Después de siete meses del decreto del primer estado de alarma, numerosas administraciones autonómicas se deciden al fin por una medida que debía haberse adoptado desde el inicio y que nos habría ahorrado esta segunda ola de contagios: los test masivos. ¿Qué ha cambiado para que se produzca este súbito giro en la política sanitaria de un buen número de comunidades autónomas, incluida la vasca? Pues lo único que ha cambiado es la irrupción en el mercado de las llamadas pruebas de antígenos que ha elaborado la compañía farmacéutica Abbott. Se alegan dos razones para el cambio de criterio: la rapidez en los resultados que ofrecen esos test y su bajo precio. Pero el primero de esos motivos no explica el desprecio hacia las pruebas ‘más lentas’ que hasta ahora ha profesado la misma clase política que no dudaba en hacérselas de manera frenética. Que el AVE sea más veloz que el Talgo no fue un motivo para desdeñar a este último durante medio siglo y decidir quedarnos en casa antes que viajar despacio. Cuando hay que viajar se viaja con lo que se puede. La rapidez del test de antígenos no justifica la infravaloración oficial de los serológicos o los PCR. Cuando de lo que se trata es de contener la expansión de un virus, lo lógico es utilizar a fondo los medios que se tienen, o sea los test, sean lentos o veloces.

Descartado el primer motivo, queda el segundo: el del coste económico. La repentina fe en las pruebas de Abbott demuestra que no es que nuestros políticos no creyeran en la eficacia de los test en general sino que les parecía una medida demasiado cara para ponerla al alcance de toda la población. No estaban dispuestos a ningún recorte en el despilfarro habitual del gasto público en nombre de la salud. No se les ocurrió que ese ahorro tendría el precio de una paralización de la economía comparable a la de la Guerra Civil. Hay un tercer motivo y es el de ocultar las cifras de contagios para ahorrarse otro coste: el político. En cualquier caso, la desescalada sin test ni un mapa del virus no podía tener más consecuencia que la que hoy pagamos.

Siete meses. Ese es el tiempo que ha tardado una parte de nuestra clase política (no toda) en reaccionar. Dicha medida temporal debería estudiarse en los libros de texto junto al número de segundos que resiste un ser humano sin respirar o el cerebro sin riego sanguíneo. Como el Kilo Patrón de platino iridiado se guarda en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de París, esos más de 200 días que ha necesitado la subespecie política para reaccionar deberían estar simbolizados en el Museo Antropológico Nacional junto a la velocidad que podía alcanzar corriendo el ‘Homo Neanderthalensis’.