La medida, introducida por la directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente (hermana del ministro Óscar Puente), ampliaba la cobertura contemplada en la Ley de Memoria Democrática hasta el punto de afectar a todos los que salieron de España desde el 36 al 55, sin que tuvieran que documentar su vínculo familiar. Cuando se conoció esa vuelta de tuerca a la norma publicada en el BOE en octubre de 2022, no saltaron las alarmas. Pero en estas últimas semanas, ante el empeño del Gobierno de agilizar las nacionalizaciones, las suspicacias se han disparado hasta crear un clima de desconfianza que solo se podría superar si no se hacen trampas, no se añaden aspirantes a electores que nada tienen que ver con nuestro país, no se regatea en las fechas y no se dilata la hora de presentar la documentación requerida por el Tribunal Supremo.

Con esta decisión del Constitucional, el Defensor del Pueblo ha quedado en evidencia al haber instado al órgano que preside Conde Pumpido a saltarse las normas. No se ha agotado todavía la vía judicial ordinaria, por lo tanto, el recurso era prematuro. Esa es la respuesta a su requerimiento. Pero, en el fondo, le habrá supuesto un alivio porque él sabía, en su fuero interno, que no estaba obrando bien. Según reconoció en un documento escrito hace unos meses, su cargo «carece de facultades para revisar las resoluciones judiciales». Pero ante las urgencias electorales de Pedro Sánchez, cambió de opinión en el último suspiro de la legislatura. Y pinchó en hueso. Fracasó él y se equivocó el Gobierno, que ha ejercido una manifiesta presión sobre los organismos que controla pero ha forzado tanto la máquina que se ha equivocado con el Constitucional.

No existen precedentes en los últimos años de tanta coincidencia en el voto entre magistrados de izquierda y conservadores ante una decisión de gran calado como el derecho al sufragio en las próximas elecciones del 29-N. Ayer se rompió la dinámica de bloques instaurada en los últimos ocho años.

El presidente del Tribunal de Garantías, Conde Pumpido, que no vaciló cuando le enmendó la plana al Supremo con la sentencia de los ERE fraudulentos de Andalucía o con la aplicación de la Ley de Amnistía para Puigdemont y sus compañeros de fatigas secesionistas, esta vez no ha sustituido al alto tribunal. No ha querido prevaricar en el epílogo de su carrera. El proceso que quería anular Ángel Gabilondo se encuentra ‘sub iudice’, pendiente de resolución judicial. Y mientras dure la tramitación, es competencia exclusiva del Supremo. En esta primera etapa, el recurso no tiene fundamento. Roma locuta, disputa finita.