MANUEL LAGARES-El Mundo

El autor analiza los avisos que se contienen en el último informe trimestral del Banco de España sobre nuestra economía y que alertan de la desaceleración del crecimiento y del descontrol del déficit público.

EL BANCO de España –que, para bien de nuestro país, parece haber recuperado su voz tradicional, bien potente y fundamentada– ha lanzado en su último informe trimestral tres avisos sobre la economía española de gran interés para quienes analizamos frecuentemente su evolución y, muy especialmente, para quienes tienen la responsabilidad de dirigir su política económica, es decir, para el Gobierno de la Nación. El primero de esos avisos se refiere al crecimiento de la producción en 2018 y, sobre todo, al que se espera para 2019 y años sucesivos. Los datos completos de la Contabilidad Nacional del último trimestre de 2018 no estarán disponibles hasta finales de este mes según el Instituto Nacional de Estadística, pero el Banco de España, como siempre suele hacer, ha anticipado una estimación del crecimiento del PIB para 2018 del 2,5% y una previsión del 2,2%, para 2019, del 1,9% en 2020 y del 1,7% en 2021. Para ello, el Banco ha partido de unas hipótesis muy favorables. La primera, que se producirá un desvanecimiento gradual de las incertidumbres actuales, con recuperación de nuestros mercados exteriores. La segunda, que se mantendrán los avances alcanzados en la restauración de los equilibrios básicos de nuestra economía y, especialmente, de su productividad. La tercera, que se darán unas condiciones monetarias bien benignas en 2019. Pero obsérvese que ello significa que la tasa de crecimiento del PIB durante 2019 y años sucesivos estará fuertemente condicionada por esas tres hipótesis.

De hecho, el primer aviso del Banco se refiere a que no estamos ya en una coyuntura expansiva como en años anteriores, en los que navegar con el viento a favor conducía a tasas crecientes de producción y de empleo en un entorno internacional relativamente fácil. Por el contrario, nos encontramos hoy en otra coyuntura bien distinta, muy condicionada por lo que pueda ocurrir en los mercados exteriores (Brexit, Alemania y guerra comercial EEUU-China, entre otros) y por el mantenimiento de los equilibrios de nuestra economía, dado que respecto a su tercer condicionamiento –la política monetaria– ya se conoce que en la zona euro va a tomar, al menos para este año, una trayectoria claramente benigna. El aviso respecto a un posible agravamiento de la situación, de no cumplirse las favorables hipótesis comentadas, es evidente.

El segundo aviso del Banco de España se refiere al mantenimiento de los equilibrios de nuestra economía en el ámbito del sector público. Desde el fortísimo déficit público del 11% del PIB en 2009 hasta el 2,7% en 2018, el sector público ha venido reduciendo la cuantía relativa de esta magnitud año tras año, aunque casi nunca al ritmo acordado con las autoridades de la UE. Para 2019 el Gobierno anterior había previsto un déficit de un 1,3% del PIB, lo que implicaba una hipótesis optimista respecto al crecimiento del PIB y un esfuerzo considerable respecto a la contención del déficit público. Como el Ejecutivo de Sánchez no consideraba posible ni necesario ese considerable esfuerzo de contención del déficit, negoció en Bruselas llevar su cuantía al 1,8% del PIB en 2019. Pero los datos ya conocidos indican con claridad que no tendremos un déficit del 1,8% en 2019. El Banco de España, a la vista del rechazo parlamentario a los Presupuestos de este año y la prórroga de los de 2018, advierte que, de seguirse la política de gasto de las últimas semanas mediante los que se han denominado viernes sociales, probablemente el déficit no bajará del 2,5% del PIB en 2019. La diferencia entre un posible déficit del 1,3% del PIB, que era la estimación inicial, a otro del 2,5% de esa magnitud es considerable y puede poner en grave riesgo los equilibrios macroeconómicos en que el Banco ha basado sus previsiones de crecimiento del PIB para los próximos años.

Segundo aviso del supervisor, que va a estar muy condicionado por lo que ocurra en las elecciones generales del próximo 28 de abril. Algunos pensamos que, según sea el Gobierno resultante de las mismas, el déficit público podría situarse en 2019 incluso por encima del 2,7% de 2018. Sin duda, un déficit de esa magnitud coadyuvaría de algún modo a sostener el crecimiento del PIB durante este año, gracias al mayor consumo público y a las inyecciones de recursos destinadas al consumo privado que se derivan de los viernes sociales y de los compromisos que se terminen adquiriendo en los debates de la campaña electoral, aunque ese impulso fiscal no haga que nuestra producción crezca más allá de las proximidades del 2% del PIB y que ese comportamiento añadirá plomo a las expectativas empresariales.

Todas esas circunstancias pondrían en gravísimo riesgo el potencial de nuestra economía y reducirían aún más las cortas previsiones de crecimiento que se estiman hoy para 2020 y 2021. Añádase a ese peligroso panorama la desaceleración que viene observándose en la creación de empleo durante los últimos meses, que probablemente no sea ajena a la considerable alza del salario mínimo promulgada por este Gobierno, decisión tomada de espaldas a muchas opiniones solventes.

El tercer aviso del Banco de España se refiere al grado de vulnerabilidad actual de nuestra economía. Posiblemente el nivel del endeudamiento público, que roza en estos momentos el peligroso límite del 100% del PIB (98,3% en el tercer trimestre de 2018) constituya el mejor indicador de esa vulnerabilidad frente a los mercados exteriores de financiación. Especialmente si se tiene en cuenta que cuando en 2007 se inició la crisis anterior nuestra deuda pública equivalía sólo al 35,5% del PIB y que, pese a ello, la prima de riesgo de esa deuda llegó a situarse en valores próximos a los siete puntos porcentuales. Mal precedente si una nueva crisis nos encontrase con un endeudamiento público próximo al 100% del PIB, como ocurre ahora, e incluso con mayores niveles de endeudamiento si se arrincona aún más la desagradecida y criticada política de reducción del déficit público. Pero la vulnerabilidad de nuestra economía no sólo deriva de la falta de consolidación presupuestaria y del correspondiente aumento del endeudamiento público. Se genera también por el olvido de importantes reformas que hubiesen favorecido un funcionamiento más eficiente de los principales mercados de productos y factores.

EL GOBIERNO anterior perdió una buena ocasión de hacer nuestro sistema fiscal mucho más eficiente, enredado en la intricada maraña de los intereses sectoriales y con preocupaciones muy cortas por la eficiencia, pues ese valor ha sido poco conocido de siempre en nuestra administración pública y también se ha valorado poco para la formación de sus administradores. No sólo la reforma fiscal sino otras muchas se han pospuesto en los últimos años por la falta de apoyo de las fuerzas políticas a quienes pretendían materializarlas y eso nos ha hecho bastante más vulnerables a cualquier situación de desaceleración económica o de crisis abierta. Precisamente en esos hechos encuentra fundamento el tercer aviso del Banco de España.

Sus tres avisos –crecimiento en desaceleración evidente, consolidación presupuestaria en peligro no desdeñable y vulnerabilidad de nuestra economía ante cualquier coyuntura adversa– señalan pautas precisas para las políticas económicas necesarias en los próximos tiempos. Sin embargo, es bien conocido también que en épocas electorales cualquier política que pueda afectar negativamente, aunque sea de lejos y mínimamente, a la atractiva imagen de un Estado protector a cualquier precio, como se defiende machaconamente por la demagogia al uso, corre un riesgo muy cierto de empujar al desastre electoral a quienes se atrevan siquiera a enunciar esas políticas. Quizá por eso sea de más valor aún que organismos con la capacidad, profesionalidad e independencia del Banco de España no deserten de la ingrata tarea de avisar ante los posibles desastres que nos acechan. Aunque sea en tono de gran moderación, exquisita prudencia y midiendo bien las palabras que se utilicen, como corresponde a su altísima posición institucional.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.