Isabel San Sebastián-ABC
- Con la Guardia Civil, la «banda» liberticida de Sánchez pincha en hueso
El coronel Diego Pérez de los Cobos no se arrugó. No manchó el uniforme aflojando los esfínteres ante las llamadas apremiantes recibidas en pleno domingo de su superior orgánico y su directora general, para que desvelara el contenido de un informe reservado a los ojos de la juez Rodríguez Medel. No humilló el tricornio obedeciendo una orden ilegal, sin más base que el ansia del Gobierno por conocer el curso de una investigación judicial referida a su delegado en Madrid. El coronel Pérez de los Cobos protegió a sus hombres y cumplió la ley, como manda el honor que la Guardia Civil tiene por divisa. Tuvo que elegir entre su dignidad y su cargo y no dudó. Mantiene intacta la
dignidad, aunque haya sido desposeído del cargo por un ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que arrastra por el fango político su antigua toga de magistrado.
Pérez de los Cobos ya estaba «marcado» por los socios parlamentarios del presidente. Lo señalaron los bilduetarras hace años, cuando luchaba contra el terrorismo en el País Vasco, imputándole falsamente un delito de torturas del que resultó absuelto. Más tarde fueron los independentistas catalanes quienes lo pusieron en la diana, después de que el coronel prestara un testimonio clave en el juicio celebrado contra los sediciosos del 1-O. Ayer, en el Congreso, el Rufián que pone voz a ERC le recordó ese episodio a Sánchez, subrayando que «Pérez de los Cobos no miente más ahora de lo que mentía entonces». Y, como cabía esperar de un tipo de su catadura, el jefe del Ejecutivo calló ante semejante calumnia. Dejó al coronel a los pies de los caballos separatistas merced a los cuales gobierna. A fin de cuentas, les acababa de entregar su cabeza, que se suma a las del también coronel Sánchez Corbí, exjefe de la UCO y viejo enemigo de ETA; María José Segarra, fulminada de la Fiscalía General tras amparar la independencia de los fiscales para ser reemplazada por una exministra socialista con estrechos contactos en el hampa policial, o Carmen Tejera y Edmundo Bal, abogados del Estado destituidos por negarse a secundar la utilización de la Abogacía del Estado como abogacía del Gobierno en dicha causa.
El tándem Sánchez-Iglesias no se detiene ante nada. Primero fue a por los medios de comunicación, con ruedas de prensa amañadas e información tan manipulada que resulta imposible conocer hasta el número de muertos que deja tras de sí esta pandemia. Después a por las libertades civiles, políticas y económicas, con un estado de excepción encubierto que va ya para noventa días. Ahora le ha tocado a la Guardia Civil, y lo próximo serán los jueces, llamados a dirimir las incontables denuncias presentadas contra lo que Albert Ribera llamaba acertadamente «la banda» que nos gobierna. Carmen Rodríguez Medel ya nota en la nuca el aliento de los abogados del Estado que, al servicio del Gobierno, la acusan de instruir una «causa general» contra él.
Con el benemérito Cuerpo, no obstante, «la banda» presidencial pincha en hueso. Ya al poco de su fundación el duque de Ahumada le presentó la dimisión al todopoderoso general Narváez, quien le había ordenado represaliar a un humilde cabo por cumplir con sus órdenes de impedir el paso a su carruaje. El martes siguió ese ejemplo el director adjunto Operativo, Laurentino Ceña, en protesta por la purga del coronel Pérez de los Cobos. Narváez en su día se echó atrás, abrumado por el valeroso gesto de Ahumada. Narváez era un general y un caballero español. Marlaska es un lacayo de Sánchez y éste, un personajillo fatuo, sin escrúpulos ni honor.