PELLO SALABURU, EL CORREO 23/10/13
· La puesta en libertad de Inés del Río ha dejado al descubierto la endeblez de algunas leyes que deberían haber sido modificadas hace muchos años.
La verdad es que la foto de la salida de la cárcel de una asesina como Inés del Río, envuelta en una ikurriña y al abrigo de familiares y amigos, para disimular un poco su figura, ha tenido que crear un enorme desasosiego entre las víctimas. Abandona la cárcel, camino de la libertad, tras haber malgastado de forma bastante estúpida 26 años de su vida. Entró joven y sale una persona mayor; entró una veinteañera, sale una cincuentona. Nunca podrá abordar ya proyectos como los que dieron sentido en estos pasados años a quienes, siendo de su misma edad, eligieron, sin embargo, otros caminos. Observará con desazón, además, que las cosas han cambiado mucho en todo este tiempo, y que el retrato que ella tiene de la sociedad se parece poco a la realidad con la que se va a encontrar. Bastará con que lea de vez en cuando los periódicos en Tafalla, si es que decide afincarse allí.
Ha visto de cerca la soledad, pero tengo la impresión de que pasados los primeros días o las primeras semanas, esa soledad se le va a hacer bastante más insoportable, cuando quienes hoy la rodean vuelvan a su actividad diaria y a sus propios problemas. No ha mostrado arrepentimiento alguno, aunque ha mantenido un discreto silencio, y se ha limitado a reclamar el cumplimiento de esas leyes que tanto parece aborrecer. Fue condenada a más de 3.000 años de cárcel por su participación en una veintena de crímenes. Siempre me he preguntado cómo se puede condenar a alguien a miles de años de cárcel, cuando, por aborrecible que sea lo que haya hecho, probablemente con cien años sería más que suficiente… siempre que se cumplieran. Tampoco he entendido muy bien cómo una persona condenada a tantos años puede salir libre. Pero el caso es que la maraña de leyes que tenemos en el Estado, unida a la alegría con que unos y otras las han ido interpretando según conveniencias, ha hecho posible que Inés de Río, junto con unas decenas más de presos, pueda ser de aquí en adelante la persona que tenga usted delante en la cola de la pescadería comprando género para preparar luego una merluza en salsa verde.
Hemos dispuesto de leyes absurdas, y más absurda ha sido aún su aplicación. Aplicación a la que no han contribuido solo los jueces. También esos beneficios por estudios o por actividades que siempre recibían el visto bueno de forma automática han ido acortando, de forma discreta y callada, los años de cumplimiento. Durante años ha sucedido así, sin que haya pasado nada, hasta que con Parot saltan de repente todas las alarmas, y el Gobierno central y los tribunales se dicen que esto no se puede permitir. Y, miren por dónde, tanto el Supremo como el Constitucional, esos tribunales que deberían velar para que no se produjesen arbitrariedades ni interpretaciones de trazo grueso por parte de nadie, dan con la clave y comienzan a interpretar la ley, de un día para otro, de forma distinta a la que se había utilizado hasta el momento. Solo con el objetivo de que Parot y el resto se chupasen unos cuantos años más, aplicando criterios que hasta entonces no se habían utilizado. Fue otro ejemplo más de la arbitrariedad con que a veces actúan nuestros tribunales superiores, sin que parezcan sentir vergüenza ajena alguna.
A las víctimas produce desazón la excarcelación de Inés del Río. A muchos otros nos produce asco y preocupación. Pero es lo que dicta el Estado de derecho, que no se puede utilizar a trozos, según conveniencias. De forma voluntaria los gobernantes españoles decidieron que debíamos formar parte de un sistema de garantías que llega hasta Estrasburgo. Y allí han dictaminado, como no podían hacer de otro modo, que los jueces españoles han mostrado tener unos criterios judiciales absolutamente arbitrarios.
La puesta en libertad de Inés del Río ha dejado al descubierto la endeblez de algunas leyes que deberían haber sido modificadas hace muchos años en el Parlamento, la dejadez de gobiernos que tenían que haberse adelantado con sus proyectos, para presentarlos allí donde se deben discutir y aprobar, pero también la mediocridad de algunas instituciones judiciales que no han tenido ningún empacho en aplicar razones políticas trufadas de argumentos judiciales incapaces de resistir ningún análisis. Todo esto genera en el ciudadano una sensación de indefensión ante colectivos que en lugar de velar por nuestros derechos, acaban moldeando su actividad para que encaje mejor con lo que se les pide desde el Ministerio del Interior.
No me gusta nada que salgan asesinos, ni que se ponga en la calle a violadores, pero es tarde ya para lamentaciones, porque había que haber puesto remedio a eso mucho antes, hace muchos años. Aunque suponga poner otro clavo en el ataúd de las víctimas, Estrasburgo no ha hecho sino interpretar la ley de la única forma que era posible, de acuerdo con lo que se firmó en las Cortes y con la interpretación que de ellas siempre se había hecho. Estrasburgo no se pone al teléfono, solo mira papeles. Lo mejor, a estas alturas, es soltar a los afectados cuanto antes. Y aprender para el futuro. No creo que sea buena señal que sigan dictándose condenas de miles de años, bastará con algunos menos, pero que sean reales en su cumplimiento, en la cuantía real que se decida. Eso será una buena señal.
PELLO SALABURU, EL CORREO 23/10/13