Tiempo de rebeldía

Leo que Pedro Sánchez está dedicando su situación de presidente en funciones a hablar con la sociedad civil para enriquecer la propuesta que vaya a hacer a posibles aspirantes a prestarle su apoyo parlamentario para una investidura. Dicen las encuestas, en su parte más creíble, que los ciudadanos ven a los políticos como el segundo problema principal. También dicen, o decían, las mismas encuestas que los ciudadanos se habían distanciado enormemente de la política y de los políticos. Nunca me veo reflejado en ningún sondeo. Sí me reconozco como harto de los políticos actuales, pero nunca me sentiré alejado de la política, de la política en su sentido más noble: la constitución de una sociedad como comunidad política, como Estado de derecho en el que la soberanía esta sometida al imperio del derecho y la voluntad popular solo es democrática como voluntad constituida, no como voluntad constituyente, de la política como el esfuerzo por mantener viva esta organización de la comunidad política frente a todos los peligros permanentes que la acechan.

Pero si no me siento representado por los políticos electos, aún menos por lo que para el presidente representa a la sociedad civil: los grupos, grupúsculos, ONGs, asociaciones diversas, sindicatos y patronal que parecen constituirla. Siendo socio en varias de ellas –Acnur, Acción contra el Hambre, Médicos sin Fronteras, Acción contra el Cáncer, Covite–, no habiendo estado sindicado nunca, ninguna de ellas me representa políticamente; la que más, la citada en último lugar. Sánchez seguirá sin saber lo que opina la sociedad civil en su mayoría si sólo escucha a aquéllas que leemos que han sido las elegidas. A pesar de que la inclusión se ha convertido en una de las palabras fetiche de la política actual, esa misma selección implica una exclusión que, además, se defiende diciendo que se trata de enriquecer un programa de Gobierno progresista, como si este añadido significara algo claro y bien definido aparte de indicar una grave exclusión.

Exclusión basada en progresismo obligatorio, razón suficiente para la rebeldía. Razón que aumenta por la vaciedad de contenido de la palabra misma. La rebelión es a ser metido en un cajón de sastre donde cabe todo y caben todos, tirios y troyanos, cartaginenses y romanos, güelfos y gibelinos, bonapartistas y republicanos, ecología y creación de riqueza, creación de empleo y liquidación de la industria automovilística, gasto público y reducción del déficit. Todo es progresista y nada lo es, todos son progresistas, luego nadie lo es.

Lo que ocurre con la palabra progresista sucede con otras muchas palabras fetiche de la política que empujan asimismo a la rebeldía. Dicen los comentaristas de izquierda para defender la elección de la nueva presidenta del Gobierno en Navarra que se trata de un esfuerzo de «transversalidad», de poner en relación las dos comunidades que existen en la Comunidad Foral. Para ello el PSN asume cinco abstenciones de Bildu/Otegi porque comparten el rechazo radical de la comunidad que ha elegido como mayoría –muy amplia pero minoritaria– a Navarra Suma (UPN, PP, Cs). Transversalidad vía rechazo y exclusión. Transversalidad con quienes han hecho de la exclusión pilar fundamental de su ideología. Eso sí, con mucho diálogo, otra palabra fetiche tan desprestigiada que no se recuperará hasta que los políticos dejen de usarla durante bastante tiempo.

Es como cuando el presidente Sánchez apela al constitucionalismo de Partido Popular y Ciudadanos para que se abstengan en su siguiente investidura que quiere acordar con un partido, Podemos, que pretende una reforma radical de la Constitución del 78, de todo lo que significa la Transición y el paso a la democracia, para comenzar a caminar hacia una democracia del pueblo –gramsciana, laclauista o a la Badiou, qué más da– pues lo importante es que manden ellos, los Unidos/as Podemos, para acabar con lo más importante de la democracia, la inclusión de todos los ciudadanos como iguales en derechos, deberes y en libertades. Pura contradicción.

Andoni Ortuzar, presidente del PNV, viene a arreglarlo todo –algo que sólo lo puede hacer el nacionalismo vasco– diciendo que el pacto en Navarra es un ejemplo de normalidad que debe extenderse al Gobierno de España –me imagino que habrá dicho Estado para no manchar sus labios con el nombre impronunciable–. Normalidad equiparar, como ha hecho el PSN, a Navarra Suma (UPN, PP y CS) con Bildu. Será normalidad táctica, normalidad política para destruir la política, normalidad nacionalista para conseguir mas réditos competenciales y financieros, pero muy lejos de cualquier normalidad política que respete un mínimo la ética. Una normalidad como la que pone de manifiesto el lehendakari Urkullu, que se muestra indignado con los homenajes a los presos de ETA que salen de prisión pero que acepta que su partido apruebe en el Parlamento Vasco un pacto con Bildu para definir el futuro político de Euskadi en línea con las pretensiones de ETA y de sus herederos, contraviniendo lo dispuesto como mandato por la Ley vasca de Víctimas cuando habla del significado político de las víctimas de ETA. Toda una mascarada insoportable que requiere de toda la rebeldía de que uno sea capaz –¡si José Antonio Aguirre, Irujo, Leizaola, Juan Ajuriaguerra levantaran la cabeza para ver a su partido apoyando un gobierno sostenido por comunistas!–.

Nos devanamos los sesos tratando de intuir, definir y explicar las tácticas y estrategias del dúo Sánchez/Redondo. En balde. Harán lo que el momento les dicte, el momento del marketing que es lo único que les interesa para alcanzar el poder. Algunos, incluso nacionalistas del PNV, se enfadaban escuchando a uno de sus líderes, Joseba Egibar, hablar de España como Estado fallido. España no es un Estado fallido. Son los nacionalismos periféricos, el catalán y el vasco en todas sus versiones, los que están intentando llevar al fracaso a España como Estado de derecho, acompañando para ello como ayudantes necesarios a un izquierdismo español a quien no le cuesta nada esa ayuda pues se ha convertido en un partido nacionalista más, olvidándose de uno de los pilares de su planteamiento político tradicional, aquél que decía que los ciudadanos son iguales en derechos y libertades, exigiendo para ello un mínimo de seguridad material para que la libertad fuera real, rechazando todo tipo de privilegios territoriales, incluyendo en territorial las correspondientes a las geografías sociales. Los nacionalismos periféricos y el socialismo de Sánchez, la ideología de valorar la diferencia y la diversidad sobre la igualdad, se han equiparado estructuralmente. Esto es lo que puede llevar a la quiebra al Estado, a España. Pero no es el Estado el que está fallando.

Y LA FORMA de defender la libertad y el Derecho garantizados sólo por el Estado de derecho que es España es recordando los principios fundamentales de la política democrática: lo único que incluye es la ley y el Derecho, la igualdad en derechos y libertades de los ciudadanos; la comunidad política no se puede construir sobre lo que diferencia y puede dividir, sino sobre lo que nos hace iguales. Sólo en el horizonte de la igualdad en derechos y libertades tiene sentido el derecho a la diferencia, el pluralismo y la libertad (Sartori). Sin ese horizonte de igualdad la diferencia se vuelve división, el pluralismo desintegración volviendo a aparecer los dogmas de las nuevas ortodoxias que niegan la libertad de conciencia.

Todos éstos son elementos con los que no se puede jugar; ni táctica ni estratégicamente. Llevamos demasiado tiempo haciéndolo. Si seguimos así lo pagaremos muy caro. Y no vale decir que ahora me olvido de todo eso, que luego ya volveré a ello, luego, cuando tenga todo el poder en mi mano. Luego siempre es demasiado tarde. Sobre todo cuando no se sabe con quién se está jugando la partida.

Joseba Arregi, ex consejero del Gobierno Vasco, es ensayista.