Ignacio Camacho-ABC

  • El desempeño de la Fiscalía como «longa manus» del Gobierno ha pasado de anomalía jurídica a simple hábito rutinario

Una de las características del sanchismo es la de convertir la anomalía institucional en un hecho rutinario que a base de repetición termina formando parte del paisaje político cotidiano. El objetivo es de estandarizar la irregularidad hasta que los ciudadanos la interioricen como un hecho natural o lógico y en vez de llamarse a escándalo se acostumbren a ella por puro cansancio. Es lo que está empezando a suceder con la Fiscalía General, cuyo desempeño como un Ministerio más, como una longa manus del Gabinete en el poder judicial ha dejado de constituir una desviación jurídica para transformarse en un hábito. No hay causa en la que el interés gubernamental se vea afectado sin que la antigua titular de Justicia imponga a sus subordinados una interpretación abusiva del principio jerárquico que los convierte de facto y con el mayor desparpajo en mera prolongación instrumental de la Abogacía del Estado.

Entre la veintena de querellas por la gestión del Covid, cuyos resultados apuntan como poco a una flagrante incompetencia, hay bastantes que pecan de precipitación, de presunción genérica o de argumentación chapucera; algunas están fundamentadas en recortes de prensa. Pero su rechazo global, en bloque, por el fiscal del Supremo desprecia la singularidad de cada una de ellas acumulándolas en una presunta causa general que las interpreta como fruto de una voluntad coordinada de forma más o menos expresa. De un solo golpe, la Fiscalía rechaza cualquier posible consecuencia penal de la manera en que la Administración afrontó la lucha contra la pandemia bajo el paraguas de una discutible excepcionalidad constitucional en la que numerosos especialistas encuentran bastantes grietas, y desestima la posibilidad de investigar responsabilidades por ocultación, desprotección del personal sanitario, contrataciones irregulares de material defectuoso o simple negligencia. Nadie puede negar a un teniente fiscal de Sala como Luis Navajas la solvencia demostrada a lo largo de toda su carrera. Sin embargo, como reconocía ayer ante Carlos Alsina la presidenta de la asociación profesional, es la adscripción política y partidista de su jefa, Dolores Delgado, la que siembra una inevitable sombra de sospecha: la de que cuando se halla por medio el Gobierno, la acusación pública parece investirse con la toga de la defensa.

Porque no existe caso comprometido para el Ejecutivo en que no barra para adentro: el 8-M, el caos de coronavirus, el procesamiento de Martín Villa en Argentina, la presunta caja B de Podemos. Y al mismo tiempo, con diligencia selectiva, se activan pesquisas de procesos en los que la oposición y hasta la Corona quedan en aprietos. No parece un exceso de suspicacia pensar en un doble rasero, en un claro sesgo discrecional de los márgenes interpretativos del Derecho. En un blindaje de impunidad que ni siquiera trata ya de parecer discreto.