, sostiene, hay que ayudar en su proceso de reinserción. Por eso lamenta que el Gobierno de Mariano Rajoy no haya hecho un mayor esfuerzo en cultivar la denominada ‘vía Nanclares’, la protagonizada por reclusos que han roto con ETA y han reconocido el error de la actividad terrorista. «Si queremos pasar de la ley del Talión, el sentido de cumplir condena es la reinserción», sostiene.
Reconoce que los estatutos de Sortu supusieron un cambio en la concepción política que hasta entonces había mantenido la izquierda abertzale y por eso dice no entender los problemas de la formación independentista en aceptar el ‘suelo ético’ que el resto de fuerzas han pactado ya en el Parlamento vasco. «Les pediría que cumplan sus estatutos sin más».
– ¿No basta con que los presos cumplan su condena?
– La finalidad de la pena, dice la Constitución, es la reinserción social. Y para eso se trata de que, cumpliendo la pena, se les ofrezca la posibilidad de restablecer las relaciones sociales rotas. La doble dimensión de la justicia restaurativa es, por un lado, reparar a la víctima y, por el otro, conseguir la paz social mediante el cumplimiento de la pena. Eso en el País Vasco se está haciendo en unas dimensiones quizá no suficientes, pero que se llama la ‘vía Nanclares’.
– ¿Por qué hay que exigírselo a los presos de ETA y no al resto?
– El reconocimiento del daño causado se requiere de cualquier persona condenada porque, en caso contrario, no progresa en el cumplimiento de la pena. Una persona que no reconozca el daño causado no pasará del primer grado. La administración penitenciaria sigue unas técnicas de premio-castigo. Si tú sigues el tratamiento penitenciario, progresas en grado. Y en el tercer grado, tendrás un régimen que no será privativo de libertad salvo para pernoctar. Y en eso el reglamento no hace distinciones entre presos.
– Con los reclusos de ETA se es más estricto.
– Lo que sucede es que, en general, la comisión del delito ha provocado que la población penitenciaria haya recibido un reproche muy explícito. Las personas condenadas por terrorismo, por el contexto de la sociedad vasca en años anteriores, ha visto cómo no recibía ese reproche de aquella parte de la sociedad que constituía su entorno social, sino al revés. Recibían el mensaje de que lo hecho era lo que esa parte de la sociedad quería que hicieran. Eso es lo que ahora está cambiando. El documento clave son los estatutos de Sortu.
– Pero los dirigentes de Sortu dicen que no van a abjurar de su pasado, de su trayectoria.
– Yo ahí no debo meterme. Me preocupa que desde determinados ámbitos se esté abogando por una justicia transicional. Que es como después de una guerra, cuando se hace una transición en la que cada parte renuncia a juzgar a la contraria. Eso es contra lo que yo me posiciono sin ambages. No hemos tenido nunca una guerra en relación con ETA, sino que ha habido una agresión. Los humanos ya tenemos descubierto que la mejor forma de arreglar los conflictos es sujetarnos al imperio de la ley y renunciar a resolver los problemas a garrotazos.
– ¿Qué propone usted?
– La humanidad es común en el delincuente y la víctima. Me tengo que acercar a la persona condenada por el delito con la convicción de que tengo delante a un humano al que no puedo cosificar, que es lo que él hizo con las víctimas. A nadie se le exige ser demócrata, sino que respete la ley. La ley establece unas líneas rojas. La principal, que no se puede conseguir objetivos políticos matando.
– ¿El Gobierno se equivoca al no promocionar la ‘vía Nanclares’?
– A mi juicio, se equivoca. Pero no quiero dar lecciones a nadie. Lo que quiero decir es que los jueces sí estamos contribuyendo a través de esa justicia restaurativa. A finales del año pasado hicimos un congreso de jueces sobre este tema que dedicamos a José María Lidón, la víctima del terrorismo que nos resulta más cercana. Lidón, hoy, estaría por la justicia restaurativa, una vía que nos gustaría que fuera política penitenciaria expresa. Yo he leído la documentación del Ministerio del Interior a este respecto y creo que se puede ser más decidido.
La última redada
– ¿Qué opina de la operación contra Herrira?
– No puedo decir nada sobre este caso ni de ningún proceso que esté en marcha. Hay que preservar las garantías de los imputados, pero debe recordarse que todos los demócratas tenemos el deber de soportar, siempre que haya incidios suficientes, la carga de una detención y de una sujeción a un proceso. Es como pagar impuestos. Si las cosas van bien, las equivocaciones se corregirán. No puedo pensar que un demócrata no puede ser detenido porque él sabe que no es delincuente. Un demócrata tiene que someterse a las previsiones legales, que dicen que hasta un máximo de 72 horas se puede privar de libertad a una persona por la investigación de una actuación criminal.
– ¿Ve en este procedimiento un aviso de que se podría emprender la ilegalización de Sortu?
– No. Son puras conjeturas, pero creo que no. Los jueces no actuan con otro objetivo que no sea la persecución del delito. Con eso no quiero decir que los jueces no metamos la pata.
– ¿Cree factible una ilegalización de la izquierda abertzale?
– En absoluto.
– El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior decía en verano, a cuenta de la polémica con la txupinera de Bilbao, que la izquierda abertzale está tensando la cuerda.
– No tengo ni idea. Yo sigo la doctrina del Constitucional y creo que, en estos momentos, no se da ninguno de los elementos que la jurisprudencia de ese tribunal exige para un procedimiento de ilegalización.
– ¿Entiende como el PNV que esta operación supone un regreso al pasado? – Tendrán más datos que yo, pero, por suerte, estas noticias hoy forman parte de las páginas de sucesos. O yo por lo menos las leo desde las páginas de sucesos. El sistema de garantías va a funcionar y está funcionando. La carga de sufrir una detención la tenemos todos los ciudadanos. No tengo ningún dato para pensar que en esta operación haya un objetivo distinto al de la averiguación de un delito.
– ¿Sortu debe ir más allá en el reconocimiento del daño causado y la aceptación del ‘suelo ético’?
– A Sortu le pediría sinceramente que cumpla con sus estatutos sin más. Sus estatutos permitieron que se le inscribiera en el registro de partidos porque estaban en el ámbito del ‘suelo ético’ exigible para ser una organización política. En línea con ese suelo está la propuesta del Parlamento vasco. No entiendo dónde está la discrepancia. Teniendo en cuenta sus estatutos y la propuesta del Parlamento debería ser factible el entendimiento. Deben aceptar sin más el ‘suelo ético’.
– Las relaciones con el Gobierno vasco están totalmente normalizadas. ¿Era necesaria la polémica que la cúpula judicial mantuvo por la retirada de los escoltas?
– Probablemente por mi parte hubo una cierta torpeza y se podría haber encauzado de otra manera. Lo que pasa es que todo fue muy súbito. En general, irrita que se tomen decisiones en agosto sobre los jueces. Es una cuestión que tiene que ver más con la forma que con el contenido. Si un programa de protección ha concluido, el respeto institucional nos da derecho a conocer cuál es el diagnóstico que ha llevado a la finalización de ese programa. Responder que es una cuestión técnica no es una contestación que aceptemos de buen grado. Y luego ya viene el resultado: cómo vas al día siguiente a la toma de posesión del comandante naval en un barco. Tienes que llamar y decirles que puedes llegar a Santurtzi en metro, pero que de ahí al barco… La consecuencia es que ni el presidente de la Audiencia ni yo podemos acudir a esa toma de posesión.
– Si ése es todo el privilegio, vamos bien. Los cuatro presidentes –los tres de las audiencias y yo–, además del juez decano de Bilbao, que tiene 52 juzgados que gestionar, pedimos que nos podamos mover sin tener que emplear el vehículo particular o el servicio público. Antes teníamos cuatro vehículos que se entregaron el 1 de septiembre. Ahora el Departamento de Justicia se va a hacer cargo de esos desplazamientos y yo llevaré protección.