EL MUNDO 05/03/13
Pone en marcha un expediente para destituir a Rodríguez Sol debido a su reiterada insubordinación en defensa de los intereses de CiU
El fiscal general paró ayer en seco la conducta del fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, de respaldo a la celebración de una consulta soberanista cuya impugnación ante el Tribunal Constitucional acaba de ser acordada por el Gobierno de la Nación. Torres-Dulce ha iniciado un expediente para la remoción de Rodríguez Sol por pérdida de confianza tras haber roto la neutralidad política a la que se deben los fiscales.
El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, ha decidido iniciar el expediente de remoción del fiscal superior de Cataluña a las 24 horas de que la agencia Europa Press difundiera unas declaraciones de Martín Rodríguez Sol en las que avalaba la celebración de una consulta de autodeterminación ya que «al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere».
La iniciación del expediente de remoción fue acordada a media tarde de ayer en una reunión que Torres-Dulce celebró con el jefe de la Inspección Fiscal, Alfonso Aya, y con varios de sus colaboradores más cercanos. En ella se analizaron tanto las últimas manifestaciones de Rodríguez Sol como su comportamiento anterior como fiscal superior de Cataluña.
El decreto de iniciación del expediente de remoción incluye tres hechos que han dado lugar a la pérdida de confianza del fiscal general en quien fue uno de sus primeros nombramientos de relevancia, ejecutado hace sólo siete meses.
El primer hecho que se consigna fue el decreto de apertura de unas diligencias de investigación por parte del fiscal superior de Cataluña el 21 de septiembre pasado, en el tramo final de las elecciones autonómicas.
En contra de las indicaciones que unos días antes le había dado Torres-Dulce -que señaló a Rodríguez Sol que no abriera esas diligencias hasta después de las elecciones catalanas y que, en todo caso, no les diera publicidad-, el fiscal superior de Cataluña incoó una investigación por la información publicada en EL MUNDO sobre la posible existencia de cuentas de las familias Mas y Pujol en Suiza.
Además de no hacer caso a las indicaciones del fiscal general, Rodríguez Sol prejuzgó en el decreto de apertura que la noticia «carece de fundamento» y «presenta todos los elementos típicos del delito de calumnia», y ello pese a no haber realizado investigación alguna.
El expediente de remoción incluye un segundo hecho relativo a que, sin el conocimiento ni autorización del fiscal general, Rodríguez Sol participó el pasado 5 de febrero en el Palau de la Generalitat en una reunión convocada por Artur Mas para abordar medidas contra la corrupción.
El tercer hecho son las manifestaciones netamente políticas realizadas el domingo sobre la consulta de autodeterminación. Esas declaraciones constituyen la segunda insubordinación de Rodríguez Sol en apenas tres meses ya que el jueves pasado, con ocasión de una reunión de fiscales superiores en Madrid, Torres-Dulce habló con su subordinado y le instó a mantener una estricta neutralidad política ante lo que ya entonces se perfilaba como una segura impugnación ante el Tribunal Constitucional de la declaración soberanista aprobada el 23 de enero por el Parlament.
De nuevo en contra de esas indicaciones, Rodríguez Sol concedió la entrevista, con la que el fiscal general se encontró ya una vez difundida a través de Europa Press.
Fuentes de la Fiscalía General señalaron que Rodríguez Sol no sólo ha roto la neutralidad política a la que están obligados los fiscales, sino que también ha comprometido la imagen de imparcialidad y no alineamiento partidista de la institución en un asunto -la consulta de autodeterminación- ajeno a sus competencias y sobre el que la Fiscalía del Tribunal Constitucional deberá pronunciarse jurídicamente en el seno del proceso que se abra en el TC por el recurso del Gobierno.
El decreto incoando el expediente de remoción será ahora notificado a Rodríguez Sol para que haga alegaciones y luego será debatido por el Consejo Fiscal, órgano de representación de la carrera fiscal. Torres-Dulce deberá decidir entonces si eleva al Gobierno la propuesta de remoción, de la que sólo hay un antecedente: el que afectó a José Leopoldo Aranda en 1997, cuando fue trasladado de su destino como fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Cándido Conde-Pumpido también acordó un expediente de remoción contra Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional en 2006, pero éste dimitió antes de que se tramitara.