Ninguno de los miembros del sector financiero consultados ayer por EL ESPAÑOL en relación al nuevo impuesto a la banca alberga duda alguna de que este acabará en los tribunales. La convicción es incluso más firme en el caso del sector energético, habitualmente menos comedido que el de la banca en sus críticas al Gobierno.

Algunas de las últimas declaraciones de los principales representantes de ambos sectores parecen apuntar en ese sentido y avanzan una posible estrategia en los tribunales: la de considerar el nuevo impuesto como una doble imposición a banca y energéticas.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha anunciado que «hará todo lo posible» para luchar contra las iniciativas «arbitrarias» del Gobierno. Lo ha hecho negando la mayor. Es decir, la tesis gubernamental de unos supuestos «beneficios caídos del cielo» en un contexto de alza de los precios de la energía.

José Bogas, CEO de Endesa, ha defendido una tesis similar a la de Imaz. «No obtenemos beneficios extraordinarios en esta coyuntura». Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha apuntado por su parte a las gasistas y las petroleras como las verdaderas beneficiarias de la espiral alcista de los precios.

Aunque quizá la más contundente haya sido María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, que ha anunciado su voluntad de «pelear» contra un impuesto «injusto». Dancausa ha afirmado también que la subida de los tipos de interés no supondrá para el sector financiero unos beneficios extraordinarios, sino sólo el retorno a una «situación de normalidad» tras años de tipos cero.

Un problema… para Feijóo

De acuerdo a la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, el impuesto a las energéticas gravará con un 1,2% todas aquellas empresas con una cifra de Gobierno superior a los 1.000 millones de euros. Las afectadas serán Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, Acciona, Repsol, Cepsa, BP, Disa y Galp.

El impuesto a la banca gravará por su parte el margen de intermediación. Es decir, la diferencia entre los intereses y las comisiones que pagan y que cobran los bancos. El tipo será del 4,5% y quedarán exentas del impuesto aquellas entidades con un margen inferior a 500 millones de euros.

Pero lo paradójico es que, de triunfar los recursos contra el impuesto, que ha sido disfrazado por el Gobierno como prestación no tributaria precisamente para evitar su anulación en los tribunales, la devolución con intereses de los importes indebidamente recaudados correrá a cargo del nuevo Ejecutivo. Es decir, el de Alberto Núñez Feijóo si este gana las elecciones y logra formar Gobierno a finales de 2023 o principios de 2024.

Operadores dominantes

Lo cierto es que resulta casi imposible imponer un impuesto a los ingresos que no acabe repercutido en los clientes. Algo que se va a notar con especial intensidad en el sector energético, donde existen algunos operadores dominantes que llegan a copar el 80% e incluso el 100% del mercado, como ocurre por ejemplo en el caso del refino.

Los encargados de fiscalizar que el impuesto no sea repercutido serán el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero su tarea se convertirá en imposible si las empresas afectadas hacen algo tan sencillo como aumentar el precio de sus servicios y productos antes de que se apruebe este.

Y esta es sólo una de las posibles vías de escape que tendrán a su alcance las empresas afectadas para evitar que el impuesto reduzca sus beneficios.

Por otro lado, si el pretexto para la imposición es la obtención de algo tan vaporoso y difícil de concretar en la práctica como unos presuntos «beneficios extraordinarios», y dado que el impuesto grava los ingresos del grupo consolidado, ¿con qué argumento se gravan también los beneficios de actividades reguladas por el Estado si es este el que fija la retribución de dichas actividades?

Es más. ¿Cómo se justifica el impuesto a la vista de que esos beneficios extraordinarios de los que habla el Gobierno están muy lejos de ser realidad en una buena parte de los casos? Los beneficios de Iberdrola han caído en España un 26% durante el segundo semestre. Los de Endesa han caído entre enero y junio un 12%.

En cuanto a la banca, la mayoría de sus hipotecas son a tipo fijo, lo que hace que el impacto de las subidas de los tipos sea muy marginal en este tipo de producto.

La batalla por el nuevo impuesto a la banca y las energéticas sólo acaba de empezar. Y el principal derrotado podría ser, paradójicamente, Feijóo.